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CON RETIRO DEL FUERO DE GUERRA AUMENTARÁ DELITOS CONTRA CIVILES

ADVIERTE JUAN VELÁSQUEZ


* En la FUL 2014, el jurista advirtió que la alta impunidad de los tribunales civiles será incentivo para que el Ejército se convierta en una banda de salvajes armados


Pachuca de Soto, Hgo., a 25 de agosto de 2014

“Con el retiro del fuero de guerra no vamos a alcanzar nuestro objetivo y vamos a minar a las fuerzas armadas”, afirmó el legista Juan Velásquez durante la conferencia magistral que impartió en el marco de la Feria Universitaria del Libro, FUL 2014, donde cuestionó a los asistentes acerca de las repercusiones de dejar a las fuerzas armadas con una disciplina laxa, ante un organismo de seguridad pública altamente ineficiente.

El abogado recordó que en los tribunales civiles la impunidad es del 98% contra sólo 2% de delitos castigados, mientras que en los tribunales militares la impunidad es sólo de 5% contra 95% de delitos sancionados con castigos ejemplares.

En la feria literaria organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Velásquez explicó que la alta impunidad de los tribunales civiles será incentivo para que el Ejército se convierta en una banda de salvajes armados, y si actualmente ya existen denuncias acerca de torturas, violaciones y ejecuciones, donde elementos de las fuerzas armadas están implicados, la posibilidad de que esta situación ocurra se elevará ante un mayor margen de impunidad.

La seguridad pública mexicana ocupa los últimos lugares a nivel mundial, la policía aparece entre las 10 más ineficientes del mundo y la segunda más corrupta, explico el licenciado en Derecho y para fortalecer su argumento precisó que el 50% de las órdenes de aprehensión se rechazan a causa de fallas en la construcción del proceso; más de 800 mil casos se encuentran rezagados; 65% de los procesados son absueltos por fallas institucionales.

En el pabellón Josefina García Quintanar de la Ciudad del Conocimiento, el doctor honoris causa por parte de la UAEH, consideró que el Fuero de Guerra es más una garantía para los civiles que un privilegio para los militares, pues a diferencia del fuero que reciben los representantes de instituciones gubernamentales, el fuero militar no representa inmunidad, sino únicamente hace referencia al tipo de tribunal donde deberá realizarse el proceso.

Por otra parte, el abogado también subrayó que la salida del Ejército de sus cuarteles fue una acción obligada y constitucionalmente correcta, en tanto que a causa de la violencia que enfrenta el territorio nacional y la ineficiencia del aparato de seguridad pública se podría hablar de un caso de un problema de seguridad interior y estaba en riesgo la gobernabilidad.

“Los secuestros en México crecieron 500% y hoy es el país número 1 en este delito; los homicidios aumentaron 96%; se han cometido más de 70 mil homicidios, más que los muertos en Irak y Afganistán; los cárteles de la droga dominan 5 estados; 73% de los municipios están infiltrados por la delincuencia; 50 presidentes municipales fueron ejecutados; México es tercer lugar en el mundo en desplazamientos forzosos, sólo después de Colombia y Siria; millones de delitos que se cometen en México que tendrían que ser castigados por las instituciones de seguridad pública” precisó Juan Velásquez para trazar el panorama que calificó como macroviolencia.

Tras explicar que México bajo a la posición 96 entre 177 países en el índice de gobernabilidad, el académico insistió en que la delincuencia pone en peligro la estabilidad de las instituciones de gobierno y por ello, la intervención del Ejército era una acción obligada por las circunstancias.

No obstante, indicó que las funciones de los aparatos de seguridad pública y las del Ejército son diametralmente opuestas, mientras los primeros deben especializarse en labores de investigación y aplicación de la ley, los segundos son capacitados para combatir y terminar con un enemigo “sin fuero de guerra, sin tribunales militares, sin disciplina, los militares se vuelven bandas armadas y quedamos a sus expensas” reiteró.

Finalmente, Juan Velásquez recordó que de las recomendaciones emitidas anualmente por la CNDH sólo el 1.5% fueron destinadas al Ejército; esta institución cuenta con alto prestigio aún entre la población civil y que la forma en que opera actualmente el Fuero de Guerra, obliga a los soldados a pasar por dos tribunales, el militar y el civil.

 

*Boletín de Prensa.

