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NO HAY PRUEBAS DE MUERTE DEL SEÑOR DE LOS CIELOS: PGR

Como respuesta a una solicitud de información, la dependencia dijo que no existen pruebas periciales ni de ADN por las cuales se puedan conocer públicamente las causas.

La causa de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez, seguirá siendo un misterio. A 17 años de su fallecimiento, la Procuraduría General de la República (PGR)  asegura que no existen pruebas periciales ni de ADN por las cuales se pueda conocer públicamente la causa.

Siete áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciadas o investigaciones que fuesen abiertas en contra de quien fuera el líder del Cártel de Juárez.

A través de una solicitud de información, la PGR detalla que la única información con que cuenta la dependencia sobre Amado Carrillo son dos boletines de prensa que narran rumores sobre su muerte y dos más que detallan las investigaciones y los resultados con los cuales el ministerio público confirmó su deceso.

A 17 años de que fuese declarada la muerte de Amado Carrillo Fuentes se le solicitó a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo, médula, miocardio, bazo y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997, así como también los resultados de la identidad del ADN del entonces líder del Cártel de Juárez.

Asimismo se le pidió a la PGR las conclusiones de los peritos médicos (patólogo forense y cirujano plástico reconstructor) adscritos al Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que afirmaron que “El Señor de los Cielos” falleció a consecuencia de depresión de los centros respiratorios por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico.

La PGR turno la solicitud a las áreas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y de Amparo, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) así como a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la dependencia, quienes “después de haber realizado búsqueda exhaustiva y minuciosa de la solicitud” concluyeron que “no se localizó registro alguno respecto de la información requerida”.

De igual forma se solicitó a la PGR que se dieran a conocer todas las averiguaciones previas que había contra Amado Carrillo así como las investigaciones iniciadas. La dependencia aseguró que son inexistentes.

“No se omite señalar, que la inexistencia de la información antes descrita, fue sometida a consideración del Comité de información de dicha institución, el cual en su Quincuagésima Sesión Ordinaria determinó confirmar la inexistencia de la información solicitada”.

La muerte de Amado Carrillo

Según reportes de la PGR, Amado Carrillo murió el 5 de julio de 1997. Fue la funeraria García López la encargada de trasladar el cuerpo a Sinaloa, pero el certificado de defunción salió a nombre de Antonio Flores Montes. Se sabe que a sus 41 años de edad, “El Señor de los Cielos” se sometía a constantes cambios de fisonomía mediante cirugías plásticas.

Tras un rumor, la PGR decidió investigar e informar en un comunicado que: “En virtud de la existencia de diversas órdenes de aprehensión giradas en contra de Amado Carrillo Fuentes, la Procuraduría General de la República está obligada a corroborar por todos los medios legales a su alcance la identidad del cadáver y su correspondencia con la del presunto responsable”.

Una semana después, lo último que informó la PGR sobre el caso fue que continuaba “con las investigaciones para determinar si la administración de ese medicamento (Dormicum), que causó la muerte de Amado Carrillo Fuentes, fue en forma intencional o se debió a una situación de imprudencia, impericia o falta de conocimientos adecuados de las personas encargadas de su control médico, y proceder en consecuencia conforme a derecho”.

El caso del narco muerto que revivió y volvió a morir

En marzo pasado, las autoridades federales informaron que había muerto en un enfrentamiento Nazario Moreno González, alias ‘El Chayo’, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, pero este hombre ya había sido dado por muerto por las mismas autoridades federales el 10 de diciembre del 2013.

En ese momento no se presentó el cadáver y los habitantes de Michoacán aseguraban que seguía vivo.

 

(Con información de: Animal Político)

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ES #MÉXICO LÍDER EN SECUESTROS

México, D.F.-

(El Universal) México fue considerado el país con mayor número de secuestros en 2013 por el ranking mundial de control Risks, seguido por India y Nigeria, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al presentar el “Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática”, el ONC informó que América Latina concentra el 23% de secuestro a nivel mundial, de entre los países latinos con mayores índices son México, Venezuela, Colombia, Guatemala, Brasil.

Según datos del Análisis, Reynosa, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Morelia y Villahermosa son las metrópolis que más registraron este delito en 2013, de acuerdo a estadísticas proporcionales.

De enero a abril 2014 se contabilizaron 683 víctimas de secuestro, el 22% fueron secuestradas en Tamaulipas.
Los integrantes del ONC alertaron que las modalidades de plagio han evolucionado a tal grado que se ha adecuado a las dinámicas sociales. Así como las edades de los que cometen secuestro oscilan entre los 18 y 29 años.

