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EX TESORERO DE #COAHUILA SE DECLARA CULPABLE

(NOTICIAS MVS) Ex tesorero de Moreira se declara culpable de lavado de dinero y de extraerlo del erario público.

Ex tesorero de Moreira se declara culpable de lavado de dinero y desvío de recursos

Javier Villarreal Hernández se entregó hace meses a las autoridades norteamericanase entregó hace meses a las autoridades norteamericanas.

Una información publicada en el periódico San Antonio Express, establece que el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, se declaró este miércoles culpable de los cargos de lavado de dinero y de extraerlo del erario público de la entidad para manejarlo en el comercio exterior, principalmente en inversiones en el estado de Texas.

El ex funcionario que se entregó hace meses a las autoridades norteamericanas, habria confirmado lo que las autoridades mexicanas y coahuilenses se han negado a aceptar, y es que sí hurtó las arcas estatales y participó en actos de corrupción para operar el dinero que le ha sido asegurado por las autoridades federales de Estados Unidos: 2.3 millones de dólares en una cuenta bancaria de las Bermudas y 6.5 millones en cuentas bancarias de Texas.

La publicación en el sitio electrónico del medio de comunicación que en las últimas semanas  ha dado cuenta del proceso que se le sigue a Villarreal Hernández, destaca que las acusaciones  en México están relacionadas con fraude, mientras que en Estados Unidos se le acusa de lavado de dinero que habría sido robado de las arcas de Coahuila y fue manejado en San Antonio, el Valle del Río Grande y el paraíso fiscal de Las Bermudas.

Subraya que de acuerdo con los fiscales que siguen el caso, el ex tesorero  sacó “cientos de millones de dólares en préstamos fraudulentos en los créditos del Estado y aceptó sobornos a cambio de contratos estatales”, luego el dinero que lavado en el sur de Texas.

El mes anterior Villarreal Hernández, cercano colaborador del ex gobernador Humberto Moreria Valdés, cedió 6.5 millones de pesos al condado de Bexar, luego que las autoridades mexicanas no realizaron trámites para recuperarlo, como lo había solicitado el senador panista Luis Fernando Salazar.

La publicación destaca que hay varios coahuilenses que enfrentan cargos en los Estados Unidos relacionados con los delitos que se le siguen al ex tesorero, entre los que se encuentra el ex gobernador interino, Jorge Torres López.

Cabe destacar que apenas el lunes anterior, el procurador Homero Ramos Gloria, afirmó que las publicaciones en dicho medio de comunicación son consideradas como “información”, pero no han provocado que se modifique las lineas de investigación, ya que a nivel estatal no se persigue ni el lavado de dinero y han reiterado que jamás se extrajo el recurso de las arcas estatales.

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EX TESORERO DE #COAHUILA NEGOCIA CON GOBIERNO DE #USA

Amparándose en una figura legal, el ex tesorero de Coahuila podría declararse culpable pero sin aceptar su responsabilidad.

El extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, acordó dar al condado de Bexar, Texas, 6.5 millones de dólares que, según los fiscales, habrían sido robados de las arcas públicas estatales, de acuerdo con información publicada por el diario San Antonio Express News.

Según el rotativo, el exfuncionario también habría señalado en un tribunal federal que está dispuesto a declararse culpable o reconocer los hechos de fraude y lavado de dinero sin aceptar su responsabilidad, de acuerdo con una figura legal.

Héctor Javier Villarreal Hernández, quien dejó el cargo de tesorero en 2011 luego que se dio a conocer que la deuda de Coahuila ascendía a 35 mil millones de pesos, renunció la semana pasada a su derecho a reclamar el dinero que los fiscales del condado habían pedido incautar.

El extesorero, quien se encuentra en una cárcel de San Antonio en espera de juicio por cargos federales, no admitió culpabilidad en el acuerdo.

Sin embargo, el mismo día en que quedó asentada la demanda, Villarreal firmó un acuerdo bajo la “Regla 20” para transferir la acusación de lavado de dinero y fraude de Corpus Christi a San Antonio, donde enfrenta otro cargo de conspiración por lavado de dinero.

Según el diario, estos acuerdos sólo se pueden hacer si el inculpado manifiesta por escrito que está dispuesto a declararse culpable o a reconocer los hechos señalados, sin embargo no está obligado a hacerlo.