#SICILIA: MÉXICO ESTÁ ENFERMO

México está enfermo, grave. La violencia lo ha gangrenado y lo ha llenado de tumores y convulsiones. Hemos definido a esa enfermedad terminal como “emergencia nacional” y “tragedia humanitaria”. Los gobiernos que han surgido a partir de la administración de Enrique Peña Nieto han intentado, sin embargo, minimizarla con toda suerte de discursos y diagnósticos. Han creído que hablando menos de la enfermedad –borrándola de la prensa hasta donde pueden cambiando la percepción–, enfrentándola con toda suerte de estrategias, igual de violentas que las de la pasada administración, pueden no sólo controlarla, sino administrarla. La respuesta del cuerpo social ha sido, no obstante, la del agravamiento.

Morelos, donde vivo, es un claro ejemplo de ello. Desde la administración priista de Jorge Carrillo Olea (1994), hasta las panistas de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) y de Marco Antonio Adame (2006-2012), esa enfermedad se enquistó en el cuerpo de Morelos y creció de manera descomunal. La llegada en 2013 del gobierno perredista de Graco Ramírez generó, en una buena parte de la sociedad, la esperanza de que finalmente se atacaría la enfermedad y nos sanaríamos.

No es posible decir que el gobierno de la Nueva Visión, como se autonombró, no haya hecho nada al respecto. A diferencia de sus antecesores asumió, como lo ha hecho la administración federal, la responsabilidad del Estado en la violencia que vivimos, creó la Ley de Víctimas de Morelos, ha construido un mando único para intentar romper los vínculos que las policías y algunos presidentes municipales han tejido con el crimen organizado, y ha generado una enorme cantidad de foros sobre derechos humanos, seguridad y paz. Sin embargo, ni esas acciones ni el control que, a la vieja usanza priista, ha ejercido en la prensa mediante fuertes sumas de dinero para silenciar el horror y la crítica –el porfiriato acuñó un término imprescindible: “maiciar”– ni los discursos triunfalistas, con cifras maquilladas, han logrado controlarla. La enfermedad ha avanzado sensiblemente.

Según el Inegi, la cifra total de delitos en todo el país –homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos– pasó de 40 mil 767 en 2011 –el año más violento de la administración de Felipe Calderón– a 136 mil 378 en 2013, con una cifra negra superior a 280 mil delitos. Si nos concentramos en Morelos y comparamos los dos primeros años de gobierno de Marco Antonio Adame (2007 a 2009) –una administración deplorable y atroz– con los dos primeros de Graco Ramírez, las cifras, que tomamos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tornan espeluznantes: Homicidios, Adame: 9.34 y 11.82 –la tasa nacional fue de 6.54 y 7.70 por 100 mil habitantes respectivamente–; Graco: 31.85 y 10.44, sólo durante el trimestre de 2014 –la tasa nacional es de 15.53–. Secuestros, Adame: 0.29 –la tasa nacional fue de 0.29 y no hay datos comparativos en el siguiente año–; Graco: 8.00 y 2.06 sólo durante el primer trimestre de 2014 –la tasa nacional es de 1.43–. Extorsiones, Adame: 11.23 y 13.97 –la tasa nacional fue de 2.84 y 4.34–; Graco: 21.34 y 6.27 sólo durante el primer trimestre de 2014 –no hay todavía datos de la tasa nacional–. El Índice de Paz, que elabora el Institute for Economics and Peace y que muestra que en la última década la paz en México se deterioró 27%, coloca en 2013 a Morelos en el lugar 33, es decir, en el último de los estados menos pacíficos de México con una calificación de 4.14 en relación con Campeche, el más pacífico, que califica con 1.47, y la Comisión de Derechos Humanos del estado ha recibido 200 quejas contra el mando único.

Morelos, al igual que el país, está gravemente enfermo, más enfermo que otros estados. La estrategia de Graco Ramírez no está –como no lo está en toda la nación– funcionando. No sólo lo gritan las cifras, sino el cuerpo de cada víctima y de cada ciudadano que es el verdadero cuerpo doliente de Morelos. ¿A qué se debe? A la corrupción, al travestismo discursivo, al silenciamiento de la prensa, a las componendas políticas y económicas, a creer que el cambio de percepción mediático cambia la realidad y que el poder es un asunto de mimetismo, de compra de conciencias y de gestión de capitales. En síntesis, a una crisis civilizatoria que día con día se expresa en un Estado que, nacido de la Ilustración, ha envejecido, se ha corrompido y se desmorona irremediablemente. Graco Ramírez –si aún tiene lucidez– intentará cambiar el rumbo o sus adversarios políticos, que no han demostrado ser mejores que él, lo derribarán –la soberbia, por lo general, es imbécil–. Pero en uno y otro escenario nada cambiará. Por el contrario, la enfermedad continuará su espantosa marcha que se mide en el crecimiento de la violencia y en la acumulación de víctimas.

