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DENUNCIAN LEVANTÓN DE CUÑADO DE #MIRELES

(Proceso) El pasado martes 9, presuntos templarios “levantaron” a Juan Carlos Marín, cuñado del exdirigente de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, recluido desde junio pasado en el penal federal de Hermosillo, Sonora.

Lo anterior fue revelado a Noticias MVS por Talía Vázquez, la abogada de Mireles, quien refirió que los criminales llegaron hasta el domicilio de la hermana del médico cirujano, Patricia Mireles, en el municipio de Agostitlán, y se llevaron a Marín.

Según su relato, los secuestradores se identificaron como templarios y le exigieron a Patricia cinco millones de pesos por la liberación de su esposo.

Además, detalló que la familia de Juan Carlos Marín denunció el secuestro la semana pasada, pero evitó difundirlo para preservar la vida de la víctima. Incluso, comentó que el gobernador Salvador Jara supo del caso.

La abogada comentó que también al enterarse del suceso dudó en hacerlo del conocimiento de Mireles por su delicado estado de salud que lo mantiene en el hospital dentro del penal.

Sin embargo, un par de días después decidió darle la noticia y Mireles le exigió difundir la noticia.

Talía Vázquez reveló que esta es la tercera vez que ‘levantan’ a Juan Carlos Marín.

El secuestro del cuñado de Mireles sucedió un día después de que los templarios desafiaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al anunciar su inminente regreso a Michoacán, con más fuerza que antes.

Sobre la situación jurídica de Mireles, la litigante comentó que el próximo miércoles 17 vence el plazo legal para definir la situación jurídica de su cliente.

De no ser así, dijo que promoverán un amparo solicitando su liberación inmediata.

También, dijo, se espera que el mismo día se resuelva la situación de los guardaespaldas del médico cirujano –Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas—también acusados del presunto delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército.

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FUERA DE #SONORA DELEGADOS FEDERALES: GOBERNADOR

(SinEmbargoMX) El Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, expulsó hoy a los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Comité Estatal de Protección Civil que investiga el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. El hecho es inédito. ¿justicia o política?

No se tiene referencia de que un Jefe del Ejecutivo estatal haya expulsado a los representantes del gobierno federal de una entidad de orden local.

El mandatario estatal los acusó de atacarlo políticamente por este caso, que es considerado el peor desastre de la industria minera en México, e incluso de retardar las investigaciones, a 34 días de que la mina propiedad del Grupo México arrojará más de 40 millones de litros de tóxicos al medio ambiente.

También dijo que los representantes del gobierno federal sabían desde antes del 6 de agosto de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, y por “omisión o encubrimiento” no actuaron para evitar el desastre ecológico en el río Sonora. Desde ahora, dijo, los delegados de esas dependencias, “ya no serán aceptados en las reuniones del Comité de Atención a Emergencias”, que cada semana analiza la emergencia en el río Sonora. En conferencia de prensa, el panista Padrés Elías exigió, además, la renuncia del titular federal de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, por lo que consideró “un serio problema de negligencia”.

Los funcionarios federales expulsados del Comité Estatal de Protección Civil en Sonora son César Lagarda Lagarda, de la Conagua; Jorge Carlos Flores Monge, de la Profepa, y Jorge Andrés Suilo Orozco de la Semarnat. El Gobernador dijo que estos personajes “no son bienvenidos en Sonora” y solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, los retire de sus cargos, ya que, afirmó, “no son interlocutores válidos con su administración”. ADVERTENCIA CUMPLIDA Antes, Padrés dijo que solicitaría sanción y despido de los delegados federales que “no atendieron a tiempo el derrame de tóxicos en los ríos sonorenses”. “Exigimos pues que se le cumpla, repare el daño que se le ha hecho a los más de 23 mil habitantes de la cuenca del Río Sonora que están pasando por momentos muy difíciles”, dijo en conferencia de prensa citada por diarios locales. “En segundo término, después de mencionar mi enérgico llamado de que se traiga a cuentas a los delegados que omitieron hacer su trabajo, también solicitar como lo haremos en el transcurso del día por escrito a la federación, que se nos habilite los recursos necesarios para poderle hacer frente a este problema en tanto Grupo México responde puntualmente por el daño que ha hecho”, agregó Padrés. Durante la tarde de este martes, el Gobernador Guillermo Padrés reiteró su señalamiento contra los delegados federales.

