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EX TESORERO DE #COAHUILA SE DECLARA CULPABLE

(NOTICIAS MVS) Ex tesorero de Moreira se declara culpable de lavado de dinero y de extraerlo del erario público.

Ex tesorero de Moreira se declara culpable de lavado de dinero y desvío de recursos

Javier Villarreal Hernández se entregó hace meses a las autoridades norteamericanase entregó hace meses a las autoridades norteamericanas.

Una información publicada en el periódico San Antonio Express, establece que el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, se declaró este miércoles culpable de los cargos de lavado de dinero y de extraerlo del erario público de la entidad para manejarlo en el comercio exterior, principalmente en inversiones en el estado de Texas.

El ex funcionario que se entregó hace meses a las autoridades norteamericanas, habria confirmado lo que las autoridades mexicanas y coahuilenses se han negado a aceptar, y es que sí hurtó las arcas estatales y participó en actos de corrupción para operar el dinero que le ha sido asegurado por las autoridades federales de Estados Unidos: 2.3 millones de dólares en una cuenta bancaria de las Bermudas y 6.5 millones en cuentas bancarias de Texas.

La publicación en el sitio electrónico del medio de comunicación que en las últimas semanas  ha dado cuenta del proceso que se le sigue a Villarreal Hernández, destaca que las acusaciones  en México están relacionadas con fraude, mientras que en Estados Unidos se le acusa de lavado de dinero que habría sido robado de las arcas de Coahuila y fue manejado en San Antonio, el Valle del Río Grande y el paraíso fiscal de Las Bermudas.

Subraya que de acuerdo con los fiscales que siguen el caso, el ex tesorero  sacó “cientos de millones de dólares en préstamos fraudulentos en los créditos del Estado y aceptó sobornos a cambio de contratos estatales”, luego el dinero que lavado en el sur de Texas.

El mes anterior Villarreal Hernández, cercano colaborador del ex gobernador Humberto Moreria Valdés, cedió 6.5 millones de pesos al condado de Bexar, luego que las autoridades mexicanas no realizaron trámites para recuperarlo, como lo había solicitado el senador panista Luis Fernando Salazar.

La publicación destaca que hay varios coahuilenses que enfrentan cargos en los Estados Unidos relacionados con los delitos que se le siguen al ex tesorero, entre los que se encuentra el ex gobernador interino, Jorge Torres López.

Cabe destacar que apenas el lunes anterior, el procurador Homero Ramos Gloria, afirmó que las publicaciones en dicho medio de comunicación son consideradas como “información”, pero no han provocado que se modifique las lineas de investigación, ya que a nivel estatal no se persigue ni el lavado de dinero y han reiterado que jamás se extrajo el recurso de las arcas estatales.

DENUNCIAN LEVANTÓN DE CUÑADO DE #MIRELES

(Proceso) El pasado martes 9, presuntos templarios “levantaron” a Juan Carlos Marín, cuñado del exdirigente de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, recluido desde junio pasado en el penal federal de Hermosillo, Sonora.

Lo anterior fue revelado a Noticias MVS por Talía Vázquez, la abogada de Mireles, quien refirió que los criminales llegaron hasta el domicilio de la hermana del médico cirujano, Patricia Mireles, en el municipio de Agostitlán, y se llevaron a Marín.

Según su relato, los secuestradores se identificaron como templarios y le exigieron a Patricia cinco millones de pesos por la liberación de su esposo.

Además, detalló que la familia de Juan Carlos Marín denunció el secuestro la semana pasada, pero evitó difundirlo para preservar la vida de la víctima. Incluso, comentó que el gobernador Salvador Jara supo del caso.

La abogada comentó que también al enterarse del suceso dudó en hacerlo del conocimiento de Mireles por su delicado estado de salud que lo mantiene en el hospital dentro del penal.

Sin embargo, un par de días después decidió darle la noticia y Mireles le exigió difundir la noticia.