El cambio, por lo mismo, no vendrá ya ni del gobierno ni de la clase política. En una crisis civilizatoria como la que vivimos las estructuras políticas se vuelven contraproducentes y, como lo revelan los datos, generadoras de violencia. Vendrá, como sucede en esta crisis, de abajo, de las periferias, de la reserva moral de la gente que comprende que la vida social no está en el poder ni en el dinero ni en la competencia, sino en las relaciones de solidaridad y de soporte mutuo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los zapatistas y atenquenses presos, hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales.

*El autor:

Javier Sicilia Zardain.- es un activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios impresos como la Jornada y Proceso.

ESTUDIANTE ES GOLPEADO POR POLICÍA MUNICIPAL DE #NAUCALPAN

Naucalpan.- Policías municipales de Naucalpan, Estado de México, fueron captados en un video golpeando a un joven, que se presume, es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

De acuerdo con “Naucalpenses en Movimiento por la Seguridad”, los policías detuvieron al estudiante luego de negarse a ser revisado cuando caminaba rumbo a la escuela. El joven, el cual se desconoce su identidad, pidió una explicación pero los patrulleros de inmediato intentaron someterlo.

En la grabación se puede observar a tres uniformados sometiendo al muchacho; uno lo golpea con el puño en la cara. “Él va a estudiar, no a tomar”, grita un señor tratando de defender al joven.

Uno de los policías incluso insúlta a una testigo, quien pide no dejar de grabar el abuso. “Deje de grabar, señora, sino ahorita también nos la llevamos a usted. Chingue a su madre usted también, señora, ahorita le vamos a dar su madrina”, amenazó el oficial.

Luego de la difusión del video, usuarios de redes sociales exigen la destitución del presidente y del comisario municipal. “Exijimos la renuncia de Jorge Jimenez Comisario de Naucalpan, y de David Sánchez por su ineptitud y falta de control en los procedimientos de detención”, se lee en una publicación.

Aquí el VIDEO:


 

“Nuestras hijas están muertas”: madres de desaparecidas en #SLP

La inconmovible actitud de un enfermo de soberbia:

El gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, calificó como “grotesca” la protesta realizada por madres de menores desaparecidas en contra de la coordinadora estatal de Alerta Ámber, Cristina Hurtado Barrera, luego de recibir un reconocimiento por su trabajo.

El pasado viernes 25, el cabildo realizó una sesión solemne a puerta cerrada para galardonar a Hurtado Barrera. El alcalde Santiago Ledezma Cano fungió como anfitrión y entre los invitados y testigos de honor estaba Toranzo Fernández y algunos de sus más cercanos colaboradores, entre ellos los titulares de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del estado.

En la sesión solemne irrumpió un grupo de madres cuyas hijas desaparecieron y reclamaron que desde 2010 los propósitos de Alerta Ámber –establecer mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave a su integridad por motivo de desaparición— no se cumplieron en el caso de sus hijas.

Desde ese año, cuatro niñas y una joven mujer desaparecieron y fueron asesinadas en el municipio de Tamuín, ubicado en la Huasteca Potosina.

Las madres de tres de ellas supieron a inicios de este mes sobre la localización de los cuerpos de sus hijas quienes fueron víctimas de Filiberto Hernández Martínez un feminicida, quien fue detenido, tras meses de investigación realizada –dijeron—por  ellas mismas.

Hernández Martínez secuestraba a las pequeñas, abusaba de ellas y finalmente las privaba de la vida.

Graciela Pérez, quien desde agosto de 2012 denunció la desaparición de su hija de 13 años, y tres jóvenes más en la carretera Valles-Mante, también irrumpió en la sesión solemne y junto con las otras madres, reclamó al gobernador la entrega de un galardón a Hurtado Barrera, quien –denunciaron– se desempeñó como directora de la Policía Ministerial del estado cuando iniciaron las desapariciones en Tamuín, San Luis Potosí.

Las madres calificaron como “un circo y una burla para la memoria de sus niñas y para el sufrimiento de las familias” el galardón.

“¿Qué festejan si nuestras hijas están muertas?” preguntaban en voz alta en la sesión a la que el secretario de Seguridad, Joel Melgar Arredondo  y algunos elementos trataron de impedirles el paso a pesar de que estaban invitadas.

La señora Graciela Pérez reprochó el nulo apoyo por parte de las instancias oficiales en la búsqueda de los desaparecidos ya que en su caso –denunció– no hicieron nada. Las mismas autoridades municipales le dijeron que fuera con los militares, porque en el Ministerio Público “no buscaban personas”.