“Como Gobernador de Sonora, no considero válidos a representantes de PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT, por su negligencia ante desastre minero”, escribió en Twitter. Ayer, el mandatario sonorense, ante los cuestionamientos que delegados federales le hicieron a raíz de la información difundida de su rancho, evadió el tema y en su lugar culpó a la Federación de dejar sola a su administración ante la tragedia ambiental por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi. Denunció: “No vemos la presencia del Gobierno federal ahí ayudando para minimizar el problema de los daños de los productores”. “Cada día escala más el daño que está haciendo, y no vemos esa respuesta que llegue el gobierno federal a ayudarnos, la verdad es que sí veo esto muy grave y no vemos las medidas conducentes para poder decir qué están haciendo para que no vuelva a suceder esto en nuestro país”, agregó Padrés.

SE AMPARAN CIUDADANOS EN CONTRA DE CAMPAÑA DEL INFORME DE #EPN

Fundar, Centro de Análisis e Investigación y un grupo de 12 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada que realiza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

La organización civil destaca en un comunicado que “la promoción personalizada está prohibida por la Constitución en el Artículo 134, pero la ausencia de regulación permite abusos”. Por esa razón hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica, además de que interpusieron el recurso legal para pedir la suspensión de la publicidad con promoción personalizada del Presidente Peña Nieto por ser “violatoria del derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático”.

Los firmantes que acompañan la iniciativa de Fundar son Sergio Aguayo, Carlos Brito, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jesús Cantú, Virgilio Caballero, Omar Rábago, Margarita Torres, Darío Ramírez, Beatriz Solís y Clara Jusidman.

Desde el pasado 25 de agosto y de cara al próximo 1 de septiembre –cuando el mandatario federal entregará al Congreso su Segundo Informe de Gobierno–, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución.

EXIGEN A #EPN Y #VIDEGARAY BEBEDEROS EN LAS ESCUELAS

México, D.F. 

(Sin EmbargoMX) Integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria se manifestaron frente al Palacio Nacional con la instalación de un bebedero y utilizando máscaras del Presidente Enrique Peña Nieto y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para exigirles que se asigne presupuesto para la instalación de bebederos en escuelas.

De acuerdo con un comunicado, la organización asegura que la acción es en demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que asigne una partida específica en el presupuesto para 2015, lo equivalente a una cuarta parte de lo recaudado este año por el impuesto a bebidas azucaradas, para la instalación de bebederos en las escuelas del país.

La Alianza criticó que el impuesto a refrescos y comida chatarra fuera presentado como una medida fiscal para combatir la obesidad y la diabetes, además que en la política federal de salud, se estableció garantizar el acceso al agua de calidad para beber a niños de las escuelas. “Estamos exigiendo que en el proyecto de presupuesto se establezca una partida específica para la instalación de los bebederos y dispensarios de agua con sus sistemas de purificación en todas las escuelas del país y no dentro de un monto global para la infraestructura en las escuelas que será manejado a discreción por los Consejos Escolares de Participación Ciudadana”, aseguró Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor.

Asimismo aseguró que corresponde al Estado garantizar el derecho de los niños de acceder a agua de calidad cuando están en las escuelas.

Por otra parte, Luis Manuel Encarnación de la Fundación Mídete, aseguró que el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas recaudará más de 4 mil millones de pesos y explicó que es deber de la Secretaría de Hacienda el incrementar el presupuesto de programas de prevención contra la obesidad como es el acceso a agua. “Es por esto que solicitamos al Presidente, Enrique Peña Nieto y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, demuestren su compromiso por la salud de los niños mexicanos e incluyan una partida específica para bebederos dentro del paquete fiscal que presentarán el próximo 8 de septiembre”, denunció Manuel Encarnación.