“El objetivo de esta investigación es describir la evolución del secuestro como una problemática social y de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que brinde a los lectores un panorama amplio, preciso y enriquecedor”.

El contenido de este documento está estructurado en seis apartados: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas y conceptuales de los delitos de privación ilegal de la libertad, las modalidades del secuestro, la estructura organizacional de una banda de secuestradores, un análisis comparativo de este delito en América Latina, una clasificación de las consecuencias que se derivan de la comisión del secuestro, entre otros.

22 mil 322 personas no localizadas en #México

Durante una conferencia de la PGR se informó que tras depurar las listas de personas no localizadas en coordinación con las entidades federativas, actualmente se trabaja en el hallazgo de 23 mil 322 personas.

México, D.F. (PGR) Durante una conferencia de la Procuraduría General de la República (PGR), se informó que tras depurar las listas de personas no localizadas en coordinación con las entidades federativas, se trabaja en el hallazgo de 23 mil 322 personas.

La subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, Mariana Benítez, refirió que la actual administración federal recibió con corte al 30 de noviembre de 2012, un total de, 26 mil 121 registros de personas no localizadas. Posteriormente, luego de la actualización acordada con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, dicha cifra se llegó a incrementar hasta 29 mil 707 personas no localizadas.

La funcionaria afirmó que “como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada”, se reportó que al 31 de julio de 2014 se han localizado 17 mil 175 personas de esa lista, de las cuales 16 mil 274 se encontraron con vida.

De esta forma, aún continúan las acciones de búsqueda de 12 mil 532 personas de esa primera lista con registros originados en la administración anterior.

Sin embargo, en lo que se refiere a los registros ingresados a partir del 1º de diciembre de 2012, con corte al 31 de julio de 2014, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas han reportado a esa fecha, la localización de 13 mil 444 personas, de las cuales 12 mil 821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento.

Por lo tanto, se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790 personas no localizadas en este sexenio.

Sumando las dos cifras anteriores, las personas no localizadas sobre las cuales se presentó una denuncia entre la administración anterior y la actual, totalizan 22 mil 322.

 

Las personas consideradas no localizadas son todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero, luego de un reporte hecho ante la autoridad a través de una denuncia presentada ante la misma.

“Se puede desconocer el paradero de una persona por diversas causas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes: la ausencia voluntaria, la ausencia por problemas domésticos, la privación ilegal de la libertad, la migración dentro del territorio nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, el fallecimiento, o bien, por ser víctima de algún otro delito”, afirmó Benítez.

Las cifras anteriores corresponden con la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que puede consultarse en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El RNPED muestra una sola base con los datos del total de personas no localizadas correspondientes a ambos periodos, integrada por la PGR a partir de la información que proporcionan las procuradurías de Justicia y fiscalías de las entidades federativas. En él se pueden consultar los datos de personas no localizadas por sexo, edad, nacionalidad, etnia, señas particulares, condición de discapacidad, así como por entidad federativa y la fecha o lugar en que se registró la desaparición.

Por protección de datos personales y según lo dispuesto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la consulta de registros no despliega información como el nombre y domicilio.

La integración de la base de datos se inició a partir del año 2011, fecha del referido acuerdo suscrito en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformada con la información proporcionada por las procuradurías y fiscalías locales.

Benítez afirmó que esta base de datos mantiene una dinámica de actualización y depuración permanente y activa. Además agregó que la base no había sido depurada ni actualizada desde su conformación.

Anunció también que se avanza en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente que incluye, entre otras, las siguientes acciones:

Primero, la implementación por parte de la PGR del software Ante mortem – Post mortem derivado de un convenio suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto para la recopilación de información útil de personas no localizadas sobre sus datos, características y señas particulares que nos permitan su localización con vida como para la recopilación de información forense de personas fallecidas sin identificar, a fin de vincular la información que nos permita su localización e identificación.

A la fecha, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal están en proceso de implementación de dicho software y próximamente otros estados se sumarán a este esfuerzo.

Segundo, el establecimiento de una Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas la cual está conformada al día de hoy por 160 funcionarios.

Tercero, la creación de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y de unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, las cuales tienen, entre sus funciones, localizar el paradero de las personas que estamos buscando prioritariamente con vida, conducir las investigaciones ministeriales para determinar la existencia de posibles delitos, así como brindar atención y protección a los familiares de las personas no localizadas.

Cuarto, el impulso de acciones de fortalecimiento de las capacidades periciales de los servicios médicos forenses de todo el país. Destaca el despliegue de 95 laboratorios móviles de la PGR que sirven de apoyo a las fiscalías y procuradurías locales en estas tareas de investigación.

