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ES #MÉXICO LÍDER EN SECUESTROS

México, D.F.-

(El Universal) México fue considerado el país con mayor número de secuestros en 2013 por el ranking mundial de control Risks, seguido por India y Nigeria, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al presentar el “Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática”, el ONC informó que América Latina concentra el 23% de secuestro a nivel mundial, de entre los países latinos con mayores índices son México, Venezuela, Colombia, Guatemala, Brasil.

Según datos del Análisis, Reynosa, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Morelia y Villahermosa son las metrópolis que más registraron este delito en 2013, de acuerdo a estadísticas proporcionales.

De enero a abril 2014 se contabilizaron 683 víctimas de secuestro, el 22% fueron secuestradas en Tamaulipas.
Los integrantes del ONC alertaron que las modalidades de plagio han evolucionado a tal grado que se ha adecuado a las dinámicas sociales. Así como las edades de los que cometen secuestro oscilan entre los 18 y 29 años.

“El objetivo de esta investigación es describir la evolución del secuestro como una problemática social y de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que brinde a los lectores un panorama amplio, preciso y enriquecedor”.

El contenido de este documento está estructurado en seis apartados: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas y conceptuales de los delitos de privación ilegal de la libertad, las modalidades del secuestro, la estructura organizacional de una banda de secuestradores, un análisis comparativo de este delito en América Latina, una clasificación de las consecuencias que se derivan de la comisión del secuestro, entre otros.

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“Nuestras hijas están muertas”: madres de desaparecidas en #SLP

La inconmovible actitud de un enfermo de soberbia:

El gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, calificó como “grotesca” la protesta realizada por madres de menores desaparecidas en contra de la coordinadora estatal de Alerta Ámber, Cristina Hurtado Barrera, luego de recibir un reconocimiento por su trabajo.

El pasado viernes 25, el cabildo realizó una sesión solemne a puerta cerrada para galardonar a Hurtado Barrera. El alcalde Santiago Ledezma Cano fungió como anfitrión y entre los invitados y testigos de honor estaba Toranzo Fernández y algunos de sus más cercanos colaboradores, entre ellos los titulares de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del estado.

En la sesión solemne irrumpió un grupo de madres cuyas hijas desaparecieron y reclamaron que desde 2010 los propósitos de Alerta Ámber –establecer mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave a su integridad por motivo de desaparición— no se cumplieron en el caso de sus hijas.

Desde ese año, cuatro niñas y una joven mujer desaparecieron y fueron asesinadas en el municipio de Tamuín, ubicado en la Huasteca Potosina.

Las madres de tres de ellas supieron a inicios de este mes sobre la localización de los cuerpos de sus hijas quienes fueron víctimas de Filiberto Hernández Martínez un feminicida, quien fue detenido, tras meses de investigación realizada –dijeron—por  ellas mismas.

Hernández Martínez secuestraba a las pequeñas, abusaba de ellas y finalmente las privaba de la vida.

Graciela Pérez, quien desde agosto de 2012 denunció la desaparición de su hija de 13 años, y tres jóvenes más en la carretera Valles-Mante, también irrumpió en la sesión solemne y junto con las otras madres, reclamó al gobernador la entrega de un galardón a Hurtado Barrera, quien –denunciaron– se desempeñó como directora de la Policía Ministerial del estado cuando iniciaron las desapariciones en Tamuín, San Luis Potosí.

Las madres calificaron como “un circo y una burla para la memoria de sus niñas y para el sufrimiento de las familias” el galardón.

“¿Qué festejan si nuestras hijas están muertas?” preguntaban en voz alta en la sesión a la que el secretario de Seguridad, Joel Melgar Arredondo  y algunos elementos trataron de impedirles el paso a pesar de que estaban invitadas.

La señora Graciela Pérez reprochó el nulo apoyo por parte de las instancias oficiales en la búsqueda de los desaparecidos ya que en su caso –denunció– no hicieron nada. Las mismas autoridades municipales le dijeron que fuera con los militares, porque en el Ministerio Público “no buscaban personas”.

Su hija Milynali regresaba a casa con sus tres primos y su tío –hermano de Graciela– el 14 de agosto de 2012, en una camioneta color arena GMC Sierra Denali, modelo 2008.  Estaban a dos horas de llegar a Tamuín, San Luis Potosí, municipio vecino de Tamaulipas, pero a la altura de Ciudad Mante el vehículo desapareció.