Nathalie Seguin de la Red de Acción por el Agua en México dijo que el órgano encargado de coordinar que se instalen bebederos en el Distrito Federal y entidades es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

La Alianza por la Salud Alimentaria expresó que espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla con lo acordado en el decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto y asigne todos los recursos económicos necesarios para la instalación de bebederos en escuelas y sus fuentes de abastecimiento, con el fin de beneficiar la salud de niñas y niños a través de agua potable.

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ONU PRESIONA A LEGISLADORES PARA LEY DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA

México, D.F. (Proceso)

Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a legisladores federales y locales a emitir una ley general de declaración de ausencia para desaparecidos, similar a las decretadas en los estados de Coahuila y Querétaro las cuales favorecen a los familiares de las víctimas en la realización de trámites patrimoniales y civiles.

Durante el Foro de Discusión sobre la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, Alan García Campos y Santiago Corcuera Cabezut, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, respectivamente, coincidieron en que ante la “crisis humanitaria” derivada de la guerra contra el narcotráfico, lanzada con Felipe Calderón y continuada con Enrique Peña Nieto, es urgente atender los problemas de índole económico y patrimonial por la ausencia de personas que son el sustento de sus familias.

Los representantes de la ONU resaltaron que la figura jurídica de “ausencia por  desaparición” ha sido aplicada en países donde las dictaduras militares heredaron miles de desaparecidos, figura que ha permitido a familias de víctimas exigir justicia de forma digna.

En nombre de la OACNUDH, García Campos hizo un reconocimiento a los Congresos de Coahuila y Querétaro para legislar en materia de ausencia por desaparición e hizo un “llamado respetuoso al Congreso de la Unión y al resto de las entidades federativas para que legislen en la  materia y a la brevedad se cuente en todo el ámbito nacional con una legislación semejante”.

Las legislaciones sobre “declaración de ausencia por desaparición” respeta los derechos jurídicos del desaparecido así como a sus familias de acceder a beneficios laborales y patrimoniales de la víctima en tanto no sea localizada, declaración que debe ser emitida por un juez a petición de los familiares de la víctima con base en investigaciones judiciales abiertas para su localización.

En el foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) García Campos insistió en que “lo que se necesita es una ley general que deberían integrar la multidimensionalidad de la desaparición,  lamentablemente en el espacio público se ha hecho exponer como si la ley solamente se redujera a un objeto y a un propósito de establecer lo relativo a prestaciones laborales;  ciertamente habrá supuestos en que no todas las personas se verían identificadas pero creo que en esa lógica lo menos que podemos hacer es mantener un sentido de solidaridad con quienes sí”.

El especialista de la ONU, Santiago Cabezut recordó que el primer país en el que se legisló la presunción de ausencia por desaparición fue Argentina, ejercicio emulado por Chile y Perú, por lo que “México llega tarde al reconocimiento de los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familiares, primero con la Ley General de Víctimas que refiere la obligación de las legislaturas locales legislar sobre la declaración de ausencia por desaparición, por tratarse de un tema de índole patrimonial y por tanto del orden civil”.

Luego de que el plaza fijado por la LGV para las legislaciones locales venció en abril pasado, Corcuera Cabezut apuntó que hasta ahora sólo Coahuila y Querétaro han impulsado esas leyes gracias a las organizaciones de familiares de víctimas con la orientación de personal la OACNUDH. En el caso de Coahuila la ley se decretó en mayo y en Querétaro en febrero.

Asesor en la confección de las leyes existentes, al término de su participación, en entrevista Santiago Corcuera resaltó que esas legislaciones “no se refieren únicamente a la desaparición forzada (atribuida a agentes del Estado) sino a la declaración de ausencia por desaparición posiblemente ocasionada por particulares o sea agentes delincuenciales”.

El académico de la Universidad Iberoamericana reconoció que hasta ahora las leyes sobre declaración de ausencia por desaparición se han topado con las “objeciones por parte de agentes particulares que dicen que ellos por qué han de tener que pagar el costo de la desaparición por ejemplo los empleadores que van a tener que seguir pagando un salario, o tener que suspender los efectos del crédito, aseguradoras que tienen que pagar el monto del seguro sin que tengan un acta de defunción.