Los fiscales federales se negaron a dar declaraciones ayer sobre el caso y el abogado de Villarreal no respondió a las solicitudes para que hiciera comentarios al respecto, de acuerdo con el rotativo.

En el proceso de extinción de dominio de 2012, los fiscales alegaron que Villarreal invirtió en cuentas bancarias de Texas millones de dólares robados de Coahuila a través de préstamos fraudulentos.

El primer asistente fiscal, Cliff Herberg, dijo que los fiscales ajustaron su hipótesis y se cree que el dinero procedía también de sobornos de empresas que recibieron contratos estatales, incluyendo una compañía minera de carbón, fachada del cártel de los Zetas.

 

EL FIN DE LA TESIS DE LAS MANZANAS PODRIDAS

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El mito del buen gobierno de Humberto Moreira en Coahuila se derrumbó hace mucho tiempo. Los millones de pesos públicos utilizados para cultivar a una prensa dócil, para comprar conciencias con contratos y subsidios, y para engrasar una aplanadora electoral fueron finalmente insuficientes para proteger el legado de Humberto Moreira en la historia política local. La interminable lista de preguntas sin respuesta deja solo dos posibilidades para describir aquel gobierno: O fueron seis años de desorden administrativo, o seis años de descarada corrupción. Bajo el primer supuesto, Humberto Moreira fue incapaz de detectar y contener la voracidad de un número pequeño de colaboradores desleales. Esta, la tesis de las manzanas podridas, pinta a Humberto como víctima y a su hermano Rubén como el héroe que rescata al estado de la quiebra. El segundo supuesto es menos benévolo con la familia que aún manda en Coahuila. La tesis de la corrupción sistémica sugiere que el exGobernador es el líder de una banda de hampones que asaltó a una sociedad adormilada, y que Rubén juega el papel del cómplice que esconde y desaparece la evidencia. Si bien ninguna de estas narrativas resulta cómoda para los gobernantes de Coahuila, evidentemente prefieren la primera.

No es casualidad que el mismo aparato propagandístico que hace años intentó convencer al país de que Humberto Moreira merecía un lugar en las grandes ligas de la política nacional, hoy promueve la tesis de las manzanas podridas. Conscientes de que ya no es posible negar el desastre administrativo y financiero que dejó aquella administración, los defensores del moreirismo buscan contener los daños encapsulando el debate. Según la narrativa oficial, el malo de la película no es Humberto Moreira sino el extesorero Javier Villarreal, y la materia relevante no es el incierto destino de $35 mil millones de pesos, sino las firmas apócrifas que justificaron un par de créditos por $3 mil millones de pesos. Desde su óptica, el escándalo ya no incluye las obras construidas a sobre-costo, los programas sociales operados sin padrones o reglas transparentes, el gasto multimillonario y discrecional destinado a propaganda gubernamental, la doble contabilidad en las finanzas públicas, el abultamiento injustificado de la nómina burocrática, o la posible entrega del estado al crimen organizado. Bajo el lente del oficialismo moreirista instalado en el Palacio de Gobierno y en el Congreso local, todos estos aspectos se han vuelto tan irrelevantes que podemos dar la vuelta a la página. Paradójicamente, nuestras autoridades no asumen la voracidad de Javier Villarreal y Jorge Torres como la punta del iceberg, sino como dique de contención contra la tesis de la corrupción sistémica.

El silencio de Javier Villarreal es indispensable para sostener esta estrategia. La cantaleta oficial es que Humberto, la víctima, interpuso una denuncia y que Rubén, el héroe, solicitó la creación de una comisión investigadora en el Congreso local. A pesar del manejo mediático, lo cierto es que las investigaciones que ambos detonaron caminan a un paso sospechosamente lento, limitando su alcance al asunto de la falsificación de documentos. Unos fingen investigar, y las manzanas podridas callan y fingen esconderse. Mientras tanto los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado -documentos que sí señalan inconsistencias contables que apuntan a la tesis de la corrupción sistémica- jamás detonaron acción judicial o posicionamiento oficial alguno. Según la narrativa oficial, la expulsión de las manzanas podridas de la burocracia local basta para que Coahuila recupere su sitio como modelo de buen gobierno. La estrategia ha sido tan exitosa que pocos repararon en otra ilustrativa paradoja: El antiguo Secretario de la Función Pública del gobierno de Humberto Moreira -el encargado de prevenir y combatir la corrupción- fue ascendido a Tesorero del Estado por Rubén. Nadie levantó una ceja. Nos han convencido de que las acciones que enriquecieron a Javier Villarreal fueron tan aisladas, tan secretas y tan excepcionales que no podríamos culpar al mejor contralor del mundo por no descubrirlas.

