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SE AMPARAN CIUDADANOS EN CONTRA DE CAMPAÑA DEL INFORME DE #EPN

Fundar, Centro de Análisis e Investigación y un grupo de 12 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada que realiza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

La organización civil destaca en un comunicado que “la promoción personalizada está prohibida por la Constitución en el Artículo 134, pero la ausencia de regulación permite abusos”. Por esa razón hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica, además de que interpusieron el recurso legal para pedir la suspensión de la publicidad con promoción personalizada del Presidente Peña Nieto por ser “violatoria del derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático”.

Los firmantes que acompañan la iniciativa de Fundar son Sergio Aguayo, Carlos Brito, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jesús Cantú, Virgilio Caballero, Omar Rábago, Margarita Torres, Darío Ramírez, Beatriz Solís y Clara Jusidman.

Desde el pasado 25 de agosto y de cara al próximo 1 de septiembre –cuando el mandatario federal entregará al Congreso su Segundo Informe de Gobierno–, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución.

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QUIERE #INE 20,000 MILLONES PARA 2015.

El monto total supera en más de 7,500 mdp al presupuesto de este año y representa, en términos reales, 9% más que en proceso electoral 2011-2012; para partidos se destinarán 5,335 millones.

Si su Consejo General lo aprueba, el Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto cercano a los 20,000 millones de pesos para el próximo 2015, año en el que se celebrarán elecciones de diputados federales y comicios locales en 18 entidades, incluido el Distrito Federal.

Ese monto, de 19.4 mil millones, es superior por alrededor de 7,500 millones al presupuesto de este año e incluye el financiamiento público a los 10 partidos políticos de 2015, que asciende a 5,355.5 millones de pesos.

La Comisión Temporal de Presupuesto, que preside el consejero Ciro Murayama, informó este viernes de una reunión con partidos políticos, en la cual les presentaría el anteproyecto de presupuesto que llevará a una próxima sesión del Consejo General.

En un comunicado, el INE señala que el anteproyecto implica el primer ejercicio fiscal íntegro que corresponde operar al órgano electoral nacional con sus nuevas atribuciones otorgadas por la reciente reforma política, así como su primer proceso electoral.

En su comunicado, el INE puntualiza:

• Esa cifra es necesaria para cubrir las responsabilidades del Instituto, que implicanatender las 74 nuevas atribuciones producto de la Reforma Electoral de 2014. Significa un aumento del 9% en términos reales frente al proceso electoral federal 2011- 2012.

• El presupuesto base de operación es de 7,891.6 millones de pesos, que implican unaumento en este rubro de 1,432 millones de pesos, el 22% en términos reales respecto a 2014. Ese monto incluye 210.6 millones de pesos correspondientes a la creación de la Unidad Técnica de Fiscalización, que ahora realizará un seguimiento de los ingresos y egresos de partidos y candidatos en todo el país, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como las funciones de Oficialía Electoral.

• Asimismo, contempla 65 millones de pesos para realizar la credencialización de mexicanos en el extranjero y 481 millones de pesos para regularizar a 5,609 trabajadores que laboran en los módulos de atención ciudadana, donde se realizan los trámites para obtener y renovar la credencial para votar con fotografía, los cuales no contaban con el conjunto de las prestaciones que la ley otorga a los trabajadores mexicanos.

Ver comunicado del INE

 

 

Aprueban que se investigue a Robles por discriminación.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiguen a la Secretaria de Desarrollo Social, (Sedesol), Rosario Robles Berlanga por haber incurrido en probables actos discriminatorios.

De acuerdo con el documento propuesto por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo Gurza, tanto el Conapred como la CNDH debe investigar los posibles actos discriminatorios y en su caso, emitir recomendaciones o medidas preventivas a fin de erradicar prácticas discriminatorias en la asignación de apoyos en programas de apoyo social implementados por el gobierno federal.

El pasado 30 de abril, Rosario Robles dijo en un evento público de Nayarit:

“Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando diez por cinco. No. Eso ya se acabó porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna”.

Y no terminó su discurso ahí. También dijo que las familias indígenas ven en la procreación una forma para que se ingrese más dinero al hogar.