Su hija Milynali regresaba a casa con sus tres primos y su tío –hermano de Graciela– el 14 de agosto de 2012, en una camioneta color arena GMC Sierra Denali, modelo 2008.  Estaban a dos horas de llegar a Tamuín, San Luis Potosí, municipio vecino de Tamaulipas, pero a la altura de Ciudad Mante el vehículo desapareció.

Tras la irrupción en la sesión solemne, el gobernador de San Luis Potosí ofreció una conferencia de prensa improvisada en la que criticó la forma como se manifestaron las madres.

“No se vale tampoco descalificar la tarea de la manera tan grotesca como lo hacen”, dijo.

CASTILLO VIOLA LEYES Y AMENAZA A ABOGADOS DE #AUTODEFENSAS

Después de que cinco abogados enviados por el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, tomaran los casos de 35 autodefensas presos del municipio de Aquila, los defensores que llevaron casos como el de Alberto Patishtán, dejaron la entidad con un “mal sabor de boca”.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, dijo a SinEmbargo que el grupo de defensores que envió Castillo Cervantes ingresó como si nada al penal de Mil Cumbres, violando los procedimientos del Centro de Readaptación Social (Cereso) y logrando convencer a los civiles encarcelados de revocarles el derecho de llevar el caso. “Nosotros ya terminamos aquí. Ya logramos la libertad de los tres líderes y acordamos con la comunidad que ya terminó nuestra labor. Se quedan en la cárcel más de 30 autodefensas que creyeron en las promesas de los abogados enviados por Castillo”, acusó Rivero Rodríguez.

Hace dos meses un grupo de abogados ingresaron al penal y no sólo se entrevistaron con cada uno de los presos, sino que los reunieron a todos en una habitación para que pudieran ofrecerles la alternativa que el gobierno federal les ofrecía: quedar libres en 15 días, si revocaban el derecho a representarlos a los defensores de Defensa Estratégica. “Ellos violaron la ley, dijeron que iban de parte de Castillo, todos los abogados sabemos que no se puede entrar. Si no eres el defensor y si tienes a seis defendidos, los ves uno por uno, no reunidos a todos, como lo hicieron”, denunció el abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos .

A pesar de la promesa que los defensores hicieron a los autodefensas de Aquila de sacarlos en 15 días, después de dos meses siguen presos y sus antiguos abogados ya se fueron de Michoacán. Leonel Rivero aseguró que Alfredo Castillo los quería fuera de los casos y fuera del estado, porque ellos sacarían a la luz todas las fallas del gobierno federal al momento de procesar a los acusados. “Intuimos que a Castillo y al gobierno federal, no les convenía que estuviéramos ahí, porque podíamos invocar otras fuerzas. Yo creo que por el hecho de que éramos un elemento externo al contexto de Michoacán. Tenemos casos precedentes, somos conocidos, trabajamos con otro tipo de estrategia, como Atenco, Patishtán, entonces, para Castillo y el gobierno éramos incómodos”, dijo.

Rivero explicó que como defensores públicos pusieron sobre la mesa de la discusión las violaciones al debido proceso en las que incurrió el Estado cuando las autodefensas fueron acusados de portación de armas de uso reservado al Ejército y secuestro. “Concluimos el trabajo de la causa penal de los dirigentes, la resolución llegó el 7 de julio y dimos por terminada de manera bilateral con la comunidad, los procesos con la comunidad”.

El abogado insistió en que la situación de Michoacán es complicada: “nos vamos satisfechos por haber cumplido profesionalmente, pero con mal sabor de boca por no haber terminado de sacar a todos. Yo no culparía a la gente que no revocó, les creyeron a ellos, estos abogados que siempre dijeron que iban de parte de Castillo, le prometieron que los iban a sacar y no lo hicieron, ellos querían su libertad”. Leonel Rivero y su hijo Augusto César Sandino Rivero, trabajaron el Michoacán 11 meses y realizaron más de  50 viajes entre Morelia y Veracruz.

LOS ABOGADOS INCÓMODOS

Los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos fueron víctimas en marzo de este año, mientras llevaban el proceso de las autodefensas de Aquila y otros casos, de allanamiento de morada.