Tras la irrupción en la sesión solemne, el gobernador de San Luis Potosí ofreció una conferencia de prensa improvisada en la que criticó la forma como se manifestaron las madres.

“No se vale tampoco descalificar la tarea de la manera tan grotesca como lo hacen”, dijo.

#SALTILLO CIUDAD DE TORTURA

Rosa Esther
HORIZONTE CIUDADANO.

Por: Rosa Esther Beltrán Enriquez.

Invoquemos a Perogrullo. Según la ley, la Policía Preventiva Municipal de Saltillo (PPMS), “trabaja para salvaguardar la seguridad pública”, pero resulta que ese organismo tiene por costumbre golpear, robar, violar…, en fin, infringir gravemente los derechos humanos de las personas en tránsito, con delitos como tortura física, psicológica y sexual, tratos crueles inhumanos y degradantes, privación ilegal de la libertad y falseamiento en declaración, entre otros.

El año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió tres recomendaciones al Presidente Municipal de Saltillo: La 08/2012 al acreditarse la falsa acusación y detención arbitraria de un joven. La 20/2012 al acreditarse que el “GROMS” allanó un domicilio bajo el supuesto de buscar droga pero, una vez dentro, robaron las pertenencias de la víctima, y la 24/2012 por lesiones e incomunicación provocando alteraciones a una persona, la cual detuvieron sin razón alguna.

El alcalde Jericó Abramo Masso no ha atendido las recomendaciones de la CDHEC, parece que no le interesa, pero tampoco ha recibido a las organizaciones que le solicitaron audiencia. Frontera con Justicia informa que de las 30 personas torturadas, 20 fueron puestas a disposición de la autoridad, 10 salieron en libertad por falta de elementos probatorios (puestos a disposición del INM) y 10 se han declarado culpables por recomendación del abogado particular asumiendo la crisis del sistema de justicia mexicano.

La situación de violaciones y tratos degradantes continuó. Apenas hace una semana se presentaron tres nuevos casos de detenciones arbitrarias y tortura por parte de PPMS, y esta semana dos grupos de migrantes fueron asaltados por esa corporación en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.

Lo que queda claro es que los y las migrantes corren peligro de ser torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en su tránsito o estancia en Saltillo, y de ser privados de la libertad bajo siembra de pruebas y confesiones arrancadas con tortura pero, además, que el Presidente Municipal no se ocupa de estas denuncias, y a la CDHEC nadie le hace caso.

La impunidad en los tres órdenes de gobierno, que permite la perpetuación de la tortura cómo práctica sistemática y violatoria de los derechos humanos, obedece a un patrón de entrenamiento y formación para la violación de los derechos humanos. Para esos policías lo normal es torturar. Son formas que aprenden en sus labores cotidianas de “vigilancia y protección” de los pobladores. Es una práctica ya cotidiana, torturan como parte de su trabajo para “investigar”, para obtener más información, por placer y venganza, y para lograr una confesión. Los policías son educados para ser rudos, bruscos, ásperos e insensible, ese es su perfil.

Por supuesto que los mandos superiores sistemáticamente niegan los hechos de tortura; no obstante, es evidente que éstos están ahí y son contrarios a los derechos humanos, además de constituir una actuación ilegal de las autoridades. Lo menos que se puede exigir es la reparación del daño a las víctimas.

Los esfuerzos de las autoridades por erradicar la tortura por parte de policías generalmente son nulos o han quedado sólo en buenas intenciones y en el papel. La Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila, en el Artículo 4° establece que: “A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 12 años, de 50 a 500 días de multa e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta”.
Además, el Artículo 10° de la citada Ley señala: “El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos: Pérdida de la vida. Alteración de la salud. Pérdida de la libertad. Pérdida de ingresos económicos. Incapacidad laboral. Pérdida o el daño a la propiedad. Menoscabo de la reputación”.

Señor Alcalde, ¿no le parece que ya es hora de cumplir con le ley? Los migrantes no pueden seguir siendo carne de cañón de sus policías, a los que les pagamos los ciudadanos para que garanticen nuestra seguridad y no para que infrinjan la ley.