Quinto, fortalecimiento de mecanismos de búsqueda ya existentes como el programa de Alerta Amber para la localización de niñas, niños y adolescentes; ello a través de convenios como el que se suscribió con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) a fin de sumar a sus afiliados en la difusión de la alerta, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que faciliten que la ciudadanía solicite la activación de la alerta, la creación del sitio web oficial y la transmisión en redes sociales.

Sexto, se trabaja en el diseño de un dispositivo de búsqueda urgente para la localización de personas cuyo paradero se desconoce, así como en la creación de un Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas No localizadas, el cual se espera tener aprobado por las procuradurías y fiscalías del país en un breve plazo.

Séptimo, la realización de esquemas de capacitación para ministerios públicos, agentes de investigación y peritos en materia de investigación de delitos así como en las tareas para la búsqueda y localización de personas cuyo paradero se desconoce. En esta labor se continúa trabajando con las universidades del país para suscribir convenios a fin de que éstas coadyuven en la profesionalización de dichos funcionarios.

También, se ha capacitado al personal que conforma los grupos de trabajo de todas las fiscalías y procuradurías del país encargados de actualizar y depurar las bases de datos locales.

Octavo, la celebración de audiencias y reuniones con familiares de las personas no localizadas a fin de informar de manera continua y periódica los avances en las investigaciones iniciadas en la PGR y en otras instancias de procuración de justicia.

(Con información de: Animal Político : Paris Martínez (@paris_martinez) y Daniela Rea (@danielarea) / Edición de video: Francesc Messeguer (@elmesseguer) / Diseño: Mariana Hernández (@mariana1hdzc)

#SALTILLO: AMENAZA MORTAL DE FALSO PERIODISTA

Negro comienza a tornarse el panorama electoral en Coahuila, y es que aunque la noticia de pronto parece extraña porque se supone que los periodistas son las víctimas generalmente de la delincuencia y el maltrato oficial, al parecer hay quienes se disfrazan de periodistas para cometer tropelías en contra de la sociedad y de verdaderos profesionales del periodismo.

Gerardo Rico, protegido del priísmo coahuilense y en especial de los Moreira, amenaza a prestador de servicios de NCS Noticias en Saltillo, Coahuila con enviarlo golpear y asesinar.

En las imágenes podemos apreciar el ataque directo a través de mensaje escrito.

El ofendido ya acudió ya interponer su respectiva denuncia ante las autoridades competentes.

Noti Coahuila.

Extorsionistas, detrás de ataque a los Oxxo: gobierno federal

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El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, negó que los ataques registrados el pasado domingo 19 contra siete tiendas Oxxo, en Hidalgo y Estado de México, sea resultado del “efecto cucaracha” provocado por la entrada de las fuerzas federales a Michoacán, pues la forma de operar de los delincuentes, dijo, es diferente.

“La forma de operar de lo que vimos en estos días no me parece que responda al estilo con el que han trabajado los cuerpos delincuenciales en Michoacán.

“Me parecería que es muy rápido, muy reactivo, como para considerarlo así. Mi impresión es de que lo que querían era intimidar en la región para después tratar de cobrar algún tipo de extorsión”, puntualizó el funcionario a Milenio.

Rubido García afirmó que a la fecha el gobierno no cuenta con datos sobre el desplazamiento de Los Caballeros Templarios a otros estados o al extranjero, luego de asumir el control de la seguridad en 27 municipios michoacanos, en particular la región de Tierra Caliente.

La víspera, autoridades policiacas y ministeriales de Hidalgo y el Estado de México atribuyeron el ataque a tiendas Oxxo al “efecto cucaracha” originado por la salida de Michoacán de los líderes de Los Caballeros Templarios.

“Las investigaciones apuntan la posible participación de delincuencia organizada, ya que se utilizaron armas largas en los asaltos, además de un posible efecto cucaracha por el caso Michoacán”, explicó ayer el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Alfredo Ahedo.

Sin embargo, el gobierno hidalguense emitió más tarde un comunicado en el que señaló que se trata de “grupos armados no identificados”.

Los ataques a siete establecimientos propiedad del grupo regiomontano Femsa ocurrieron de manera simultánea entre las 21:00 y 22:00 horas en Tizayuca y Tula, en Hidalgo, y en Tecámac, Estado de México, en la carretera que une a estas localidades con el Distrito Federal.

Un día después de esas embestidas, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los gobernadores de los seis estados circunvecinos para establecer un blindaje contra el “efecto cucaracha” de los grupos criminales.

A la reunión no fue convocado el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, pero sí el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en cuya entidad también se registraron ataques.