“Les estamos solicitando que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres hijos en toda su vida y no más”.

Luego de esas declaraciones, ayer, Diputados federales del PAN interpusieron una denuncia ante el Conapred, por decir que el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos.

En respuesta, Rosario Robles dijo que sus palabras fueron exageradas, asegurando que este programa federal no limita la cobertura a las madres mexicanas, sino que apoya con becas sólo hasta tres hijos. 

“Es una manera de interpretar, de manera exagerada, una declaración que hice en Nayarit y que probablemente no fue lo más precisa”.

También dijo que a ninguna mujer indígena se le ha quitado, ni se le quitará el programa Oportunidades.

“Las mujeres indígenas tienen todos los derechos, toda la garantía de participación en el programa Oportunidades”.

Sin embargo, el punto de acuerdo presentado este día por la bancada del PAN, fue aprobado de manera unánime para que se investiguen los señalamientos de la titular de Sedesol.

La Senadora Mariana Gómez dijo “los programas sociales no pueden convertirse en dádivas y mucho menos para ser instrumentos que fomenten el estancamiento social”, y por eso, indicó, es tan importante que siempre estén vinculados a una constante evaluación para conocer su efectividad y a incentivos para la superación de los beneficiarios.

La panista dijo que Rosario Robles olvidó que su principal tarea precisamente es no generar distinciones, sino lograr que la sociedad cada día sea más igualitaria. “¿Cómo podemos confiar en su compromiso y en que cumplirá sus metas si en el discurso manifiesta un espíritu completamente distinto al que debería abanderar? Es increíble que la encargada de planear, coordinar y ejecutar los programas sociales en nuestro país emita pronunciamientos presumiblemente de carácter discriminatorio, como el efectuado durante un evento de carácter oficial el 30 de abril en Los Encinos, Nayarit”, cuestionó.

En su intervención, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández consideró que las expresiones de Robles son violatorias a los derechos humanos de los posibles beneficiarios del Programa Oportunidades que “tengan muchos hijos”.

Explicó la panista que sus palabras violentan el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Rojas Hernandez sostuvo que lo expresado por la titular de la Sedesol representa la manipulación de un programa social federal, que no tiene en su naturaleza, mucho menos en su ejecución, ninguna intencionalidad de planificación familiar.

“Condicionar los beneficios de Oportunidades a mujeres con varios hijos, afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país como lo son las mujeres indígenas, que sin el acceso al programa se encontrarían en situaciones de pobreza alimentaria y los problemas que ésta conlleva, justo como los que este Programa social busca abatir”.

Responde @EPN las 10 preguntas de Cuarón sobre Reforma Energética

El gobierno federal publicó esta tarde sus respuestas a las diez preguntas que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón hiciera al presidente Enrique Peña Nieto, sobre la reforma energética.

 Alfonso Cuarón, ganador del Oscar como Mejor Director, a los medios y al público que le den seguimiento a la respuesta de Peña:

“Consideraba necesario expresar de desde mi punto de vista esto, ahora corresponde al público, a los medios, al presidente, al Congreso, darle seguimiento si lo creen relevante y ver hacia dónde deben de ir las cosas. Lo que sí puedo agregar es que la comunicación y el debate son cosas sanas y evolucionan el pensamiento, no hay que tener miedo a eso.”

Las preguntas tocan temas como los precios de los energéticos, los riesgos para el medio ambiente, energías alternativas, corrupción, la presión de grupos económicos, regulaciones para evitar abusos, productividad e ingresos petroleros, entre otros.

El gobierno admite en su respuesta que losa precios de energéticos bajarían “en el mediano plazo”, a más tardar en dos años. 

Afirma también que la reforma conseguirá 500 mil empleos adicionales para 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025.

El documento publicado en el sitio del gobierno sobre la reforma energética, afirma también que habrá un 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.

AQUÍ el documento publicado por la Presidencia de la República, el cual puedes descargar desde Scribd. 

Preguntas y Respuestas EPN-Alfonso Cuarón.

El proyecto de ley de Telecom que se discutirá mantiene restricciones a internet

El proyecto de dictamen de reforma a las Leyes de Telecomunicaciones que se discutirá en Comisiones del Senado mantiene algunas de las medidas de control sobre internet que originalmente incluía la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, y las cuáles supuestamente habían sido borradas, como aseguró el senador del PAN, Javier Lozano.