La vivienda ubicada en Chiapas, que funge también como despacho, fue allanada justo frente a la Casa de Gobierno donde habita Manuel Velasco Coello, Gobernador de esa entidad. Los abogados Leonel Rivero Rodríguez y Sandino Rivero, padre e hijo, conocidos por llevar el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, denunciaron a través de Amnistía Internacional (AI) que desde el año pasado eran hostigados y amenazados a través de llamadas telefónicas. “No se llevaron nada, pero dejaron evidencia de que ahí estuvieron: dejaron las luces de la cocina encendidas y las puertas abiertas. Nuestra casa que usamos como despacho, está ubicada frente a la residencia del Gobernador de Chiapas. No entendemos cómo se metieron, la Casa de Gobierno ocupa toda una manzana, hay caseta de vigilancia, hay guardias de seguridad y nosotros creímos que por vivir donde vivimos estaríamos más seguros”, dijo Augusto César Sandino Rivero en esa ocasión.

Después del allanamiento de morada, los abogados se acercaron a Amnistía Internacional y se acogieron al Mecanismo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Amnistía inmediatamente lanzó una alerta e hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, a tomar cartas en el asunto y brindar protección inmediata a los abogados. Sin embargo, ningún funcionario de ambas dependencias llamó a  Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero para ofrecer apoyo y mucho menos para iniciar una investigación sobre su caso.

Amnistía informó en un comunicado que el 17 de enero de Leonel Rivero recibió una llamada de un desconocido. “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo”, le dijo el desconocido a Rivero. La organización también señaló que en varias ocasiones que el abogado recibió mensajes en su buzón de voz con “grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina”. Sandino Rivero dijo que desconoce cuál de los casos que trabajan en su despacho, es la causa de las amenazas y hostigamiento que reciben desde el año pasado.

Los abogados llevan casos a organizaciones de Chiapas, el de los dos desaparecidos desde 2007 del  Ejército Popular Revolucionario (EPR), llevaban el de las autodefensas de Aquila, Michoacán y el de unos maestros acusados de secuestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Leonel Rivero indicó que desde hace unos meses cambiaron su lugar de residencia en Chiapas y aseguró que no han recibido nuevas amenazas. “Ya nos cambiamos, estábamos a 50 metros de la casa del Gobernador. Lo hicimos por cuestiones logísticas”, dijo.

Brutal asesinato de un académico y su esposa sacude a Morelos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifestó su repudio por el asesinato de un investigador de la casa de estudios, así como de su esposa, e hizo un llamado a toda la ciudadanía de la entidad a realizar una marcha el próximo miércoles 7 de mayo para exigir el esclarecimiento del caso y mayor seguridad y justicia.

La noche de ayer domingo fueron asesinados, a golpes, el Doctor Alejandro Chao Barona y su esposa, Sara Rebolledo Rojas, luego de que presuntamente, se metieran a robar en su hogar en la colonia Bellavista en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con medios locales, ambos murieron por una serie de golpes con piedras que recibieron en la cabeza al arribar a su hogar el domingo por la noche, pero el reporte se dio hasta la mañana de este lunes, cuando trabajadores de limpieza arribaron a la casa.

El domicilio donde se registraron los hechos de violencia se encuentra a dos cuadras de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Por su parte, la Universidad dijo que “este brutal y deleznable asesinato toca una de las figuras más significativas y emblemáticas de la UAEM, de la universidad pública y del estado de Morelos, ya que a lo largo de su fecunda vida dio voz a las comunidades y pueblos excluidos históricamente”.

El crimen, dice la UAEM, pone “una vez más en el centro de la conciencia del país la negación del derecho a la vida, la existencia y seguridad de los ciudadanos”.

Finalmente, la Universidad hizo un llamado a a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones civiles y a los pueblos de Morelos, a una marcha de la explanada de la UAEM a las 9:30 que se dirigirá al centro de la ciudad de Cuernavaca, el próximo miércoles 7 de mayo de 2014 , para exigir “el expedito esclarecimiento de este oprobioso crimen, así como para manifestar el reclamo colectivo al derecho a la vida, la existencia, la seguridad y la justicia”.

El pasado 2 de abril, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) realizó una marcha rumbo a Plaza de Armas donde miles de ciudadanos participaron y exigieron la expulsión de Gobernador Graco Ramírez debido al incremento de la inseguridad en el estado.

Al inicio de su mandato, el 2 de octubre de 2012, el Gobernador perredista pidió a los morelenses un plazo de 18 meses para reestablecer la seguridad y devolverle la paz a esa entidad, sin embargo, de acuerdo con el reporte de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer trimestre de este 2014, Morelos reportó un aumento en secuestros y extorsiones.

La corrupción de PRI y PAN trajo la violencia a Nuevo León.

Miguel Treviño, representante de Vía Ciudadana, organización que impulsa las candidaturas ciudadanas en Nuevo León. Foto: Francisco Cañedo.