Talía Vázquez reveló que esta es la tercera vez que ‘levantan’ a Juan Carlos Marín.

El secuestro del cuñado de Mireles sucedió un día después de que los templarios desafiaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al anunciar su inminente regreso a Michoacán, con más fuerza que antes.

Sobre la situación jurídica de Mireles, la litigante comentó que el próximo miércoles 17 vence el plazo legal para definir la situación jurídica de su cliente.

De no ser así, dijo que promoverán un amparo solicitando su liberación inmediata.

También, dijo, se espera que el mismo día se resuelva la situación de los guardaespaldas del médico cirujano –Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas—también acusados del presunto delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército.

AUMENTA EL #SIDA EN MUJERES

La violencia contra las mujeres en México es un factor determinante para contraer el VIH: 17 de cada 100 infectadas fueron abusadas sexualmente o no pudieron negociar el uso del condón con su pareja.

Según María Guadalupe Díaz Estrada, directora de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Imnujeres), la falta de negociación para el uso del preservativo es preocupante: 87% por ciento de los casos de VIH en mujeres fueron contagios a partir de relaciones sexuales con hombres. Peor: Sólo una cuarta parte de ellas se protege al tener sexo con sus esposos o parejas sentimentales.

Y es que, a diferencia de lo que ocurría en los primeros años de la epidemia, cuando las mujeres adquirían el virus por transfusiones sanguíneas, ahora la principal vía de contagio es por contacto sexual.

La atención de este problema es uno de los ejes de mayor relevancia en la “Agenda política en materia de VIH y Sida. Sobre mujeres desde el enfoque de género y de Derechos Humanos”, presentada el pasado 10 de septiembre por el Inmujeres.

La agenda es resultado del trabajo hecho –desde 2010– entre ONUSIDA-México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), redes de mujeres y grupos civiles unidos para determinar prioridades en la materia y buscar soluciones de tratamiento y prevención.

Durante la presentación, Ricardo Hernández Forcado, director del Programa de VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que las mujeres son especialmente vulnerables ante el contagio del virus por factores como pobreza, inequidad de género, menor educación y acceso limitado a los servicios de salud.

Agregó que la mayoría de las que viven con el virus o ya desarrollaron el Sida están en edad reproductiva, lo que propicia discriminación, desempleo y violencia de género.

Datos oficiales indican que 30% de las mujeres con VIH se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que 41% carece de seguridad social pues no tiene un empleo formal.

La forma en que se enteraron de que son portadoras del virus también preocupa a los especialistas: 36% lo supo hasta que su esposo o pareja fue diagnosticado, 26% debido a la aparición de infecciones recurrentes y 20% al realizarse análisis clínicos.

Según Hernández Forcado, esta situación evidencia la falta de información que tienen las mujeres para detectar el padecimiento. Por ello, agregó que la CNDH tiene como foco de interés a las embarazadas pues, según sus reportes internos, el procedimiento de detección del VIH se suele omitir en los servicios obstétricos.

Patricia Uribe Zúñiga, directora del Censida, reconoció que en México existe un sistema de salud fragmentado que dificulta la atención integral a este sector vulnerable de la población.

Agregó que la estimación oficial de que las mujeres tienen 300 veces menos posibilidades de infectarse que los grupos donde se concentra la infección –hombres e integrantes de la comunidad lésbico gay–, ha tenido como consecuencia que a ellas no se les dé atención especializada o se les invisibilice en los servicios.

La “Agenda política en materia de VIH y Sida. Sobre mujeres desde el enfoque de género y de Derechos Humanos” plantea siete líneas de acción en las que deberán participar dependencias como la Secretaría de Salud (Ss), el Inmujeres y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Según Hilda Esquivel, experta en VIH y género e integrante de la Mesa de Mujeres del Comité de Prevención del Conasida, “no existe información suficiente sobre la realidad de la epidemia entre las mexicanas”.