Aunque la entrega del documento fue retrasada durante la mañana del martes, debido a las inconsistencias en el procedimiento legislativo que evidenciaron senadores del PRD y PAN, finalmente será sobre el que trabajarán las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, TV, Radio y Cinematografía y Estudios Legislativos para presentar un dictamen de reforma ante el Pleno del Senado.

El senador Lozano anunció ayer por la tarde que citará el próximo jueves 24 de abril a las 18:00 horas a los integrantes de las tres Comisiones para discutir y aprobar el dictamen.

“El documento que preparó la Comisión de Comunicaciones y Transportes a mi cargo y que fue objeto de discusión esta mañana, se entrega como un anteproyecto de dictamen para que en las próximas 24 horas los tres presidentes de Comisiones unidas recibamos los comentarios que se tuvieran a bien formular. Y ya como proyecto definitivo de dictamen nos reunamos el próximo jueves a las 6:00 de la tarde aquí como comisiones unidas, para comenzar ya la discusión de ese proyecto de dictamen”, explicó Lozano el martes.

De ese modo, los senadores sólo tendrán 48 horas para revisar las más de 500 páginas que conforman el proyecto de dictamen que reforman diversas Leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Aunque el PRD pidió que la propuesta de dictamen que ellos elaboraron fuera tomada como documento base para el dictamen, eso no fue aprobado.

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El proyecto de reforma de telecomunicaciones que se discutirá en las Comisiones del Senado mantiene la retención de datos de los usuarios de telefonía celular, la geolocalización y se continúa atacando el principio de neutralidad de internet, de acuerdo con un análisis hecho por el especialista en derechos digitales y profesor de la Universidad Iberoamericana, Luis Fernando García (@tumbolian).

La retención de los datos, por ejemplo, no se elimina del proyecto legislativo sino que se reduce el plazo para conservar la información de 24 a 12 meses. La propuesta original venía en el artículo 192 de la iniciativa presidencial, pero en el documento elaborado por Lozano se mueve al artículo 190.

Respecto a la neutralidad de la red sólo se agrega el término “diferenciadas” pero la redacción básicamente es la misma a la de la iniciativa presidencial: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas diferenciadas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.

Ayer, los senadores del PRD y PAN cuestionaron a Lozano sobre si el proyecto de dictamen retomaba todas las iniciativas que se han presentado en la materia o si, por el contrario, éstas habían sido ignoradas y sólo tomó la presidencial. Él aseguró que incluía a todas y que del proyecto original enviado por Peña Nieto, se habían hecho más de 190 cambios.

El único punto que se retiró del proyecto fue la propuesta para que el Gobierno pudiera bloquear la señal de internet durante eventos públicos, bajo el argumento de la seguridad nacional.

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El proyecto de dictamen de telecomunicaciones recorrió ayer un camino de casi ocho horas en el Senado para terminar básicamente en el inicio: fue presentado ante las Comisiones como el documento que servirá de base para un eventual dictamen, a pesar del rechazo de senadores de la oposición.

Al mediodía de ayer, el senador Javier Lozano citó a una reunión de las tres Comisiones para presentar su propuesta. Pero apenas inició la sesión, senadores del PRD y del PAN, como Javier Corral y Marcela Peimbert, tomaron la palabra para cuestionar la validez del documento. Los perredistas además exigieron que se aceptara la propuesta que ellos elaboraron para que sobre esa se discutiera y aprobara el dictamen.

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de TV, Radio y Cinematografía, junto con el líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Barbosa, y el panista Javier Corral, fueron claros: había vicios en la forma en que Lozano presentaba el documento ante las Comisiones unidas.

La principal anomalía fue que nunca se emitió una convocatoria para que las mesas directivas de las tres Comisiones sesionaran para generar de forma conjunta el proyecto de dictamen, como marca la reglamentación interna, por lo que el documento básicamente estaba siendo presentado por Lozano a título personal.