La ciudadanía en Nuevo León está a la búsqueda de nuevas opciones políticas ante el hartazgo que existe por los niveles de corrupción que se registran en la entidad desde el sexenio anterior y la pasividad tanto de la actual gestión estatal como de las alcaldías panistas de ciudades como Monterrey, denunció Miguel Treviño de Hoyos, integrante de la organización Vía Ciudadana, que promueve las candidaturas independientes en las elecciones locales de 2015.

“El problema raíz es el asunto de la corrupción, desafortunadamente, por muchos años, sobre todo en las administraciones actuales; se trató de ver el problema de la violencia como un tema que se podía abordar sin ir a las causas de raíz y me parece que ahora queda evidente que el problema de raíz de la violencia es la corrupción y pongo el ejemplo que es el evento emblemático de la historia de Nuevo León, el del Casino Royale, que es de libro de texto de cómo la corrupción genera violencia”, dijo Treviño.

Este caso atrajo la atención nacional en agosto de 2011, cuando un comando, presuntamente del Cártel de Los Zetas, roció gasolina en el interior del casino y provocó un incendio que dejó un saldo de 61 personas muertas. De acuerdo con los testimonios, entre 13 y 16 delincuentes llegaron armados en al menos cuatro vehículos. Ocho de los sicarios entraron a las instalaciones del inmueble, de la colonia San Jerónimo. El resto de ellos resguardó la entrada. El administrador del negocio dijo que el grupo delictivo exigía un pago semanal de 130 mil pesos para poder operar. 

Durante las investigaciones salieron a la luz una serie de videos y fotografías donde el hermano del entonces Alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazábal Bretón, de nombre Manuel Jonás es captado recibiendo pagos en diferentes casas de apuestas. En tres meses previos al incendio en el Royale, Jonás Larrazábal visitó al menos tres casinos en la capital de Nuevo León, en donde personal de los establecimientos le entregaba fajos de efectivo.

Por su parte, el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informó que la Procuraduría de Justicia del Estado abriría una investigación por presunta complicidad y corrupción de Manuel Jonás Larrazábal, mientras su hermano, el Alcalde se deslindó de los hechos. Ninguno de los dos enfrentó algún tipo de responsabilidad, incluso, Fernando Larrazábal es ahora Diputado federal. “Hubo corrupción a todos los niveles porque se violaron las reglamentaciones más básicas, hubo investigaciones amañadas y las víctimas siguen sin tener respuesta”, señaló Treviño. 

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN


Destacó que uno de los hechos más recientes “que deben lamentarse” es el enfrentamiento entre el Gobernador Medina de la Cruz y la iniciativa privada local por el alza en los casos de extorsión que se han registrado en la entidad. Darío Treviño Muguerza, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, junto con representantes de otras cámaras locales, señaló que las extorsiones habían subido 49 por ciento en los primeros 3 meses del año frente al mismo periodo de 2013. Los datos que presentó Treviño son los que la Procuraduría de Nuevo León tiene y comparte con el Sistema Nacional de Seguridad Pública: 76 denuncias de extorsiones en los primeros tres meses de este año contra las 51 del primer trimestre de 2013.

También señaló que una encuesta entre sus afiliados reveló que el cobro de piso es el principal delito que no denuncian por falta de confianza en la autoridad. “Nuevo León todavía no es un estado de paz, tras dos años de presentar una tendencia a la baja, el delito de homicidio doloso ha tenido un estancamiento en los últimos nueve meses.

En mayo de 2011 se presentó el máximo histórico de 241 al mes, y desde el pasado mes de junio de 2013 se ha mantenido con un promedio de 50 casos mensuales”, señaló Treviño “Como sociedad civil nos preocupa este estancamiento ya que estamos aún muy lejos de poder llegar a la cifra promedio de 15 homicidios mensuales que se presentaban en 2006″, explicó el director de la Canaco Monterrey.

“Las cifras de extorsión presentadas por la Procuraduría siguen presentando un repunte preocupante, en el primer trimestre de 2014 nos ubicamos con un 49 por ciento más de delitos que los reportados en el mismo periodo del año anterior, pasando de 51 a 76 delitos”, dijo Treviño Muguerza. Un día después, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León le abrió a él y a otros dos empleados de la Canaco, la averiguación previa 391/2014-II sin especificarles el motivo.

Posteriormente fueron citados a declarar en “calidad de testigos” durante varias horas. “Esa fue la respuesta de la autoridad: el negar los hechos y el hacer un citatorio al director de la Canaco”, criticó el representante de Vía Ciudadana. Uno de los casos de corrupción que tiene pendiente esclarecer la administración, según enumeró Migue Treviño, es la desaparición en 2011 de 300 mil placas vehiculares nuevas que posteriormente se vendieron como chatarra.