Por ello, explicó, la primera línea de acción del documento se dedica a hacer un análisis epidemiológico del VIH con un enfoque de género y a promover la investigación específica en mujeres con el virus.

Además, fija como metas a cumplir en cinco años, el lograr la atención integral en salud y derechos sexuales y reproductivos, pues “existe una desarticulación de las dependencias federales para tratar a las mujeres con este virus”. También pretende prevenir el contagio, sobre todo entre población vulnerable como las mujeres migrantes, indígenas y adolescentes.

Otros ejes de acción son: atención, tratamiento y prevención en adolescentes y jóvenes, atender la vulnerabilidad ante el VIH relacionada con las adicciones, impulsar el liderazgo de redes de mujeres con el padecimiento y lograr un presupuesto suficiente para atender de manera específica a la población femenina.

En la elaboración de esta agenda participaron asociaciones como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, Mexfam, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Red Mexicana de Mujeres Trans, entre otras.

(Fuente: Proceso)

#VIDEO ASÍ ENTRO “ODILE” A #BAJA CALIFORNIA

ODILE

El huracán Odile de categoría II en la escala Saffir Simpson se ubicó a 145 km al este-sureste de Cabo San Lázaro y 60 kms al este de La Paz con viento máximo sostenido de 175 km/h.

El meteoro se desplaza a una velocidad de 26 km/h con dirección nor-noroeste.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Odile tocó tierra a las 23:45 horas de este domingo 14 de septiembre en las inmediaciones de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

#MÉXICO EN UNA PROFUNDA CRISIS EDUCATIVA

Corrupción, opacidad, compadrazgos y charrismo; figuras que no se han podido evacuar de la realidad mexicana. ¿De qué nos sirve estar creando leyes, si no se aplican? Son una de las preguntas que la diputada Esther Quintana Salinas,nos deja en el aire, tras una plática con Noti Coahuila, en la que podemos observar que el entusiasmo por servir a México no solo debe quedarse en la palabra.

Esther Quintana es la diputada con mayores propuestas legislativas a nivel federal, y nos muestra a través de su pasión por el servicio, que uno de los caminos a seguir en México es servir trabajando por lograr un mejor país.

Aquí un fragmento de la charla, en la que nos concentramos en uno de los aspectos sustanciales de este nuevo panorama que se ofrece al país: la Reforma Educativa.

RECORD DE EXTORSIONES EN #COAHUILA

Rebasan en Coahuila récord de extorsiones

En lo que va de 2014, ya se supera la cifra de denuncias del mismo periodo en el año más peligroso en ese tema

No es esclusivo ni de Saltillo ni de Coahuila: 

(POR:JOSÉ REYES ) Hasta el mes de julio pasado, las extorsiones registradas en Coahuila llevan un nivel que podría ser récord en los últimos cinco años, al registrarse 69 denuncias de ese delito ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que a julio de 2014 se lleva un ritmo nunca antes visto, según los registros disponibles desde 2001, cuando se comenzaron a recopilar las cifras de denuncias por este delito.

De continuar ese ritmo, 2014 podría ser el año que más extorsiones registre desde el 2010.

Inclusive, en este año se registró el mes que más denuncias se presentaron antes las autoridades: en febrero se interpusieron 17 denuncias.

Por lo pronto, este año ya superó al 2013, tomando en cuenta las estadísticas hasta el mes de julio, que había sido la anualidad con el ritmo más acelerado, con 53 denuncias.

En cuanto a años completos; es decir, contabilizando los 12 meses, el 2013 es el año con más denuncias por extorsión, con un total de 104.

De hecho, las denuncias que se han presentado hasta julio de este año, superan a las que se presentaron durante los 12 meses de 2010 y 2011, cuando se contabilizaron 64 y 59 casos, respectivamente.

En lo correspondiente a las extorsiones en 2012, ese año finalizó con 78 denuncias ante las autoridades.