Lamentablemente para el moreirismo, la reciente entrega de Javier Villarreal en los Estados Unidos podría descarrilar la narrativa de las manzanas podridas. Allá se le persigue por el delito de lavado de dinero -no solo por la posible distracción de fondos públicos para beneficio personal, sino también por un posible vínculo con dinero del narcotráfico. Algo o alguien convenció a Javier de salir voluntariamente de su escondite -en México por cierto- para arriesgar la posibilidad de pasar 20 años tras las rejas. Todo indica que pronto se convertirá en testigo protegido, y basta leer la más reciente declaración del padre de Javier Villarreal para adivinar lo que viene: “Aquí el único responsable es Moreira. Él era el Gobernador, el es el autor de todo esto.” El rastro de las manzanas podridas apunta al dueño de la huerta.

@oneflores

POR:  ONÉSIMO FLORES DEWEY

Ciudad Posible

(Tomado de: Vanguardia.com.mx)

Cancela EU visa a esposa de Jorge Torres

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Agentes federales estadounidenses detuvieron e interrogaron a la esposa del ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, quien enfrenta desde el 20 de noviembre una orden de aprehensión en ese país por fraude bancario y lavado de dinero.

María Carlota Llaguno de Torres fue detenida el 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con su visa de turista, vigente hasta 2019.

“El Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) le negó (a Llaguno) la entrada a Estados Unidos, agentes la interrogaron bajo juramento, su visa fue cancelada, y el ICE le prohibió reingresar a Estados Unidos durante cinco años”, narró Tony Canales, abogado de Torres López, en una carta entregada el 23 de diciembre a la Corte para el Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.

Llaguno de Torres no está acusada de algún delito a diferencia de su esposo, pero sí firmó el escrito en el que el ex Mandatario estatal exigió el descongelamiento de 2.7 millones de dólares depositados desde 2008 en una cuenta bancaria en Bermudas, que Estados Unidos busca decomisar por medio de una demanda civil paralela al proceso penal.

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“Los agentes en el Aeropuerto detuvieron (a Llaguno) con el propósito expreso de obtener información relacionada con este litigio. Si bien ella les informó que tiene un abogado, los agentes la siguieron interrogando, y le preguntaron si tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y dónde estaban localizadas”, agregó Canales.

El abogado consideró que la cancelación de la visa fue una “venganza” y sólo busca impedir que Llaguno de Torres comparezca ante la Corte de Corpus Christi para defenderse en la demanda civil.

El día de la detención, Canales se comunicó con la fiscal federal Julie Hampton para preguntar la razón, dado que Llaguno de Torres solía hacer viajes cortos de compras a Estados Unidos y nunca había sido molestada.

La fiscal negó tener conocimiento del asunto, pero al día siguiente, Canales recibió copia de la acusación penal contra Torres López, firmada por Hampton, misma que había sido presentada ante la Corte, bajo sello, desde el 14 de noviembre.

La Fiscalía sostiene que Torres López, quien relevó a Humberto Moreira en el cargo de Gobernador, y el ex Secretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, desviaron recursos públicos y lavaron dichos fondos mediante transferencias a Bermudas, además de engañar a ejecutivos de bancos estadounidenses sobre el origen del dinero, que sumó poco más de 5 millones de dólares.

La defensa de Torres López sostiene que no hay prueba alguna sobre el origen ilícito del dinero, que fue transferido en la época en que el ex funcionario era Alcalde de Saltillo.

Orden de Aprehensión contra Jorge Torres López

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Por el delito de lavado de dinero y fraude bancario el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López es buscado en Estados Unidos para ser aprehendido, al igual que el ex titular del SATEC Javier Villarreal.

