HORIZONTE CIUDADANO.
Por: Rosa Esther Beltrán Enriquez.
Invoquemos a Perogrullo. Según la ley, la Policía Preventiva Municipal de Saltillo (PPMS), “trabaja para salvaguardar la seguridad pública”, pero resulta que ese organismo tiene por costumbre golpear, robar, violar…, en fin, infringir gravemente los derechos humanos de las personas en tránsito, con delitos como tortura física, psicológica y sexual, tratos crueles inhumanos y degradantes, privación ilegal de la libertad y falseamiento en declaración, entre otros.
El año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió tres recomendaciones al Presidente Municipal de Saltillo: La 08/2012 al acreditarse la falsa acusación y detención arbitraria de un joven. La 20/2012 al acreditarse que el “GROMS” allanó un domicilio bajo el supuesto de buscar droga pero, una vez dentro, robaron las pertenencias de la víctima, y la 24/2012 por lesiones e incomunicación provocando alteraciones a una persona, la cual detuvieron sin razón alguna.
El alcalde Jericó Abramo Masso no ha atendido las recomendaciones de la CDHEC, parece que no le interesa, pero tampoco ha recibido a las organizaciones que le solicitaron audiencia. Frontera con Justicia informa que de las 30 personas torturadas, 20 fueron puestas a disposición de la autoridad, 10 salieron en libertad por falta de elementos probatorios (puestos a disposición del INM) y 10 se han declarado culpables por recomendación del abogado particular asumiendo la crisis del sistema de justicia mexicano.
La situación de violaciones y tratos degradantes continuó. Apenas hace una semana se presentaron tres nuevos casos de detenciones arbitrarias y tortura por parte de PPMS, y esta semana dos grupos de migrantes fueron asaltados por esa corporación en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.
Lo que queda claro es que los y las migrantes corren peligro de ser torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en su tránsito o estancia en Saltillo, y de ser privados de la libertad bajo siembra de pruebas y confesiones arrancadas con tortura pero, además, que el Presidente Municipal no se ocupa de estas denuncias, y a la CDHEC nadie le hace caso.
La impunidad en los tres órdenes de gobierno, que permite la perpetuación de la tortura cómo práctica sistemática y violatoria de los derechos humanos, obedece a un patrón de entrenamiento y formación para la violación de los derechos humanos. Para esos policías lo normal es torturar. Son formas que aprenden en sus labores cotidianas de “vigilancia y protección” de los pobladores. Es una práctica ya cotidiana, torturan como parte de su trabajo para “investigar”, para obtener más información, por placer y venganza, y para lograr una confesión. Los policías son educados para ser rudos, bruscos, ásperos e insensible, ese es su perfil.
Por supuesto que los mandos superiores sistemáticamente niegan los hechos de tortura; no obstante, es evidente que éstos están ahí y son contrarios a los derechos humanos, además de constituir una actuación ilegal de las autoridades. Lo menos que se puede exigir es la reparación del daño a las víctimas.
Los esfuerzos de las autoridades por erradicar la tortura por parte de policías generalmente son nulos o han quedado sólo en buenas intenciones y en el papel. La Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila, en el Artículo 4° establece que: “A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 12 años, de 50 a 500 días de multa e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta”.
Además, el Artículo 10° de la citada Ley señala: “El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos: Pérdida de la vida. Alteración de la salud. Pérdida de la libertad. Pérdida de ingresos económicos. Incapacidad laboral. Pérdida o el daño a la propiedad. Menoscabo de la reputación”.
Señor Alcalde, ¿no le parece que ya es hora de cumplir con le ley? Los migrantes no pueden seguir siendo carne de cañón de sus policías, a los que les pagamos los ciudadanos para que garanticen nuestra seguridad y no para que infrinjan la ley.
NOTI-COAHUILA 