El experto de la ONU atribuyó a la “holgazanería” de los legisladores locales la falta de legislaciones locales sobre este tema. “Los legisladores locales tienen que sacar sus respectivas leyes de declaración de ausencia, con 14 ó 15 artículos bastan, esto no es la gran complicación, además ahí están los ejemplos de Coahuila y de Querétaro, la oficina de ONU para brindar asesoría, si no lo han hecho es por holgazanería”.

Yolanda Morán de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) llamó al gobierno federal a crear mecanismos que den respuesta a la “tragedia humanitaria” que significa la desaparición de personas.

“Así como hay recursos y estrategias para dar respuesta a las víctima de desastres naturales, como el Plan DN-III, así debe crearse un plan de ayuda para el desastre que ha significado el combate al crimen organizado durante al menos los últimos cinco años”, dijo la activista y madre de un joven desaparecido en 2009 en Torreón, Coahuila.

Morán sugirió la creación de una Ley General de Desaparecidos que procure la protección integral de víctimas y sus familias, y reconoció la labor de la oficina de la ONU para asesorar en la creación de las legislaciones sobre presunción de desaparición también en Nuevo León.

CON RETIRO DEL FUERO DE GUERRA AUMENTARÁ DELITOS CONTRA CIVILES

ADVIERTE JUAN VELÁSQUEZ


* En la FUL 2014, el jurista advirtió que la alta impunidad de los tribunales civiles será incentivo para que el Ejército se convierta en una banda de salvajes armados


Pachuca de Soto, Hgo., a 25 de agosto de 2014

“Con el retiro del fuero de guerra no vamos a alcanzar nuestro objetivo y vamos a minar a las fuerzas armadas”, afirmó el legista Juan Velásquez durante la conferencia magistral que impartió en el marco de la Feria Universitaria del Libro, FUL 2014, donde cuestionó a los asistentes acerca de las repercusiones de dejar a las fuerzas armadas con una disciplina laxa, ante un organismo de seguridad pública altamente ineficiente.

El abogado recordó que en los tribunales civiles la impunidad es del 98% contra sólo 2% de delitos castigados, mientras que en los tribunales militares la impunidad es sólo de 5% contra 95% de delitos sancionados con castigos ejemplares.

En la feria literaria organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Velásquez explicó que la alta impunidad de los tribunales civiles será incentivo para que el Ejército se convierta en una banda de salvajes armados, y si actualmente ya existen denuncias acerca de torturas, violaciones y ejecuciones, donde elementos de las fuerzas armadas están implicados, la posibilidad de que esta situación ocurra se elevará ante un mayor margen de impunidad.

La seguridad pública mexicana ocupa los últimos lugares a nivel mundial, la policía aparece entre las 10 más ineficientes del mundo y la segunda más corrupta, explico el licenciado en Derecho y para fortalecer su argumento precisó que el 50% de las órdenes de aprehensión se rechazan a causa de fallas en la construcción del proceso; más de 800 mil casos se encuentran rezagados; 65% de los procesados son absueltos por fallas institucionales.

En el pabellón Josefina García Quintanar de la Ciudad del Conocimiento, el doctor honoris causa por parte de la UAEH, consideró que el Fuero de Guerra es más una garantía para los civiles que un privilegio para los militares, pues a diferencia del fuero que reciben los representantes de instituciones gubernamentales, el fuero militar no representa inmunidad, sino únicamente hace referencia al tipo de tribunal donde deberá realizarse el proceso.

Por otra parte, el abogado también subrayó que la salida del Ejército de sus cuarteles fue una acción obligada y constitucionalmente correcta, en tanto que a causa de la violencia que enfrenta el territorio nacional y la ineficiencia del aparato de seguridad pública se podría hablar de un caso de un problema de seguridad interior y estaba en riesgo la gobernabilidad.

“Los secuestros en México crecieron 500% y hoy es el país número 1 en este delito; los homicidios aumentaron 96%; se han cometido más de 70 mil homicidios, más que los muertos en Irak y Afganistán; los cárteles de la droga dominan 5 estados; 73% de los municipios están infiltrados por la delincuencia; 50 presidentes municipales fueron ejecutados; México es tercer lugar en el mundo en desplazamientos forzosos, sólo después de Colombia y Siria; millones de delitos que se cometen en México que tendrían que ser castigados por las instituciones de seguridad pública” precisó Juan Velásquez para trazar el panorama que calificó como macroviolencia.