Ante esto, Lozano y la priísta Graciela Ortiz, presidenta de Estudios Legislativos, admitieron que el procedimiento debía ser repuesto y citaron a una sesión urgente a las 17:00 horas. Pero fue en esa sesión donde el PRI, el Partido Verde y una mayoría del PAN respaldaron que la propuesta de Lozano fuera el documento sobre el que se trabajará los próximos días.

Al salir cerca de las 20:00 horas, Lozano anunció que su proyecto de dictamen sería repartido entre los senadores de las Comisiones y que para el jueves estará convocando a sesión. El actual periodo del Senado concluirá el próximo 30 de abril. A pregunta de los reporteros, Senado admitió que existe la posibilidad de que pueda retrasarse el documento a un periodo extraordinario.

“Hay una posibilidad clara de que se vaya a extraordinario por dos razones, primero porque puede tomar muchos días la discusión en comisiones unidas; y segundo, porque hay un gran congestionamiento de proyectos, iniciativas, dictámenes, minutas que están en la Mesa Directiva y que la Junta de Coordinación Política tendrá que procesar”, dijo.

El panista Javier Corral, uno de los opositores más destacados del dictamen, acusó: “Es un error tratar así a los senadores”.

Proyecto “dudoso” de Telecom gana en el Senado.

El anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que presentó hoy Javier Lozano y que la oposición afirma fue “negociada” con Los Pinos, será el que se discuta en las comisiones unidas del Senado de la República. El que tenía el PRD fue hecho a un lado.

Así lo confirmó el propio Senador del PAN y sus opositores. Además, los senadores tendrán sólo 24 horas para observaciones y 24 para ajustes. El Senador Lozano habló con la prensa después de que fuera rechazada su propuesta por “dudosa”. Le preguntaron sobre los reclamos de conflicto de interés y respondió: “¡Uy, sí, cómo no!”.

El Senador Javier Corral, correligionario de Lozano Alarcón, aseguró que  hubo una instrucción para que el proyecto que se discuta en el Cámara Alta sea el de Lozano.  ”No tienen derecho a atropellar las reglas del Senado”, comentó Corral al respecto. Por su parte, la Senadora del PRD, Alejandra Barrales denunció que no se repuso el procedimiento porque el documento que se va a discutirá será el de Lozano, dijo no se tomó en cuenta el proyecto del PRD, a pesar de que fue presentado en las mismas condiciones que el otro. La propuesta elaborada por el Senador Javier Lozano Alarcón será respetada como anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, que incluso desplazará a la iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, informó el propio legislador panista al término de la reunión a puerta cerrada de las juntas directivas de las comisiones de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos.

Tras dos horas y media de encierro, los presidentes y secretarios de las citadas comisiones acordaron, con excepción de los senadores del PRD, que el texto que se presentaría originalmente en la sesión citada al mediodía, será la base de la discusión de la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. El Senador Javier Lozano detalló que su propuesta comprende 192 cambios a 15 grandes temas de la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto. El anteproyecto tendrá un plazo de 24 horas, que concluirá a las seis de la tarde del miércoles 23 de abril para presentar observaciones, y posteriormente se convertirá en proyecto de dictamen, mismo que se discutirá a partir de las seis de la tarde del jueves 24 de abril, en comisiones unidas. “Tienen que ver con las principales preocupaciones: fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el tema de competencia en materia de contenidos, los medios públicos, las redes sociales, el tema de internet, la neutralidad que tiene que haber en las redes, ahí les reitero se elimina absolutamente cualquier amenaza a una censura previa, a un bloqueo de señales, la colaboración con la justicia queda en los términos que ustedes conocen en la legislación vigente de 1995 y nada más”, aclaró el Senador Javier Corral.

Entre otros de los cambios significativos a la propuesta de Peña, señaló que reduce de tres a un año la eliminación total del costo de servicios de larga distancia en el país., el apagón analógico lo regresa a 2015 y no a 2017, como estaba en la propuesta del Ejecutivo.

