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#SICILIA: MÉXICO ESTÁ ENFERMO

México está enfermo, grave. La violencia lo ha gangrenado y lo ha llenado de tumores y convulsiones. Hemos definido a esa enfermedad terminal como “emergencia nacional” y “tragedia humanitaria”. Los gobiernos que han surgido a partir de la administración de Enrique Peña Nieto han intentado, sin embargo, minimizarla con toda suerte de discursos y diagnósticos. Han creído que hablando menos de la enfermedad –borrándola de la prensa hasta donde pueden cambiando la percepción–, enfrentándola con toda suerte de estrategias, igual de violentas que las de la pasada administración, pueden no sólo controlarla, sino administrarla. La respuesta del cuerpo social ha sido, no obstante, la del agravamiento.

Morelos, donde vivo, es un claro ejemplo de ello. Desde la administración priista de Jorge Carrillo Olea (1994), hasta las panistas de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) y de Marco Antonio Adame (2006-2012), esa enfermedad se enquistó en el cuerpo de Morelos y creció de manera descomunal. La llegada en 2013 del gobierno perredista de Graco Ramírez generó, en una buena parte de la sociedad, la esperanza de que finalmente se atacaría la enfermedad y nos sanaríamos.

No es posible decir que el gobierno de la Nueva Visión, como se autonombró, no haya hecho nada al respecto. A diferencia de sus antecesores asumió, como lo ha hecho la administración federal, la responsabilidad del Estado en la violencia que vivimos, creó la Ley de Víctimas de Morelos, ha construido un mando único para intentar romper los vínculos que las policías y algunos presidentes municipales han tejido con el crimen organizado, y ha generado una enorme cantidad de foros sobre derechos humanos, seguridad y paz. Sin embargo, ni esas acciones ni el control que, a la vieja usanza priista, ha ejercido en la prensa mediante fuertes sumas de dinero para silenciar el horror y la crítica –el porfiriato acuñó un término imprescindible: “maiciar”– ni los discursos triunfalistas, con cifras maquilladas, han logrado controlarla. La enfermedad ha avanzado sensiblemente.

Según el Inegi, la cifra total de delitos en todo el país –homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos– pasó de 40 mil 767 en 2011 –el año más violento de la administración de Felipe Calderón– a 136 mil 378 en 2013, con una cifra negra superior a 280 mil delitos. Si nos concentramos en Morelos y comparamos los dos primeros años de gobierno de Marco Antonio Adame (2007 a 2009) –una administración deplorable y atroz– con los dos primeros de Graco Ramírez, las cifras, que tomamos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tornan espeluznantes: Homicidios, Adame: 9.34 y 11.82 –la tasa nacional fue de 6.54 y 7.70 por 100 mil habitantes respectivamente–; Graco: 31.85 y 10.44, sólo durante el trimestre de 2014 –la tasa nacional es de 15.53–. Secuestros, Adame: 0.29 –la tasa nacional fue de 0.29 y no hay datos comparativos en el siguiente año–; Graco: 8.00 y 2.06 sólo durante el primer trimestre de 2014 –la tasa nacional es de 1.43–. Extorsiones, Adame: 11.23 y 13.97 –la tasa nacional fue de 2.84 y 4.34–; Graco: 21.34 y 6.27 sólo durante el primer trimestre de 2014 –no hay todavía datos de la tasa nacional–. El Índice de Paz, que elabora el Institute for Economics and Peace y que muestra que en la última década la paz en México se deterioró 27%, coloca en 2013 a Morelos en el lugar 33, es decir, en el último de los estados menos pacíficos de México con una calificación de 4.14 en relación con Campeche, el más pacífico, que califica con 1.47, y la Comisión de Derechos Humanos del estado ha recibido 200 quejas contra el mando único.