Tras explicar que México bajo a la posición 96 entre 177 países en el índice de gobernabilidad, el académico insistió en que la delincuencia pone en peligro la estabilidad de las instituciones de gobierno y por ello, la intervención del Ejército era una acción obligada por las circunstancias.

No obstante, indicó que las funciones de los aparatos de seguridad pública y las del Ejército son diametralmente opuestas, mientras los primeros deben especializarse en labores de investigación y aplicación de la ley, los segundos son capacitados para combatir y terminar con un enemigo “sin fuero de guerra, sin tribunales militares, sin disciplina, los militares se vuelven bandas armadas y quedamos a sus expensas” reiteró.

Finalmente, Juan Velásquez recordó que de las recomendaciones emitidas anualmente por la CNDH sólo el 1.5% fueron destinadas al Ejército; esta institución cuenta con alto prestigio aún entre la población civil y que la forma en que opera actualmente el Fuero de Guerra, obliga a los soldados a pasar por dos tribunales, el militar y el civil.

 

*Boletín de Prensa.

CASTILLO VIOLA LEYES Y AMENAZA A ABOGADOS DE #AUTODEFENSAS

Después de que cinco abogados enviados por el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, tomaran los casos de 35 autodefensas presos del municipio de Aquila, los defensores que llevaron casos como el de Alberto Patishtán, dejaron la entidad con un “mal sabor de boca”.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, dijo a SinEmbargo que el grupo de defensores que envió Castillo Cervantes ingresó como si nada al penal de Mil Cumbres, violando los procedimientos del Centro de Readaptación Social (Cereso) y logrando convencer a los civiles encarcelados de revocarles el derecho de llevar el caso. “Nosotros ya terminamos aquí. Ya logramos la libertad de los tres líderes y acordamos con la comunidad que ya terminó nuestra labor. Se quedan en la cárcel más de 30 autodefensas que creyeron en las promesas de los abogados enviados por Castillo”, acusó Rivero Rodríguez.

Hace dos meses un grupo de abogados ingresaron al penal y no sólo se entrevistaron con cada uno de los presos, sino que los reunieron a todos en una habitación para que pudieran ofrecerles la alternativa que el gobierno federal les ofrecía: quedar libres en 15 días, si revocaban el derecho a representarlos a los defensores de Defensa Estratégica. “Ellos violaron la ley, dijeron que iban de parte de Castillo, todos los abogados sabemos que no se puede entrar. Si no eres el defensor y si tienes a seis defendidos, los ves uno por uno, no reunidos a todos, como lo hicieron”, denunció el abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos .

A pesar de la promesa que los defensores hicieron a los autodefensas de Aquila de sacarlos en 15 días, después de dos meses siguen presos y sus antiguos abogados ya se fueron de Michoacán. Leonel Rivero aseguró que Alfredo Castillo los quería fuera de los casos y fuera del estado, porque ellos sacarían a la luz todas las fallas del gobierno federal al momento de procesar a los acusados. “Intuimos que a Castillo y al gobierno federal, no les convenía que estuviéramos ahí, porque podíamos invocar otras fuerzas. Yo creo que por el hecho de que éramos un elemento externo al contexto de Michoacán. Tenemos casos precedentes, somos conocidos, trabajamos con otro tipo de estrategia, como Atenco, Patishtán, entonces, para Castillo y el gobierno éramos incómodos”, dijo.

Rivero explicó que como defensores públicos pusieron sobre la mesa de la discusión las violaciones al debido proceso en las que incurrió el Estado cuando las autodefensas fueron acusados de portación de armas de uso reservado al Ejército y secuestro. “Concluimos el trabajo de la causa penal de los dirigentes, la resolución llegó el 7 de julio y dimos por terminada de manera bilateral con la comunidad, los procesos con la comunidad”.