De acuerdo con el periódico Reforma los cargos derivan de las transferencias realizadas por ambos ex funcionarios a bancos de Texas en 2008, que fueron utilizados como puente para depositar poco más de 5 millones de dólares en cuentas de dos bancos de las Bermudas.

“Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank”, se lee en la acusación de un gran jurado federal de Estados Unidos.

“Torres López mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de dinero desde México hacia Estados Unidos”.

La acusación fue presentada el 20 de noviembre y difundida hoy por la Corte de Distrito para el Sur de Texas, donde la juez Janice Ellington ordenó desde el 21 de noviembre la aprehensión de ambos sospechosos, quienes están en calidad de prófugos.

Por tal motivo las autoridades estadounidenses han solicitado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de los ex funcionarios coahuilenses.

El Departamento de Justicia había presentado este año dos demandas civiles para decomisar los fondos que Villarreal y Torres transfirieron a las Bermudas.

Se declara inocente

El pasado mes de septiembre el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López envió a esta casa editorial su versión en torno a las publicaciones hechas por la prensa tanto local y de Estados Unidos, donde se le acusa por el delito de lavado de dinero.

En el documento señala: “Reitero a la opinión pública que no he cometido delito alguno y que el origen de mi patrimonio y el de mi familia es lícito y producto de una vida de trabajo”.

En ese momento agregó que se defenderá de forma legal en torno a las acusaciones y que confía en que la justicia le dará la razón.

(Información: Vanguardia.mx)

Comparten negocios operadores de Moreira

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Una de las tres mansiones que Estados Unidos busca decomisar en San Antonio, Texas, al empresario Raúl González Treviño fue propiedad de Vicente Chaires Yáñez, el colaborador más cercano del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira.

Representante del Gobierno de Coahuila en San Antonio, Texas, en el sexenio de Moreira, González Treviño enfrenta la acción de la justicia estadounidense luego de que su hijo Raúl González Fernández fue arrestado el lunes, a raíz de una acusación promovida en septiembre por conspiración para poseer droga con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y mariguana.

Según el San Antonio Express News, el hombre, de 42 años, está en prisión preventiva en espera del juicio, y las autoridades investigan si tres de sus propiedades, cuyo costo en conjunto es de 2 millones 200 mil dólares y que pertenecen o pertenecieron a su padre o a otros familiares, se obtuvieron con recursos ilícitos.

Raúl González Treviño es un empresario coahuilense que en un tiempo operó en Torreón la estación de televisión RGT.

El 14 de noviembre del 2008, el entonces Gobernador Humberto Moreira nombró a González Treviño como representante de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado en San Antonio, Texas. Se desconoce cuándo dejó el cargo.

De acuerdo con el periódico texano, el Fiscal asistente Russell Leachman incluyó una demanda para el decomiso de tres propiedades, entre las que están una casa con un valor de 1 millón de dólares, ubicada en 107 Champions Mill, en San Antonio, Texas.

Originalmente esa casa perteneció a su hermano, Roberto Casimiro González Treviño, propietario de la televisora saltillense RCG, quien en el 2007 la vendió a la empresa Vicap Global Investments LLC, propiedad de Vicente Chaires, quizá el colaborador más cercano de Humberto Moreira.

Menos de dos años después, en junio del 2009, Raúl González Treviño compró la propiedad a Chaires.

De acuerdo con el San Antonio Express News, esa propiedad ahora vale un millón de dólares.

La cercanía con los empresarios Raúl y Roberto González Treviño permitió a quien fuera asistente de Humberto Moreira, Vicente Chaires Yáñez, despegar en el mundo de los negocios, a pesar de tener un sueldo bajo.

Mientras ocupaba la dirección administrativa de la Oficina del Gobernador, en el sexenio de Moreira, a Chaires le llegaron varias “oportunidades” que aprovechó para convertirse en un empresario tanto del sector inmobiliario y de las telecomunicaciones.

En ambos casos fue “apadrinado” por los hermanos González Treviño.

El 23 de mayo del 2007, Chaires creó la inmobiliaria Vicap Global Investments LLC. Como domicilio aparecía inicialmente el 7272 de la calle Wurzbach Road, en San Antonio, Texas.

El mismo domicilio, un complejo de oficinas denominado Deer Oaks Office Park, albergaba a la empresa Saltex Investments, LLC, propiedad de Roberto Casimiro González Treviño.