Morelos, al igual que el país, está gravemente enfermo, más enfermo que otros estados. La estrategia de Graco Ramírez no está –como no lo está en toda la nación– funcionando. No sólo lo gritan las cifras, sino el cuerpo de cada víctima y de cada ciudadano que es el verdadero cuerpo doliente de Morelos. ¿A qué se debe? A la corrupción, al travestismo discursivo, al silenciamiento de la prensa, a las componendas políticas y económicas, a creer que el cambio de percepción mediático cambia la realidad y que el poder es un asunto de mimetismo, de compra de conciencias y de gestión de capitales. En síntesis, a una crisis civilizatoria que día con día se expresa en un Estado que, nacido de la Ilustración, ha envejecido, se ha corrompido y se desmorona irremediablemente. Graco Ramírez –si aún tiene lucidez– intentará cambiar el rumbo o sus adversarios políticos, que no han demostrado ser mejores que él, lo derribarán –la soberbia, por lo general, es imbécil–. Pero en uno y otro escenario nada cambiará. Por el contrario, la enfermedad continuará su espantosa marcha que se mide en el crecimiento de la violencia y en la acumulación de víctimas.

El cambio, por lo mismo, no vendrá ya ni del gobierno ni de la clase política. En una crisis civilizatoria como la que vivimos las estructuras políticas se vuelven contraproducentes y, como lo revelan los datos, generadoras de violencia. Vendrá, como sucede en esta crisis, de abajo, de las periferias, de la reserva moral de la gente que comprende que la vida social no está en el poder ni en el dinero ni en la competencia, sino en las relaciones de solidaridad y de soporte mutuo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los zapatistas y atenquenses presos, hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales.

*El autor:

Javier Sicilia Zardain.- es un activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios impresos como la Jornada y Proceso.

MONOPOLIO DE #TELEVISA A LA ALZA

Bastaron tres párrafos para que los trabajadores de Cablecom, la tercera compañía de televisión por cable, se enteraran de que Grupo Televisa había absorbido a esa empresa vía fast track.

No hubo necesidad de que el organismo regulador de las telecomunicaciones autorizara la operación, que convierte a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en el monopolio de la tv de paga, con 62% del control del mercado.

El comunicado que le llegó a algunos trabajadores del área de supervisión de Cablecom decía lo siguiente:

“Estimados colegas: Tengo el agrado de comunicarles que a partir del día de hoy, Grupo Cablecom se incorpora a Televisa, la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana y uno de los actores más importantes en el negocio del entretenimiento y las telecomunicaciones.

“Como lo ha hecho Cablecom en sus 50 años de vida, continuaremos ofreciendo a nuestros abonados y clientes corporativos un servicio de alta calidad con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos servicios.

“En términos operativos, seguimos trabajando de la misma forma como lo hemos realizado hasta el día de hoy, bajo mi dirección y potenciando las fortalezas de ambas empresas”.

La operación para absorber Cablecom inició dos años atrás.

Grupo Televisa adquirió 49% de las acciones y tenía pendiente una opción de compra de 51% restante de la compañía, en manos de Tenedora Ares.

La operación se confirmó un día después de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Gracias al artículo 9 transitorio del ordenamiento –negociado con el PRD, PRI y PAN y la conserjería jurídica de Los Pinos–, Televisa no necesita la autorización del Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT) porque es una operación de menos de 20% del “sector”.

Cablecom presta servicios de triple play en 16 entidades, con 1.2 millones de abonados, de los cuales 70% son servicios de televisión por cable.

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Jenaro Villamil: periodista y escritor mexicano, especializado en política y medios de comunicación masiva.

VIOLENTO ALCALDE DE ALLENDE, COAHUILA.

Un grupo de ciudadanos denuncia en redes sociales la hostilidad, negligencia y prepotencia del alcalde priísta de Allende, Coahuila, Luís Reynaldo Tapia Valadez, de quien también se sospecha tiene fuertes nexos con la delincuencia organizada, ya que se afirma en realidad él no ganó la elección interna, sino que su candidatura fue resultado de la presión que la delincuencia organizada realizó sobre el PRI.

Este señor además es propietario de una cadena de Casas de Empeño por varias ciudades del estado de Coahuila, y curiosamente el color de su cadena es el amarillo, pues bien, a raíz de esta obsesión por el amarillo usufructuado posiblemente como método mercadotécnico o publicitario en sus negocios, el también apodado “Papis” está pintando edificios y monumentos públicos de la ciudad de Allende del mismo color de su negocio, ya que presume que la ciudad le pertenece.