También está pendiente de solución el expediente de la llamada Torre Administrativa Monterrey, que tuvo un costo de mil millones de pesos y que fue adjudicada en apenas en dos meses, presuntamente a dos empresas relacionadas con la familia política del ex Gobernador, Natividad González Parás.

Además del costo, el gobierno todavía pagará otros 2 mil 700 millones de pesos por la renta de oficinas durante 297 meses.

A nivel municipal, expresó el representante ciudadano, también existe el malestar ciudadano por los casos de corrupción de las administraciones panistas, principalmente en la capital, Monterrey, donde la movilidad de la ciudad “está colapsada”, a pesar de tener el transporte público más caro del país, que tiene un precio de 12.50 pesos por pasaje.

Por otro lado, el ojo público está sobre la gestión de la Alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes, quien en su primer año al frente del municipio, construyó una casa de 20 millones de pesos en el municipio de San Pedro Garza García, uno de los más exclusivos del país, misma que puso en venta.

Posteriormente, Arellanes Cervantes, quien en una ocasión le ofreció las llaves de la ciudad a Jesucristo, viajó a Houston el 29 de septiembre pasado del año pasado, en un vuelo privado para asistir a un juego de futbol americano de la NFL. Según reveló el diario El Norte, la funcionaria aprovechó para comprar en tiendas exclusivas como Louis Vuitton.

La panista voló en un jet Hawker 800, matrícula N957H, usado por las empresas Metrofinanciera y las desarrolladoras Marfil y Maple; en el vuelo iba también su esposo Roberto Garza. 

LAS CANDIDATURAS CIUDADANAS

Ayer, el diario El Norte reveló también la creación, de cara a las elecciones locales del próximo año, de una red de gestores y representantes a través de los cuales se realiza el reparto de ayuda a sectores marginales y se maneja la información personal de los beneficiarios.

Esta red, presuntamente se integró para apoyar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Federico Vargas. “Con secrecía y apoyo del gabinete nuevoleonés”, la Secretaría de desarrolló Social implementó desde hace más de dos meses el Programa de Activación Social (Paso), que agrupa a dependencias estatales e involucra a delegaciones federales, reseñó el diario, que publica fotografías en las que aparece el mandatario, Medina de la Cruz.

“Estamos en un estado en el que las administraciones del PRI y el PAN se sienten muy aceleradas por todos lados, los dos ya empiezan a gastar el presupuesto público en campañas ilegítimas e ilegales porque sienten pasos en la azotea”, afirmó Miguel Treviño.

Ante este escenario, aseguró que existe todo un sector en la entidad que impulsa las candidaturas ciudadanas, como una opción para transparentar la administración pública y crear un contrapeso que obligue a los partidos políticos y a los funcionarios públicas a transparentar sus manejos y ser más eficientes en el ejercicio de sus tareas.

Destaca que en al entidad se ha detonado un movimiento que busca impulsar que el Congreso local destrabe la discusión en la materia para que en las siguientes elecciones locales pueda existir candidatos independientes. Y en este movimiento no sólo están los ciudadanos sino que también es apoyado por partidos de izquierda como el de la Revolución Democrática. Incluso, en marzo pasado, presentaron opciones de candidaturas para 2015.

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balacera reynosa
Foto: Valor por Tamaulipas.