El abogado insistió en que la situación de Michoacán es complicada: “nos vamos satisfechos por haber cumplido profesionalmente, pero con mal sabor de boca por no haber terminado de sacar a todos. Yo no culparía a la gente que no revocó, les creyeron a ellos, estos abogados que siempre dijeron que iban de parte de Castillo, le prometieron que los iban a sacar y no lo hicieron, ellos querían su libertad”. Leonel Rivero y su hijo Augusto César Sandino Rivero, trabajaron el Michoacán 11 meses y realizaron más de  50 viajes entre Morelia y Veracruz.

LOS ABOGADOS INCÓMODOS

Los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos fueron víctimas en marzo de este año, mientras llevaban el proceso de las autodefensas de Aquila y otros casos, de allanamiento de morada.

La vivienda ubicada en Chiapas, que funge también como despacho, fue allanada justo frente a la Casa de Gobierno donde habita Manuel Velasco Coello, Gobernador de esa entidad. Los abogados Leonel Rivero Rodríguez y Sandino Rivero, padre e hijo, conocidos por llevar el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, denunciaron a través de Amnistía Internacional (AI) que desde el año pasado eran hostigados y amenazados a través de llamadas telefónicas. “No se llevaron nada, pero dejaron evidencia de que ahí estuvieron: dejaron las luces de la cocina encendidas y las puertas abiertas. Nuestra casa que usamos como despacho, está ubicada frente a la residencia del Gobernador de Chiapas. No entendemos cómo se metieron, la Casa de Gobierno ocupa toda una manzana, hay caseta de vigilancia, hay guardias de seguridad y nosotros creímos que por vivir donde vivimos estaríamos más seguros”, dijo Augusto César Sandino Rivero en esa ocasión.

Después del allanamiento de morada, los abogados se acercaron a Amnistía Internacional y se acogieron al Mecanismo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Amnistía inmediatamente lanzó una alerta e hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, a tomar cartas en el asunto y brindar protección inmediata a los abogados. Sin embargo, ningún funcionario de ambas dependencias llamó a  Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero para ofrecer apoyo y mucho menos para iniciar una investigación sobre su caso.

Amnistía informó en un comunicado que el 17 de enero de Leonel Rivero recibió una llamada de un desconocido. “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo”, le dijo el desconocido a Rivero. La organización también señaló que en varias ocasiones que el abogado recibió mensajes en su buzón de voz con “grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina”. Sandino Rivero dijo que desconoce cuál de los casos que trabajan en su despacho, es la causa de las amenazas y hostigamiento que reciben desde el año pasado.

Los abogados llevan casos a organizaciones de Chiapas, el de los dos desaparecidos desde 2007 del  Ejército Popular Revolucionario (EPR), llevaban el de las autodefensas de Aquila, Michoacán y el de unos maestros acusados de secuestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Leonel Rivero indicó que desde hace unos meses cambiaron su lugar de residencia en Chiapas y aseguró que no han recibido nuevas amenazas. “Ya nos cambiamos, estábamos a 50 metros de la casa del Gobernador. Lo hicimos por cuestiones logísticas”, dijo.

Aprueban que se investigue a Robles por discriminación.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiguen a la Secretaria de Desarrollo Social, (Sedesol), Rosario Robles Berlanga por haber incurrido en probables actos discriminatorios.

De acuerdo con el documento propuesto por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo Gurza, tanto el Conapred como la CNDH debe investigar los posibles actos discriminatorios y en su caso, emitir recomendaciones o medidas preventivas a fin de erradicar prácticas discriminatorias en la asignación de apoyos en programas de apoyo social implementados por el gobierno federal.

El pasado 30 de abril, Rosario Robles dijo en un evento público de Nayarit:

“Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando diez por cinco. No. Eso ya se acabó porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna”.

Y no terminó su discurso ahí. También dijo que las familias indígenas ven en la procreación una forma para que se ingrese más dinero al hogar.

“Les estamos solicitando que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres hijos en toda su vida y no más”.

Luego de esas declaraciones, ayer, Diputados federales del PAN interpusieron una denuncia ante el Conapred, por decir que el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos.

En respuesta, Rosario Robles dijo que sus palabras fueron exageradas, asegurando que este programa federal no limita la cobertura a las madres mexicanas, sino que apoya con becas sólo hasta tres hijos. 