A nivel nacional, durante los primeros meses de 2014 se han registrado 3 mil 859 denuncias por extorsión. Coahuila es el estado número 15 en cuanto a denuncias por este delito, según el SESNSP.

En abril de este año, el Gobierno de Coahuila emprendió una campaña de prevención contra este delito; el slogan de esta campaña fue: “¡Cuelga!, ¡No lo escuches!”.

“La primera se lleva a cabo de una forma amable; es cuando los delincuentes exponen que un familiar de quien responde el teléfono se encuentra detenido, en un hospital o en situaciones de riesgo; la segunda se lleva a cabo de una manera violenta, donde insultan y amenazan a sus víctimas. En ambos casos el objetivo es sembrar temor y despojarlos de cantidades de dinero”, afirmó en ese entonces Armando Luna, secretario de Gobierno del Estado.

Roban la tranquilidad

En tan sólo los primeros 7 meses de 2014, se superaron en Coahuila las denuncias por extorsión que se hicieron en los 12 meses de 2010 y 2011.

En los últimos 5 años, el 2013 es el año que ha terminado con más denuncias.

FUERA DE #SONORA DELEGADOS FEDERALES: GOBERNADOR

(SinEmbargoMX) El Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, expulsó hoy a los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Comité Estatal de Protección Civil que investiga el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. El hecho es inédito. ¿justicia o política?

No se tiene referencia de que un Jefe del Ejecutivo estatal haya expulsado a los representantes del gobierno federal de una entidad de orden local.

El mandatario estatal los acusó de atacarlo políticamente por este caso, que es considerado el peor desastre de la industria minera en México, e incluso de retardar las investigaciones, a 34 días de que la mina propiedad del Grupo México arrojará más de 40 millones de litros de tóxicos al medio ambiente.

También dijo que los representantes del gobierno federal sabían desde antes del 6 de agosto de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, y por “omisión o encubrimiento” no actuaron para evitar el desastre ecológico en el río Sonora. Desde ahora, dijo, los delegados de esas dependencias, “ya no serán aceptados en las reuniones del Comité de Atención a Emergencias”, que cada semana analiza la emergencia en el río Sonora. En conferencia de prensa, el panista Padrés Elías exigió, además, la renuncia del titular federal de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, por lo que consideró “un serio problema de negligencia”.

Los funcionarios federales expulsados del Comité Estatal de Protección Civil en Sonora son César Lagarda Lagarda, de la Conagua; Jorge Carlos Flores Monge, de la Profepa, y Jorge Andrés Suilo Orozco de la Semarnat. El Gobernador dijo que estos personajes “no son bienvenidos en Sonora” y solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, los retire de sus cargos, ya que, afirmó, “no son interlocutores válidos con su administración”. ADVERTENCIA CUMPLIDA Antes, Padrés dijo que solicitaría sanción y despido de los delegados federales que “no atendieron a tiempo el derrame de tóxicos en los ríos sonorenses”. “Exigimos pues que se le cumpla, repare el daño que se le ha hecho a los más de 23 mil habitantes de la cuenca del Río Sonora que están pasando por momentos muy difíciles”, dijo en conferencia de prensa citada por diarios locales. “En segundo término, después de mencionar mi enérgico llamado de que se traiga a cuentas a los delegados que omitieron hacer su trabajo, también solicitar como lo haremos en el transcurso del día por escrito a la federación, que se nos habilite los recursos necesarios para poderle hacer frente a este problema en tanto Grupo México responde puntualmente por el daño que ha hecho”, agregó Padrés. Durante la tarde de este martes, el Gobernador Guillermo Padrés reiteró su señalamiento contra los delegados federales.