El gobierno de Tamaulipas informó que este martes se registraron diversos hechos de violencia en la ciudad de Reynosa con un saldo de 14 personas muertas. A través de un comunicado de prensa del Grupo de Coordinación, se precisó que 10 de las personas fallecidas eran presuntos delincuentes, dos oficiales de la Policía Federal y dos jóvenes ajenos a esta situación. También se reportó una menor herida, pero fuera de peligro. De acuerdo con las autoridades, los hechos de violencia iniciaron a las 12:00 horas en calles de la Colonia Beaty, donde civiles armados atacaron a oficiales de la Policía Federal que patrullaban por ese sector, provocando la muerte a dos de ellos, uno de los cuales falleció cuando era atendido en un hospital. “Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentó en ese punto de la ciudad en apoyo de los elementos de la Policía Federal, siendo agredidos por cuatro civiles armados que se desplazaban en una camioneta pick-up Ford Lobo color negra, modelo 2012 y con blindaje artesanal. Al repeler la agresión, dieron muerte a los atacantes”, dijo el Grupo de Coordinación Tamaulipas. Informó que en ese mismo punto, una joven de 22 años y un joven de 24 años de edad, perdieron la vida al ser alcanzados por disparos de los civiles agresores. Ambos viajaban en vehículos separados. “Posteriormente personal de la Sedena que realizaba patrullaje en las inmediaciones de la Colonia Aquiles Serdán, fueron agredidos por seis civiles armados que tripulaban una camioneta pick-up Chevrolet Silverado color negra, modelo 2012, blindada artesanalmente. Al repeler la agresión, dieron muerte a los delincuentes”, continúa el boletín dado a conocer esta tarde noche. De acuerdo con el gobierno del estado, los civiles armados realizaron bloqueos en diferentes sectores de la ciudad, usando para ello camiones de transporte urbano para dificultar el acceso a las autoridades federales. “Los bloqueos se registraron en la carretera Reynosa-Matamoros, en el Bulevar Morelos de la Colonia Ampliación Rodríguez, en el Libramiento Monterrey de la Colonia José López Portillo, Libramiento Monterrey de la Colonia Las Cumbres, Bulevar Morelos de la Colonia Petrolera y Bulevar Hidalgo de la Colonia Longoria”, precisaron las autoridades. Se informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 10 armas largas, fornituras, cargadores y numerosos cartuchos útiles de diferentes calibres, así como las dos camionetas blindadas. Esta mañana, usuarios de redes sociales reportaron una serie de bloqueos y enfrentamientos en diferentes puntos de Reynosa, Tamaulipas. La cuenta de Facebook Valor por Tamaulipas subió fotos de los bloqueos, reportando uno de ellos en Boulevard Morelos, frente a un Scotiabank, los choferes y usuarios del transporte público que utilizaron fueron bajados a la fuerza. También informaron de otro bloqueo en Jarachina Sur, y uno más en la carretera a Matamoros, la cual fue desbloqueada pero volvieron a cerrar la circulación. Además subieron una foto donde se ve a una persona abatida y, de acuerdo con los ciudadanos, este hecho ocurrió en la lateral de Canal Anzaldúas, en Parque Lineal.

46 sismos en Nuevo León en lo que va del año

MTY

El tema ha desatado la polémica, pues hay voces que desde la sociedad civil y la academia han advertido que probablemente los temblores son causados por trabajos para la exploración y explotación de gas shale en municipios de la Cuenca de Burgos.

En seis años, del primero de enero 2006 al 31 de diciembre de 2011, sólo hubo 13 sismos en Nuevo León; pero en lo que va de 2014 ya se han registrado 46 fenómenos telúricos, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La recurrencia de este año es incluso superior a la que se presentó en 2013 cuando hubo 71 sismos; a la de 2012 cuando se registraron 89, y resalta más si se compara con apenas dos temblores que hubo en todo 2011.

En 2010 se contabilizaron cinco sismos, en 2009 cuatro, mientras a lo largo de 2008 y 2007 no hubo ninguno en el estado.

(Con información de El Universal)

Tamaulipas confirma 28 muertos desde el fin de semana

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El secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, informó la tarde del miércoles que los enfrentamientos armados registrados desde el fin de semana hasta el martes han dejado 28 muertos.

El secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, informó la tarde del miércoles que los enfrentamientos armados registrados desde el fin de semana hasta el martes han dejado 28 muertos.

El funcionario estatal explicó que “hasta el día de ayer (martes) teníamos contabilizados 28 defunciones, la mayor parte de ellos en enfrentamientos y ejecuciones. No tenemos el registro de civiles inocentes, hay un solo caso que se está registrando para determinar, pero no tenemos más que un solo caso”.

 

Garza Palacios mencionó que como parte de los operativos desplegados en la zona se han detenido a 10 personas y asegurado una cantidad importante de armas, cartuchos y cargadores.

 

Negó que se vaya a implementar un operativo de seguridad especial para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, donde especialmente se ha recrecido más la violencia.

 

El Secretario resaltó que las ejecuciones se han dado entre integrantes de los grupos delictivos, quienes van contra blancos determinados. Las investigaciones que tenemos hasta ahorita nos arrojan que son blancos delincuenciales, han sido ejecuciones directas, están yendo sobre blancos específicos entre ellos mismos”, mencionó.

 

Además, admitió que las actividades del comercio, la industria y de la educación han sido afectadas por las jornadas violentas que comenzaron el sábado en la región sur de Tamaulipas.

“Desde luego las clases, el sector comercio están trabajando, (aunque) hay alguna disminución por los hechos que se han suscitado”, expresó.

 

Con información de Milenio y Reforma.