“Es una manera de interpretar, de manera exagerada, una declaración que hice en Nayarit y que probablemente no fue lo más precisa”.

También dijo que a ninguna mujer indígena se le ha quitado, ni se le quitará el programa Oportunidades.

“Las mujeres indígenas tienen todos los derechos, toda la garantía de participación en el programa Oportunidades”.

Sin embargo, el punto de acuerdo presentado este día por la bancada del PAN, fue aprobado de manera unánime para que se investiguen los señalamientos de la titular de Sedesol.

La Senadora Mariana Gómez dijo “los programas sociales no pueden convertirse en dádivas y mucho menos para ser instrumentos que fomenten el estancamiento social”, y por eso, indicó, es tan importante que siempre estén vinculados a una constante evaluación para conocer su efectividad y a incentivos para la superación de los beneficiarios.

La panista dijo que Rosario Robles olvidó que su principal tarea precisamente es no generar distinciones, sino lograr que la sociedad cada día sea más igualitaria. “¿Cómo podemos confiar en su compromiso y en que cumplirá sus metas si en el discurso manifiesta un espíritu completamente distinto al que debería abanderar? Es increíble que la encargada de planear, coordinar y ejecutar los programas sociales en nuestro país emita pronunciamientos presumiblemente de carácter discriminatorio, como el efectuado durante un evento de carácter oficial el 30 de abril en Los Encinos, Nayarit”, cuestionó.

En su intervención, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández consideró que las expresiones de Robles son violatorias a los derechos humanos de los posibles beneficiarios del Programa Oportunidades que “tengan muchos hijos”.

Explicó la panista que sus palabras violentan el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Rojas Hernandez sostuvo que lo expresado por la titular de la Sedesol representa la manipulación de un programa social federal, que no tiene en su naturaleza, mucho menos en su ejecución, ninguna intencionalidad de planificación familiar.

“Condicionar los beneficios de Oportunidades a mujeres con varios hijos, afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país como lo son las mujeres indígenas, que sin el acceso al programa se encontrarían en situaciones de pobreza alimentaria y los problemas que ésta conlleva, justo como los que este Programa social busca abatir”.

¿Por qué no debatir?, última pregunta de Cuarón a Peña.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón lanzó una última pregunta al presidente Enrique Peña Nieto sobre las reformas  energética y petrolera.

En una carta abierta, publicada este 5 de mayo en diezpreguntas.com, el cineasta agradece al Presidente “su pronta respuesta” a las diez preguntas que le formuló sobre las reformas energética y petrolera y le lanza un último cuestionamiento: “¿Por qué no debatir?”.

En la misiva, Cuarón señala que las respuestas del Presidente abren  la oportunidad de que se realice un debate plural y abierto sobre las reformas, y le plantea realizar “tres debates en televisión abierta, en horario prime y cobertura amplia.”

El cineasta señala que los debates deben ser “comprensibles, eficaces, ágiles, con reglas de debate modernas, en los que esté prohibido leer a los participantes, y en los que, por supuesto, la participación de los miembros de su equipo sería imprescindible y la suya muy saludable.”

En los debates, abunda el cineasta, se incluirían “ puntos de vista en favor y en contra, y en los que participen expertos en los diversos temas relevantes (económicos, jurídicos, técnicos, medio ambientales, sociales), representantes de los partidos, así como voces independientes de reconocida solvencia intelectual y moral interesadas en el tema.”

Cuarón también critica que los medios de comunicación hayan  ignorado las voces contrarias y críticas a la reforma, “principalmente la televisión, jugaron un papel pobre negándose a promover y alentar un debate público, evitando las voces críticas y limitándose a reproducir la narrativa oficial“, señala.

El ganador del Óscar tuvo un encuentro con la prensa, el 30 de abril,  dos días después de haber expresado su preocupación por el destino del país y su deseo de disipar dudas sobre la reforma energética, impulsada por Peña Nieto, a través de una carta abierta publicada en el sitio diezpreguntas.com.

Cuarón inquirió, por ejemplo, cuándo bajarán los precios del gas, la gasolina y la energía eléctrica, qué medidas se tomarán para proteger al medio ambiente y cómo se evitará la corrupción en el sector una vez que se implemente la reforma, que el director califica en su carta como la más profunda y trascendente en décadas en el país.