“Como Gobernador de Sonora, no considero válidos a representantes de PROFEPA, CONAGUA y SEMARNAT, por su negligencia ante desastre minero”, escribió en Twitter. Ayer, el mandatario sonorense, ante los cuestionamientos que delegados federales le hicieron a raíz de la información difundida de su rancho, evadió el tema y en su lugar culpó a la Federación de dejar sola a su administración ante la tragedia ambiental por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi. Denunció: “No vemos la presencia del Gobierno federal ahí ayudando para minimizar el problema de los daños de los productores”. “Cada día escala más el daño que está haciendo, y no vemos esa respuesta que llegue el gobierno federal a ayudarnos, la verdad es que sí veo esto muy grave y no vemos las medidas conducentes para poder decir qué están haciendo para que no vuelva a suceder esto en nuestro país”, agregó Padrés.

NO HAY PRUEBAS DE MUERTE DEL SEÑOR DE LOS CIELOS: PGR

Como respuesta a una solicitud de información, la dependencia dijo que no existen pruebas periciales ni de ADN por las cuales se puedan conocer públicamente las causas.

La causa de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez, seguirá siendo un misterio. A 17 años de su fallecimiento, la Procuraduría General de la República (PGR)  asegura que no existen pruebas periciales ni de ADN por las cuales se pueda conocer públicamente la causa.

Siete áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciadas o investigaciones que fuesen abiertas en contra de quien fuera el líder del Cártel de Juárez.

A través de una solicitud de información, la PGR detalla que la única información con que cuenta la dependencia sobre Amado Carrillo son dos boletines de prensa que narran rumores sobre su muerte y dos más que detallan las investigaciones y los resultados con los cuales el ministerio público confirmó su deceso.

A 17 años de que fuese declarada la muerte de Amado Carrillo Fuentes se le solicitó a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo, médula, miocardio, bazo y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997, así como también los resultados de la identidad del ADN del entonces líder del Cártel de Juárez.

Asimismo se le pidió a la PGR las conclusiones de los peritos médicos (patólogo forense y cirujano plástico reconstructor) adscritos al Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que afirmaron que “El Señor de los Cielos” falleció a consecuencia de depresión de los centros respiratorios por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico.

La PGR turno la solicitud a las áreas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y de Amparo, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) así como a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la dependencia, quienes “después de haber realizado búsqueda exhaustiva y minuciosa de la solicitud” concluyeron que “no se localizó registro alguno respecto de la información requerida”.

De igual forma se solicitó a la PGR que se dieran a conocer todas las averiguaciones previas que había contra Amado Carrillo así como las investigaciones iniciadas. La dependencia aseguró que son inexistentes.

“No se omite señalar, que la inexistencia de la información antes descrita, fue sometida a consideración del Comité de información de dicha institución, el cual en su Quincuagésima Sesión Ordinaria determinó confirmar la inexistencia de la información solicitada”.

La muerte de Amado Carrillo

Según reportes de la PGR, Amado Carrillo murió el 5 de julio de 1997. Fue la funeraria García López la encargada de trasladar el cuerpo a Sinaloa, pero el certificado de defunción salió a nombre de Antonio Flores Montes. Se sabe que a sus 41 años de edad, “El Señor de los Cielos” se sometía a constantes cambios de fisonomía mediante cirugías plásticas.

Tras un rumor, la PGR decidió investigar e informar en un comunicado que: “En virtud de la existencia de diversas órdenes de aprehensión giradas en contra de Amado Carrillo Fuentes, la Procuraduría General de la República está obligada a corroborar por todos los medios legales a su alcance la identidad del cadáver y su correspondencia con la del presunto responsable”.

Una semana después, lo último que informó la PGR sobre el caso fue que continuaba “con las investigaciones para determinar si la administración de ese medicamento (Dormicum), que causó la muerte de Amado Carrillo Fuentes, fue en forma intencional o se debió a una situación de imprudencia, impericia o falta de conocimientos adecuados de las personas encargadas de su control médico, y proceder en consecuencia conforme a derecho”.