Su violencia llega a tal extremo, que hace días amenazó a la sexta Regidora del Ayuntamiento de Allende, Leonor Minerva Beltrán Martínez, curiosamente integrante del mismo partido que el sujeto, a quien ya denunció ante la autoridad competente por amenazas tanto a su género como persona y a su investidura como Regidora.

La misma Regidora manifiesta que no es la primera vez que tiene que padecer de la ira de Tapia Valadez, mismo que grita sin ton ni son tanto a regidores como directores de área e inclusive, les amenaza con una levantona.

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Peña Nieto alista IVA a alimentos y medicinas

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El Gobierno de México propondrá cobrar el Impuesto al ValorAgregado a rubros sensibles como alimentos y medicina.

México, D.F.- El Gobierno de México propondrá cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a rubros sensibles como alimentos y medicinas, una medida impopular que se sumaría a un alza de tributos a los más ricos en una reforma fiscal dirigida a elevar la débil recaudación en la segunda economía de América Latina.

Fuentes vinculadas con la iniciativa, que el presidente Enrique Peña Nieto prevé presentar en septiembre, dijeron a la agencia de noticias Reuters, que el objetivo es elevar los ingresos tributarios en unos 50,000 millones de dólares o 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

La reforma, que el Gobierno considera clave para impulsar la economía, incluiría extender el IVA del 16 por ciento a los alimentos –sobre todo los procesados– y a las medicinas, dejando exenta una canasta de productos básicos como frijol, tortilla o huevos, y medicinas de uso frecuente, dijeron las fuentes.

México ha discutido durante años si esos productos –actualmente con tasa cero– deben ser gravados con el IVA, el segundo impuesto que más recauda y que representa casi una tercera parte de lo que el Estado obtiene por tributos.

Especialistas consideran que esa es una vía expedita y segura para elevar la baja recaudación tributaria del país desde el nivel actual cercano a un 10 por ciento del PIB. El Producto Interno Bruto de México fue de 1.18 billones de dólares en 2012.El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llama ahora a aprobar sin tabúes varias reformas económicas clave que en el pasado fueron rechazadas por considerar que afectarían a los sectores más pobres del país de 117 millones de habitantes.

En el pasado, el PRI se opuso a la aplicación del IVA para alimentos y medicinas cuando el ahora exgobernante Partido Acción Nacional (PAN), en el poder durante 12 años hasta noviembre de 2012, lo propuso.

En un esfuerzo para demostrar unidad y consenso en torno a las propuestas de Peña para “modernizar” la economía, el PRI tuvo que cambiar este año varios de sus documentos internos que antes le prohibían expresamente votar a favor del IVA en alimentos y medicinas.  

(Fuente: Agencias)

Comisión Permanente aprueba exhorto para investigar el uso electoral de programas sociales en el estado de Coahuila

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• Buscarán indagar el uso electoral de los Comités de Política Popular y Acción Social, conocidos como COMPPAS, por parte del gobierno de Coahuila.

• Esta acción se suma a la denuncia penal presentada en contra de Rubén Moreira.

El pasado 8 de mayo, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo exhortando “a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados a garantizar unas elecciones libres y auténticas, así como a abrir la investigación correspondiente al caso de los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS), en el estado de Coahuila”, turnada a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Un día después, Mejía Berdeja, acudió a la Procuraduría General de la República a presentar, a nombre de los Diputados de Movimiento Ciudadano, una denuncia penal en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y de quien resultara responsable por delitos electorales, peculado, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos a favor del PRI. La denuncia penal está en curso, y próximamente será ratificada por los diputados de Movimiento Ciudadano.

En seguimiento al Punto de Acuerdo presentado por el legislador, la Comisión Permanente aprobó hoy, exhortar a “la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para darle seguimiento a los procesos electorales del Senado de la República, realicen la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS) en el estado de Coahuila, y en caso de resultar la posible comisión de delitos electorales se informe a la instancia correspondiente.”