Saltex vendió a Vicap Global la propiedad indagada por autoridades de EU con valor de 860 mil dólares.

Finalmente, la casa habría sido vendida a Rodrigo Rosendo González Fernández, hijo de Raúl González Treviño.

Tanto Roberto Casimiro como Raúl González son considerados como dos de los empresarios más cercanos a Humberto Moreira y a su grupo político de Coahuila.

Chaires también fue dueño de las empresas Procon Marketing, LLC y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC.

Ambas compañías tenían el mismo domicilio: 7272 de la calle Wurzbach Road, en San Antonio, Texas.

De pronto, en el 2009 Chaires se convirtió en un empresario de las telecomunicaciones en Coahuila, al aparecer como uno de los tres accionistas del Grupo Súper Medios de Coahuila, S.A. de C.V.

Entre 2009 y 2010, Súper Medios adquirió las concesiones de las radiodifusoras XESJ-AM, de Saltillo, y XHRE-FM y XHSLFM, de Piedras Negras.

Súper Medios integró también en su cartera de negocios a la estación Ke Buena, 100.7 FM, de Ciudad Acuña, la cual fue comprada a Roberto Casimiro González Treviño.

De igual forma, oficios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) señalan que ese consorcio de medios obtuvo la concesión del Canal 22, XHPNW- TV, de Piedras Negras. El canal fue vendido a RCG, propiedad de Roberto Casimiro González.

En el 2012, la estación de radio XESJ, de Saltillo, fue vendida a RCG, que nombró como director a otro ex funcionario moreirista, Alejandro Froto García, quien fungiera como Subsecretario de Administración en el sexenio pasado.

 

(Lorenzo Cárdenas: El Norte)

¡Robar y robar, robar y robar!

Rosa Esther

 

HORIZONTE CIUDADANO

Por. Rosa Esther Beltrán Enriquez

Pobres de los coahuilenses, tan lejos de la rendición de cuentas y de la transparencia y tan embrollados en la corrupción, tanto que hasta ahora es una misión imposible salir de ese pantano.
En efecto, esta semana VANGUARDIA nos informó, que funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación investigan el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Coahuila por la irrisoria cantidad de 300 millones de pesos del ejercicio de 2011 y digo irrisoria porque tenemos muy fresca en la memoria la rapiña y el saqueo multimillonario del que fueron objeto las finanzas públicas en la administración de Moreira 1, pero el que lo sucedió, Jorge Torres López y sus colaboradores parece que no quisieron quedarse atrás, de manera que son investigados por irregularidades por un valor total de 3 mil 640 millones 260 mil 491 pesos.
No dude usted que los presuntos implicados ya estarán en Brasil o en las Bermudas dándose la gran vida, gastando a manos llenas los recursos que los contribuyentes entregamos al erario público para el desarrollo social y económico de Coahuila.
Es muy pertinente la pregunta que VANGUARDIA hace en su editorial de ayer ¿De qué sirve detectar las irregularidades? E igualmente es certera la respuesta, no nos sirve que los órganos fiscalizadores detecten las irregularidades si no hay sanciones para los saqueadores, ésos que simplemente son ladrones y que luego, tras el paso de los años hasta son convertidos en héroes dándoles su nombre a edificios públicos y calles, los ejemplos sobran.
Se gastan miles de millones de pesos en pagar a órganos fiscalizadores que finalmente devienen en un fiasco, en el hazmerreír de los defraudadores, órganos que entregan sus informes dos años después de que terminaron las administraciones, cuando seguramente aquéllos ya disfrutan tranquilamente de los recursos mal habidos y jamás volverán a pisar estas tierras; de ninguna manera quiero sugerir que pudiéramos ahorrarnos las cantidades millonarias que se invierten en los órganos fiscalizadores, no, las que debieran ser expeditas son las instituciones de justicia ya que muchas veces parecen más bien cómplices de los ladrones; cabe recordar que al prófugo 12507, Javier Villarreal Hernández y a sus secuaces pareció que algunos jueces les abrieron las puertas de la cárcel y les dieron todo tipo de facilidades y tiempo para que huyeran y dejar así en total impunidad el moreirazo y hasta cabe preguntarse ¿habría moche?, perdón por la ingenuidad.
Recordemos que ante el moreirazo una parte de la sociedad coahuilense, sobretodo del sector empresarial y diversos grupos de organizaciones civiles, de varias formas mostraron su indignación para exigir justicia y alto a la impunidad de los Moreira, pero el gobierno de Calderón, después Peña Nieto y aquí Moreira II, optaron por la colusión, el borrón y deuda nueva.
Los casos de los Moreira, de Granier, de Tomás Yarrington, de Juan Sabines, de Luis Armamdo Reynoso Femat, de Jorge Torres López y un largo etcétera que incluye a cientos de alcaldes, confirman que la opacidad, el dispendio y la corrupción institucional no se circunscriben a un nivel de gobierno ni a un partido político en particular, sino que son fenómenos transversales al conjunto de la clase política y de alcance nacional.
Su atención y corrección deben ser vistas como tareas fundamentales para las distintas autoridades, no sólo por razones de índole moral y legal, sino porque representan una amenaza para las perspectivas de resolución de los problemas estatales en materia de economía, social, política y de seguridad y, en última instancia, para la viabilidad del estado.
Qué le puede esperar a Coahuila, un estado en el que florece y se propaga la inmoralidad, la ausencia de ética política y la corrupción, lo que vemos es que estos gobiernos conducen a la sociedad al desastre por lo que es urgente combatir este flagelo, esa tendría que ser la prioridad principal de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio del estado y no de intereses facciosos.
Es preciso reconocer que la corrupción contribuye enormemente a la inestabilidad, es una de las más grandes amenazas para los derechos humanos, para la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la seguridad, además de que amenaza la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno.
Los pronunciamientos de Rubén Moreira de ejercer un gobierno transparente han resultado inverosímiles porque no hay un programa responsable y serio contra el dispendio y el latrocinio que prevalecen en los tres poderes y en las alcaldías.