El caso del narco muerto que revivió y volvió a morir

En marzo pasado, las autoridades federales informaron que había muerto en un enfrentamiento Nazario Moreno González, alias ‘El Chayo’, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, pero este hombre ya había sido dado por muerto por las mismas autoridades federales el 10 de diciembre del 2013.

En ese momento no se presentó el cadáver y los habitantes de Michoacán aseguraban que seguía vivo.

 

(Con información de: Animal Político)

REUNIÓN DE NARCOS EN #COAHUILA

CUATRO DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES BUSCAN UNIRSE

De lograrse, el megacártel recompondría por completo el mapa del narcotráfico en esta región del continente.

(Agencias) Ante el debilitamiento que registraron en los últimos años, cuatro de las principales organizaciones criminales buscan una alianza que, de concretarse, reconfiguraría todo el mapa del narcotráfico en México.

Reportes de inteligencia del Gobierno mexicano y de Estados Unidos establecen que las bandas delictivas que pretenden un acuerdo en común son el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva y los Zetas, las cuales operan en las dos terceras partes del territorio nacional.

La versión sobre este acercamiento deriva de informantes de agencias policiacas de México y Estados Unidos, que señalan que en junio pasado los principales líderes de dichas organizaciones sostuvieron una “cumbre” en Coahuila.

Al encuentro, informaron funcionarios del Gobierno Federal, acudieron Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, jefe del CJNG; Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, del Cártel de Juárez, y Alejandro u Omar Treviño Morales “El 42”, cabeza visible de los Zetas.

El único capo que no asistió, de acuerdo con las fuentes, fue Héctor Beltrán Leyva “El H”, sin embargo, envió a Fausto Isidro Meza “El Chapo Isidro”, considerado como el operador más confiable para el capo sinaloense.

En conjunto, estos cárteles tienen presencia o zonas de influencia en una veintena de estados.

Son organizaciones de distintas características, pues mientras la comandada por “El Mencho” se especializa en la fabricación de drogas sintéticas, los Beltrán y los Carrillo se dedican primordialmente a la importación y tráfico de cocaína a gran escala, y los Zetas a giros diversos como el narcomenudeo, la extorsión y el secuestro.

SIN MECANISMOS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS

La ambigüedad jurídica de los niños internados en albergues, qué hacer con las víctimas y agresores de bullying o la falta de claridad en los procesos de adopción, son algunos de los problemas ante la falta de una legislación proactiva y una institución particular que proteja la infancia.

Las leyes para los niños deben de contar con la voz de los niños como ciudadanos con plenos derechos.

Cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad y para ellos existe una Ley Federal de Protección de los Derechos, que sin embargo se queda sólo en palabras porque no contiene mecanismos para salvaguardar esos mismos derechos.

El problema se agrava, según por los derechos de la infancia, porque en las leyes estatales ocurre algo similar.

Por ejemplo, el apartado C del artículo 14 de la citada ley dicta: “Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”. Catorce años después todavía no existen. No hay tampoco ninguna institución enfocada en la niñez. La más cercana es el sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) que se autodefine como el vehículo de “políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia”. Es decir, respecto a la niñez, el DIF sólo actúa ante la ausencia o fallo de las familias.

Aún así, ocho de cada 10 niños sin cuidado parental viven en instituciones privadas que no están censadas ni necesariamente sometidas a supervisión periódica.

Así se evidenció en el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia en Zamora, Michoacán, donde vivían más de 400 niños en condiciones insalubres y sometidos a malos tratos y abusos sexuales. También está el caso de la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur, descubierta en 2008.

“Las leyes vigentes son declarativas, el Estado no se ha transformado. La noción general es que todo lo que corresponde a la infancia es derivado al sistema DIF que mantiene un sistema tutelar asistencial que no contempla la prevención”, critica Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia.