“Celebramos que la Comisión Permanente haya aprobado el Punto de Acuerdo que permita abrir la investigación sobre los COMPPAS, sin embargo en Movimiento Ciudadano buscaremos que estas denuncias sean retomadas por la FEPADE que depende de la PGR, al ser el órgano encargado de dar seguimiento a los delitos electorales y hacemos un llamado a que actúe con diligencia, ya que el proceso electoral está en curso y falta un poco más de un mes para las elecciones” indicó el Diputado Mejía Berdeja.

Uno de los argumentos para aprobar dicho exhorto radica en que Diputados y Senadores coincidieron en que los programas sociales no pueden ser utilizados para comprar, coaccionar y manipular el voto, así como que los blindajes electorales “no sólo deben ser una serie de declaraciones de las autoridades y de acuerdos entre las fuerzas políticas. Es importante que las autoridades electorales investiguen y atiendan las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales.” Se debe cumplir con la ley electoral, ésta no está sujeta a acuerdos políticos, enfatizó el promovente.

Por último, Mejía Berdeja, señaló que este es un paso para evitar que los partidos políticos, en este caso el PRI, se vean beneficiados por el uso de los programas sociales y se pretendan manipular los resultados de la elección, pero que no quitarán el dedo del renglón hasta que los responsables sean juzgados por las autoridades correspondientes y la ciudadanía tenga completa confianza en que se hará valer la voluntad popular.