Lozano recalcó que el anteproyecto entregado esta tarde por el PRD es un conjunto de “observaciones” que podrían ser tomadas en cuenta o no, dentro de la discusión de las comisiones unidas. El mismo tratamiento podrían recibir las propuestas del Senador Javier Corral o la Senadora Marcela Torres Peimbert, dos de los panistas más reacios a la iniciativa presidencial. Esta tarde al dar inició la sesión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, el Senador del Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett Díaz, pidió a Lozano Alarcón se excusara de la discusión de las leyes secundarias, pues, dijo, existe “un conflicto de intereses con empresas como Televisa, TV Azteca y Unefón”. Bartlett dijo que Lozano al desempeñarse como subsecretario de Comunicaciones, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y como Secretario del Trabajo, en sexenios pasados, aprovechó sus puestos para beneficiar a Televisa y a la española Telefónica. Resaltó además que su esposa, Silvana Ponzanelli, labora para Televisa y es actualmente directora de la fundación de esa empresa. Al respecto, Javier Lozano rechazó estar involucrado en un conflicto de interés: ”no es la primera vez que intentan que me haga a un lado en un proyecto crítico, sé que hay quien representa intereses y qué mejor para algunos [que me excuse]“, dijo en la sesión de esta tarde.

El Senador Lozano aseguró que su anteproyecto no es ninguna imposición sino un documento base para iniciar la discusión de la legislación secundaria. “Lo que necesitamos ahora es estudiar este borrador, este proyecto, este pre dictamen, no es un dictamen, no ha sido aprobado, no es una imposición, es un proyecto, es una propuesta, a efectos de que lo regresemos a discutir entre todos y votemos en lo general y en lo particular lo conducente”, dijo. Sin embargo, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que ningún legislador fue llamado para hacer el dictamen del panista, por lo que los legisladores del Sol Azteca también presentaron un documento en el que participaron también expertos. “El trámite para el cual se nos ha convocado el día de hoy, hasta donde se ha conocido primordialmente por los medios de comunicación en voz del presidente que encabeza en turno, el senador Lozano, es para conocer de la propuesta de dictamen respecto a  telecomunicaciones”, dijo Barrales.

Por su parte, el Senador Zoé Robledo Aburto entregó la propuesta de su bancada sobre la legislación secundaria, con el reproche de que Lozano hubiera descalificado a priori la iniciativa perredista llamándola “ridícula” y “dilatoria” del debate. “Creo Senador Lozano que no podemos empezar este debate con ese tipo de descalificaciones, nosotros lo que planteamos el día de ayer fue que teníamos una serie de observaciones, que teníamos argumentos de expertos también, que habíamos recogido opiniones de los foros que nosotros realizamos y el hecho de que nos hayan llamado ‘ridículos’ o que habíamos generado un documento ‘ridículo’ no es la mejor forma de empezar uno de los debates más importantes para empezar con la calidad de la democracia en México”, reclamó Zoé Robledo.

A su vez, la  Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó a Lozano sobre el presunto conflicto de intereses.  ”¿Se siente usted en conflicto de intereses, uno, al ser juez y parte en esta ley de telecom?”, cuestionó la perredista en su breve intervención. También la preguntó: “¿participó usted en la elaboración de la Ley Peña? […]  ¿es usted capaz de corregir solito la misma iniciativa que ayudó a redactar? ¿No sería saludable como hoy mencionó el Senador Bartlett en tribuna que usted reflexione y valore su permanencia al frente de la encomienda que hoy tiene?”. También del PRD, el Senador Isidro Pedraza Chávez  calificó de “espurio” el dictamen de Lozano “porque no es un dictamen”. “La primera afirmación es que hay un dictamen, yo creo que esa cuestión tan temeraria no se puede afirmar categóricamente, no hay ningún dictamen, hay un documento personal que trata de presentarse en la calidad de dictamen”, afirmó el legislador del Sol Azteca. Incluso los senadores panistas, Marcela Torres Peimbert y Javier Corral Jurado criticaron que la propuesta presentada por Javier Lozano. La legisladora Peimbert aseveró que que no incluye otras iniciativas más que la presentó el Ejecutivo Federal, mientras que el Senador de Chiahuahua dijo que se estaba “forzando una imposición”.

En una ronda de respuestas, el Senador Lozano explicó que “no es una imposición, esta reunión es para que elaboremos dictamen, no para votarlo” y propuso reunirse en 48 horas para discutir el documento que elaboró. Posteriormente respondió a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, quien preguntó si participó en la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto y aún así realizó otro proyecto para corregir algo que él mismo había redactado. La respuesta del blanquiazul fue: “Es absolutamente falso, no hay tal”.