La falta de protocolos preventivos y de actuación ante la vulneración de los derechos de la infancia se muestra también en los recientes casos de acoso escolar. Los padres de la escuela donde estudiaba el niño acusado de violentar a una veintena de alumnos aseguran que habían interpuesto incluso una denuncia ante el Ministerio Público sin respuestas. El propio DIF reporta 39 mil casos de maltrato infantil en todo el país, en el último registro que recopiló denuncias de todos los estados, pero no siempre se actúa ante ellas.

“El estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la niñez de las Naciones Unidas”, sentencia Mayela Godínez, secretaria técnica de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, que se creó apenas en abril y que preside la senadora panista Martha Elena García. Ante la ausencia de la senadora, Godínez añade que “la ley vigente es meramente enunciativa, no tiene los mecanismos reales para la aplicación de estos derechos. Lo que necesitamos es un Sistema integral que vigile todo el actuar de políticas públicas de infancia, por el interés superior de la niñez”.

México es el único país del continente que no tiene este sistema integral o una institución dedicada a los niños, como sí la tiene, en cambio, para las mujeres o los pueblos indígenas. El 6% del Producto Interno Bruto del país va a parar a los menores de edad , según un estudio de la Secretaría de Hacienda y Unicef, pero la mayor parte de ese presupuesto se reparte entre las secretarías de Salud y de Educación y menos de un 2% de ese 5% se destina a protección. “Y por protección se entiende el trato a niños migrantes, en situación de calle, a prevenir embarazos adolescentes, explotación sexual infantil o acoso escolar”, matiza Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia.

No hay tampoco un sistema de información único de la infancia. Las bases de datos de la Secretaría de Educación no se cruzan con las de Sanidad ni con cualquier otra. Ya en 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado mexicano que lo creara.

El miércoles 27 de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó al DIF Nacional a sistematizar el número de adopciones nacionales e internacionales tramitadas y concedidas al apelar que la generación de información sobre la gestión y los resultados de las políticas y programas en la materia es fundamental para dar cumplimiento a los compromisos establecidos por México en las Convenciones sobre los Derechos del Niño en 1990 y Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional en 1993. El dictamen fue motivado por un recurso de revisión de un particular que había solicitado esa información el año pasado.

“No hay un solo registro de cuántos niños hay en instituciones o cuántos de ellos están en proceso de adopción, porque se supone que el internamiento en una institución debería ser la última opción para los niños, y tampoco hay supervisión de esos lugares. Por ejemplo en el caso de Mamá Rosa, no hay ningún funcionario ni municipal ni estatal, ni federal que vaya a ser iniciado en investigación por omisión. En cuanto se refiere a la infancia el estado suele ser omiso en su responsabilidad”, denuncia Pérez.

Ante todo ello, los legisladores, con la asesoría de la sociedad civil, están impulsando iniciativas legislativas en ambas cámaras que pongan en la agenda pública a la niñez.

“Estamos impulsando la Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que contar con un sistema integral de garantías. Tiene que haber una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas dependencias para que esté dando respuesta a las circunstancias que está viviendo la niñez mexicana”, señalaba la perredista Verónica Juárez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados en un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En marzo, en el Senado, se estableció un Acuerdo Legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de la infancia. El primer paso, señalan desde la Comisión de la niñez, es la creación de un diagnóstico nacional sobre la situación de la infancia y la adolescencia, con indicadores y medidores de violencia, exclusión, distinción o restricción de derechos. “Lo que buscamos es que todos los órganos de gobierno estén vinculados y que las políticas públicas sean transversales, que haya mesas interinstitucionales con el fin de vigilar el cumplimiento de metas establecidas”, explica Godínez. Además de un Sistema Nacional de Protección Integral, como órgano rector, desde la comisión de la Niñez del Senado impulsan la adopción de un Programa Nacional en donde se involucre la participación de las entidades federativas y municipios y al sector privado.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia, Pérez alerta que esta legislación pendiente “no puede ser una ley más, tiene que tener un amplio debate, participación de la sociedad civil y por supuesto la voz de los niños como ciudadanos de pleno derecho”.

(Con Información de: Animal Político)