Boletín de Prensa
Palacio Legislativo de San Lázaro

Funcionarios mexicanos involucrados en desapariciones forzadas: AI

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De un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos, documenta en una investigación de la organización Amnistía Internacional. El informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México” revela que la mayor parte de las desapariciones se realizaron en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, en la mayoría de los casos, con la ayuda de autoridades. “La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte lo convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, dice el documento. El informe detalla que la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y por ello, muchos funcionarios públicos colaboran en las desapariciones realizadas por estas bandas criminales. Amnistía expone en su investigación que en el resto de los casos, existe una clara falta de diligencia por parte de las autoridades para localizar a la víctima, investigar las circunstancias de la desaparición o respetar los derechos de los familiares. “A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las situaciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes”, dice el informe. La organización señala en su reporte, que además de los más de 26 mil desaparecidos durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la justicia mexicana arrastra alrededor de 700 desapariciones forzadas ocurridos entre 1960-1980 durante la llamada “guerra sucia” y que siguen sin resolverse. Amnistía dice que al no investigarse los casos de forma eficaz e integra, se transmite a los delincuentes un mensaje de impunidad, donde desaparecer a alguien es fácil.  CUALQUIERA PUEDE DESAPARECER Según la investigación realizada por la organización, en México cualquier persona puede ser víctima de una desaparición forzada. Pueden proceder  de estratos y profesiones diversas  y la mayoría son jóvenes hombres con edades que oscilan entre los 17 y 50 años. “Muchas víctimas recorrían un trayecto habitual cuando fueron obligadas a detenerse por hombres armados o por fuerzas de seguridad en controles. Algunas acababan de salir de casa para ir a una tienda cercana o para visitar a un amigo, pero nunca regresaron. Otras se encontraron con actividades criminales, en las que a veces estaban implicados funcionarios públicos. En ciertos casos, las propias víctimas eran agentes de policía o soldados. En otros, la policía de tránsito las obligó a detenerse por infracciones de tránsito falsas y las entregó a bandas criminales o a otras fuerzas de seguridad”, señala Amnistía. Entre los desaparecidos hay algunas mujeres, personas que visitaban la ciudad por viaje de negocios y hasta personas que fueron secuestradas mientras buscaban a sus familiares o amigos extraviados. La organización también documentó algunos casos de migrantes mexicanos y centroamericanos que desaparecieron mientras intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos. Amnistía dice que en la mayoría de los casos no hay responsables identificados ni detenidos por falta de investigación. “Debido a la casi completa impunidad de que disfrutan los autores de estos crímenes, los motivos que subyacen a las desapariciones no están claros. No obstante, los indicios disponibles apuntan a diversos motivos posibles, entre ellos: rescate, extorsión, robo, error de identidad, ajustes de cuentas entre bandas, represalia por no cooperar con bandas, reclutamiento forzado, trata de personas, interrogatorio de sospechosos, detención de personas con presuntos vínculos con bandas delictivas o para aterrorizar a comunidades para controlar barrios”, dice. Ante la falta de atención de las autoridades, las familias investigan la desaparición de sus familiares, arriesgando su vida. Los parientes que buscan a sus desaparecidos, son víctimas en muchas ocasiones de amenazas de muerte. DOS SENTENCIAS Amnistía indica en su informe que pese a las denuncias e indicios que existen sobre muchos desaparecidos sólo se tienen dos sentencias condenatorias durante el periodo 2006-2012 por la Procuraduría General de la República (PGR). Ambos casos estaban relacionados con delitos ocurridos en 2009 y las condenas se lograron gracias a confesiones. “En las jurisdicciones estatales no ha habido procesamientos ni declaraciones de culpabilidad por desaparición forzada. En su informe de actividades de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que se estaban investigando 2 mil 126 casos de desaparición forzada y de que había recibido quejas de familiares en relación con 565 personas registradas como desaparecidas o no localizadas. La Comisión emitió cinco recomendaciones sobre casos de desaparición forzada en 2012 y tres en 2011. Ninguna ha dado lugar a sentencias condenatorias”, indica el documento. El estudio señala que muchas familias entregan a los investigadores información detallada, teléfono celular de las víctimas, el número de la matrícula, datos bancarios, localización de cámaras importantes de seguridad o datos de posibles testigos, para que se agilice la búsqueda. Sin embargo estos datos ni siquiera han llegado a los expedientes. REPORTE SIMILAR AL DE HUMAN RIGHTS WATCH Los resultados de Amnistía Internacional son similares a los de la asociación civil Human Rights Watch, que en febrero denunció la colusión de autoridades policiacas con bandas del crimen organizado al menos en 60 casos y en 149 la intervención de fuerzas del Estado. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, señaló en esa ocasión que hay pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos en casos de desaparecidos. “Esto es el resultado de una guerra sin controles, el récord de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos se produjo durante el gobierno de Felipe Calderón”, indicó en febrero. El director de la organización humanitaria explicó que México vive una crisis de seguridad que está en manos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que debe combatirse con investigación judicial de cada uno de los casos, no sólo de los documentados por Human Rights, sino de los miles que se estiman. La investigación de la organización se realizó durante un año de trabajo y se tradujo en un informe de 193 páginas donde documenta 250 desapariciones durante el sexenio pasado. En 20 casos perpetuados entre junio y julio por el Ejército, la Marina y Seguridad Pública en Nuevo León y Tamaulipas, por el modus operandi de estas desapariciones se llegó a la conclusión de que pudieron ser planeados y coordinados. También se encontró evidencia de que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvo a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregó al crimen organizado. El común denominador de todos estos casos es la actuación del Agente del Ministerio Público, el cual no inicia una búsqueda de los desaparecidos ni investiga a los posibles responsables. Al igual que el informe de Amnistía, las familias son las que se encargan de realizar las investigaciones de campo, a pesar de poner en riesgo sus vidas. Según lo que Human Rights Watch dio a conocer en febrero, México lidera en Latinoamérica en desapariciones forzadas, pues ni la dictadura militar en Brasil ni la de Chile, Argentina y la Guerra Sucia en México, dejó tantos desaparecidos como el sexenio anterior. La cifra oficial de desaparecidos en Brasil durante la dictadura militar fue de 137 personas, mientras que en Chile con Augusto Pinochet fueron 3,000, en Argentina la cifra ascendió a las 10 mil y durante la Guerra Sucia en México a 500, cantidades rebasadas por mucho durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, dijo José Miguel Vivanco en febrero. “Este fenómeno constituye una de las crisis más grandes de América latina en las últimas décadas, por las cifras, por el número de desaparecidos, por la falta de investigación, por la impunidad local”, dijo.

(Fuente: SINEmbargo.mx)