“Yo expresé lo que consideraba necesario expresar, corresponde ahora al público, a los medios, al presidente y al Congreso darle seguimiento si lo creen relevante”, señaló entonces Cuarón.

El mismo día, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, respondieron dos de las diez preguntas que hizo el cineasta, pero el director de Gravedad dijo desconocer la reacción de las autoridades pues iba regresando a México de un viaje.

La tarde del 30 de abril el gobierno federal publicó sus respuestas a las diez preguntas que el cineasta hiciera al presidente Peña Nieto.

 

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Oleada de críticas a las declaraciones “superficiales” de Robles contra indígenas.

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En ninguna parte el programa Oportunidades condiciona la ayuda, dice investigadora.

El programa Oportunidades continúa violando los derechos humanos de las mujeres indígenas a decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que quieran tener o no, y su asistencialismo es cada vez más autoritario, aseveró Martha Sánchez Néstor, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

Ello, en respuesta al anuncio de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de que familias indígenas con más de tres hijos ya no tendrán apoyo de ese programa, ya que la procreación “se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar”.

Otros representantes comunitarios y de organizaciones sociales criticaron la postura de Robles Berlanga y sus declaraciones “superficiales y ­desafortunadas”.

Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), advirtió que el gobierno federal priísta “reincide en la imposición de programas de control de la natalidad que violentan y desconocen la cultura de las comunidades indígenas y específicamente los derechos de las mujeres”.

¿Dónde queda el derecho a decidir de las mujeres?, se preguntó la dirigente amuzga guerrerense Sánchez Néstor, señalando que es más preocupante que ese programa Oportunidades. Alertó sobre el riesgo de que el gobierno mexicano regrese a épocas en que las administraciones priístas impusieron programas de esterilización masiva y de implantación del diafragma intrauterino (DIU) a las indígenas sin su consentimiento e incluso sin informarlas.

Con ello coincidió Beas, quien consideró que la posición de Robles Berlanga “es la de una política urbana que desconoce la concepción indígena y rural de la familia, donde el mayor número de hijos es una forma de apoyar en el trabajo del campo y, por tanto, en el sustento de la familia, pero también una forma de compensar la alta mortalidad infantil” que se padece.

Igualmente, Alejandra Ancheita, directora de la organización Prodesc, consideró que las declaraciones de Robles Berlanga son una “total falta de respeto” a los derechos reproductivos de las mujeres de los pueblos originarios, además de un acto discriminatorio que podría estar basado únicamente en las opiniones personales de dicha funcionaria.

Para Ancheita, además de una declaración “superficial y desafortunada”, los señalamientos de Robles dejan ver que la servidora pública está tomando sus propias opiniones como si fueran la política oficial del gobierno, lo cual obliga a la Sedesol a explicar cuáles son las bases para afirmar que las familias indígenas con más de tres hijos ya no pueden ser beneficiarias de programas sociales.

En el mismo sentido, Daniela Díaz, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que luego de revisar las reglas de operación de Oportunidades, no encontró ningún apartado donde se hablara del número de hijos de una solicitante como elemento para aceptarla o rechazarla.

“Es una especie de declaración no argumentada, muy subjetiva. En ninguna parte del programa nacional México sin hambre 2014-2018, publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se menciona nada de eso”, añadió la especialista en temas presupuestales.

La Sedesol “debería ser sensible y cuidadosa con estos temas, y está sumamente fuera de lugar que diga esto, un día después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que 53 por ciento los niños y adolescentes pasan hambre”, recalcó.

El programa Sin Hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto –promovido mediante la Sedesol– “no resuelve nada, ni el hambre ni la miseria que viven millones de habitantes del país”, afirmaron maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ayer en Zacatecas.

Los maestros Magdaleno Toledo, Jorge Gallegos y Laurentino Díaz, en nombre de sus compañeros de la sección 22, criticaron la postura de Rosario Robles de condicionar la entrega de subsidios a los indígenas del país que tengan más de tres hijos.

(Con información de Alfredo Valadez R., Corresponsal de La Jornada).