Fobaproa, un premio a la irresponsabilidad

carlos-orta-cEl Partido Acción Nacional en Coahuila se manifiesta en contra del que han llamado “Fobaproa” para rescatar a los Estados endeudados.

El Partido Acción Nacional en Coahuila se manifiesta en contra del que han llamado “Fobaproa” para rescatar a los Estados endeudados, al considerar que sería una afrenta para la ciudadanía coahuilense que aun está esperando que se le explique en qué se usó la mega deuda.

Así lo dio a conocer el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila, Carlos Orta Canales, quien por otro lado, avala el proyecto del diputado federal Guillermo Anaya sobre la propuesta de reforma para regular la deuda de los Estados y Municipios.

Y es que en días pasados se dio a conocer que el legislador coahuilense presentó una propuesta para regular deuda pública en Estados y Municipios a través de una licitación bien estructurada, medida que llega en contraposición con lo que Orta Canales llama ‘rescate financiero de gobiernos irresponsables”.

Por ello, el Presidente del PAN en Coahuila consideró como muy positiva la iniciativa del diputado Anaya, sobre todo para la vida financiera del país, dado que de aprobarse, ahora los endeudamientos serían analizados y licitados con un manejo responsable y trasparente.

De esa manera, agregó Orta Canales, la licitación permitirá poder conocer los destinos del recurso, todo lo contrario al caso de Coahuila, que a casi 2 años de su aprobación y reestructuración, no se conocen detalles del destino de la deuda por más de 36 mil millones de pesos.

“No más impunidad en gobernantes irresponsables, si respaldamos una licitación para regular las deudas es para traer mayor transparencia, pero en Coahuila jamás dejaremos de pedir castigo a los responsables del ‘Moreirazo’.

Manifestó su desaprobación por la intención de ‘rescatar’ de manera simple a los Estados que cayeron en excesos y en total opacidad, como en el caso de Coahuila, lo que representaría un premio a la “irresponsabilidad” de endeudamientos “ilegales”, librando de culpas a los Estados con un Fobaproa.

“El Partido Acción Nacional en Coahuila respalda la iniciativa del diputado Guillermo Anaya, urgentemente se tienen que licitar las deudas, los ciudadanos necesitan conocer con mayor transparencia el destino de sus recursos, sin duda los ciudadanos no merecen pagar campañas políticas y caprichos de personas enfermas de poder”, detalló Orta Canales.

 

(Texto: Jesús Castro)

(Fuente: Vanguardia)