(Con información de: sinembargo.mx)

Tienen listo ‘Fobaproa’ de Estados

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El proyecto es uno de los puntos que se analizará en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados

Para rescatar a estados y municipios en quiebra, el Congreso de la Unión presentará mañana un plan de rescate en el que el Gobierno federal absorberá sus deudas, que ascienden a 404 mil millones de pesos.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, este monto representa más de la mitad de los pasivos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y casi la mitad de la deuda externa del Gobierno federal, que actualmente es de 825 mil 469 millones de pesos.

El dictamen de Ley para Regular Deuda de Estados y Municipios, aprobada el 3 de julio en la Comisión de Puntos Constitucionales, establece una serie de modificaciones a la Constitución, a fin de que la Federación intervenga en favor de los Estados y Municipios en crisis.

La iniciativa incluye la creación de un fideicomiso, que administrará y vigilará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de absorber las deudas impagables.

En este sentido, las modificaciones al artículo 73 establecen “la obligación de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único”, el cual será administrado por Hacienda.

Para integrar el Registro, se incluirán los datos del deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago.

“En tanto se implementa dicho registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes de la Cámara de Diputados un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma”.

“Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, la Cámara de Diputados pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios”.

Y ante las filtraciones de información, el dictamen advierte: Los servidores públicos y demás personal de la Cámara de Diputados que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación.

Mayor vigilancia

El dictamen también establece la implementación de candados para la contratación de nueva deuda pública y mecanismos más rigurosos para verificar el gasto y destino de dichos empréstitos en las administraciones locales, a fin de que no se destine a pago de servicios u otros rubros de gasto corriente.

De hecho, entre estos candados destaca la obligación del Ejecutivo federal de servir como aval de los estados y municipios que soliciten nuevas líneas de crédito con la banca comercial.

Según algunos diputados de la Comisión, en un principio el dictamen únicamente contemplaba rescatar a los Estados; sin embargo, a final de cuentas se acordó incluir a los Municipios.

Las reformas

El dictamen de la Ley para Regular deuda de estados y municipios, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, busca reformar los artículos 25, 73, 74, 76, 79, 108, 116 y 117 constitucionales, para insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios.

También se pretende que los estados ajusten su legislación local en la materia, estableciendo un marco jurídico “seguro y confiable”, que les ayude a aprovechar las opciones de crédito que ofrece el mercado financiero, “preservando la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera estatal”.

Entre los cambios contemplados en el dictamen, y que justifican la absorción de deuda, se añadió al artículo 25 que “el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

En el artículo 73 Constitucional, fracción VIII, En materia de deuda pública, se establece “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.

La nueva legislación advierte que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o para el refinanciamiento de la deuda.

Además, para evitar nuevos casos de endeudamiento sin control, las reformas incluyen la aprobación anual de los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que requieran el GDF y las entidades del sector público.

“Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan”.

Y “la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”.

Senado desplazado

En el artículo 74 del dictamen se establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para “expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados y municipios y el Distrito Federal…”, lo que le quita cualquier iniciativa al Senado en la materia.

Respecto a las labores de la Auditoría Superior de la Federación, se indica que una de sus facultades será “fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales…”.

Y en el caso de los estados y municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

El artículo 116 le da mayores facultades a los Congresos estatales para la fiscalización de deudas estatales y municipales, mientras que el 117 condiciona el destino de nuevos créditos. “En ningún caso  podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”.

Finalmente, en los artículos transitorios, se establece en el Tercero, que dentro de un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, las entidades realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con el Decreto.

Además de que estados y municipios deberán enviar al gobierno federal, en un plazo de 60 días, información sobre todos sus préstamos y obligaciones de pago vigentes.

Mal recuerdo

El Fobaproa fue creado por el Gobierno federal y el Banco de México en el gobierno de Ernesto Zedillo para rescatar de la quiebra a los bancos afectados por la crisis en 1994 y 1995, y convirtió en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552 mil 300 millones de pesos.

(Fuente: Vanguardia)