Los otros representantes de los estados circunvecinos a Michoacán que asistieron al encuentro son: Mario Anguiano Moreno, de Colima; Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero; Aristóteles Sandoval, de Jalisco; Miguel Márquez, de Guanajuato, y José Eduardo Calzada, de Querétaro.

En dicha reunión, Osorio Chong planteó a los gobernadores “revisar y acordar el blindaje en sus respectivas entidades, ante los eventuales efectos que pudieran tener las acciones de seguridad que se llevan a cabo en territorio michoacano”.

EMPLAZAMIENTO DE LA PGR POR MEGA DEUDA

Rosa Esther

HORIZONTE CIUDADANO

Por: Rosa Esther Beltrán Enriquez

La PGR ha emplazado para que, en 90 días se presenten argumentos contra el aseguramiento de 23 cuentas bancarias o, de lo contrario, causarán abandono en favor del erario federal. Son las cuentas que dejó el multimillonario enriquecido con los recursos del erario coahuilense, el presidiario 12507 prófugo, Javier Villarreal Hernández, actor principal, aunque no único, del escándalo de la megadeuda estatal.
Las cuentas a las que hace referencia la PGR son 24; no obstante, es cómico que esa dependencia, ahora sí, decida ejercer acción legal, cuando las cuentas que pretende asegurar tienen entre 5 mil y 220 mil pesos, sumadas. El dinero no llega a un millón de pesos, una bagatela comparada con lo defraudado por el presidiario 12507 y sus cómplices, responsables de falsificar decretos del Congreso estatal para obtener financiamiento bancario por 3 mil millones de pesos.
El dinero que la PGR aseguraría no alcanza ni para los chuchulucos del juez. Es una burla más de la dizque justicia mexicana. Los aseguramientos, que incluyen cuatro tarjetas de crédito, fueron decretados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR como parte de dos averiguaciones previas por el delito de tentativa de fraude a instituciones bancarias para la obtención de créditos.
El prófugo 12507, según el Gobierno de Estados Unidos, se apropió de 35 millones de dólares del erario y los utilizó para comprar propiedades y abrir cuentas bancarias en el extranjero.
La PGR señala que, debido a que no ha localizado a los exfuncionarios, notificó el acuerdo de aseguramiento, aunque se ignora el monto total que pasaría al erario en caso de abandono. Vea, a Villarreal Hernández le aseguraron 200 mil 697 pesos en Banca Afirme y a Sergio Ricardo Fuentes Flores le ubicaron cinco cuentas y dos tarjetas de crédito, y el saldo reportado en tres de las cuentas asciende a 295 mil pesos, ¡qué barbaridad, qué dineral dejaron!
Si se recuerda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en febrero pasado una demanda para incautar 2.7 millones de dólares que el prófugo 12507 depositó en un banco de las Bermudas, y detectó que el exfuncionario realizó además operaciones por 35 millones de dólares entre 2009 y 2011.
Senadores del PAN, impulsados por Luis Fernando Salazar, de Coahuila, decidieron tomar el caso de la megadeuda y el Senado autorizó 50 mil dólares para financiar el litigio, a fin de recuperar las cuentas millonarias del prófugo 12507 aseguradas en Estados Unidos. El dinero se destinaría para cubrir gastos del despacho de abogados, viáticos y trámites requeridos para dar seguimiento al recurso legal, con el que podrían recuperar entre 32 y 22 millones de dólares –en cuentas bancarias y propiedades– con la finalidad de regresarlo a las arcas del Gobierno de Coahuila.
El entonces coordinador de la bancada panista del Senado, Ernesto Cordero, confirmó que su fracción decidió apoyar las acciones legales en Estados Unidos para tratar de resarcir en algo el daño provocado durante la gestión de Humberto Moreira. Conociendo las recientes argucias de las que se valió Cordero para distribuir millones de pesos entre su fracción partidista, habría que preguntarle a Salazar en qué van las negociaciones y cómo han gastado esa “pizquita” de dolarucos, porque para derrochar se pintan solos, pero para rendir cuentas se escabullen a más no poder.
En su momento (febrero de 2013) Ernesto Cordero exigió que las autoridades federales mantuvieran vigentes las indagatorias y sancionaran a los funcionarios involucrados. Cabría preguntar a Cordero por qué, siendo él Secretario de Hacienda, fue omiso en investigar el caso. Dicen los enterados que Felipe Calderón impidió que “hicieran olas”, porque él también traía mucha cola que le pisaran. ¡Ah, la trasparencia! Le huyen, la desprecian, la pisotean, ¿por qué será?