Archivo de la categoría: Columnas

INSTITUCIONALIDAD PRIÍSTA

Por: John Ackerman 

 
El régimen autoritario desaparece paso a paso la autonomía de las pocas instituciones públicas que habían generado esperanza en la posibilidad de una transición democrática. Con el Pacto por México se cancelaron la independencia y la pluralidad del Congreso de Unión. Con la reforma electoral y los nuevos consejeros electorales, la organización de todas las elecciones del país ahora se somete al mandato de Los Pinos.Y la semana pasada, tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron claras señales de haber sido infectados por el virus del priísmo centralizador. También empiezan a sonar las alarmas en Ciudad Universitaria.
 
El pasado martes 12 de agosto el pleno de la Suprema Corte ratificó una vez más la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. De acuerdo con ocho de los 11 ministros de la Corte, las enormes fortunas y los evidentes conflictos de interés de nuestros gobernantes son asuntos “privados” que simplemente no competen a la nación. Según esta torcida lógica, el papel de los ciudadanos no sería cuestionar o llamar a cuentas a la autoridad, sino simplemente obedecer y confiar ciegamente en la santidad de quienes nos malgobiernan.
 
En su defensa, los ministros de la mayoría aclararon que “ningún derecho es absoluto” y que las declaraciones patrimoniales incluyen información sobre terceras personas que, al divulgarse, podrían afectar su derecho a la privacidad. Pero este problema podría resolverse fácilmente con la divulgación de “versiones públicas” de las declaraciones sin datos personales u otra información que podría poner en riesgo a los titulares de los datos, tal como propuso el ministro José Ramón Cossío.
 
Sin embargo, el fundamentalismo de los ministros de la mayoría no les permitió avalar siquiera la propuesta salomónica de Cossío. Para la Corte, el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que sólo permite la divulgación de las declaraciones patrimoniales con autorización explícita del servidor público de que se trata, establece un “equilibrio armónico” entre los dos derechos en conflicto. De acuerdo con los ministros, el derecho de acceso a la información debe tener límites, pero el derecho a la privacidad no tendría ninguno, sobre todo cuando se trata de esconder las fechorías de la clase política…
 
ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
 
*El Autor:
John M. Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y Presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Director Editorial del Mexican Law Review. Experto en Políticas Públicas, Transparencia, Derecho Electoral, Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, y Organismos Autónomos. También es columnista de revistas y diarios nacionales y extranjeros.
 

 

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“Haiga sido como haiga sido” Elecciones #Coahuila 2014

Rosa Esther

Horizonte Ciudadano

Por: Rosa Esther Beltrán.

El resultado electoral del domingo pasado no pudo ser mejor para el partido octogenario de Coahuila, su gozo es completo y ya se preparan para el “carro completo” en los comicios de 2015.

En el ámbito nacional los analistas consideraron la elección de Coahuila, como una involución y un escándalo y se refirieron a Rubén Moreira como el hombre de Cro-Magnon, por eso es muy acertada su publicidad del gran dinosaurio que representa su gobierno.

Rubén Moreira continuará y terminará su sexenio con un congreso de corderos. Lo dijo Chema Fraustro, cuando salieron el domingo a hacer público su triunfo: “ganamos gracias al trabajo del gobernador” y ahí comenzó la reverencia, la veneración hacia el que es su jefe, pero lo más fuerte es que Chema como líder del Congreso asegura la continuidad de la manipulación y del engaño legislativo.

El PRI ganó todo con un juego sucio que incorpora las negras prácticas de la compra del voto, la entrega condicionada de despensas, acarreos, presiones inconfesable en una “democracia”; las liderezas accionaron a todo vapor coaccionado el voto, el proceso de votación incorporó el agiotaje con los fondos públicos, el lucro con la marginación y la pobreza de la gente humillando y ofendiendo su dignidad, se manifestó la inmoralidad sin máscaras, en fin la mercantilización desvergonzada de los comicios, se manifestaron las patologías políticas electorales en todo su apogeo.

La elección tuvo sus peculiaridades: El abstencionismo activo, con el voto nulo los electores cumplieron con su deber ciudadano y también expresaron su rechazo a las opciones de partidos, candidatos o programas que se ofrecían en la elección, un 3.6 por ciento de ciudadanos sufragaron anulando el voto, con lo cual superaron a los partidos morralla que pretendieron servir de comparsa al tricolor; el abstencionismo de un 60 por ciento de los electores no fue sorpresa, la indiferencia hacia quienes son y seguirán siendo los verdugos del pueblo es trágica y esa atribución la ejercerá sin obstáculos la sexagésima legislatura porque favorecerá sin ambages la impunidad.

Seguramente muchos de los electores, al sufragar en contra del tricolor lo hicieron con la esperanza de que la megadeuda se investigue y se castigue a los culpables porque gracias a ella las finanzas estatales están en quiebra y la Secretarías de Salud y la de Infraestructura han visto reducidos sus presupuestos en un 73 por ciento desde 2011, convirtiéndolas en instancias inoperantes.

Coahuila paga cada año más de 2 mil 500 millones de servicio a la deuda, desde 2011 se han pagado casi ocho mil millones, y la deuda apenas se ha reducido ochocientos millones de pesos; con la nueva legislatura ya no pasará nada con la megadeuda; ya no habrá culpables, sanciones, cuentas confiscadas, porque Rubén tendrá en sus manos el binomio perfecto de impunidad: un congreso dominado y un auditor superior del estado sometido a sus órdenes.

Rubén Moreira se siente en el paraíso, porque en su edén contará con una mayoría legislativa sobrrepresentada que le dará la tranquilidad de que le aprobarán lo que desee, le aceptarán sus créditos adicionales para endeudar más a Coahuila, sus leyes de hacienda con los impuestos más altos del país.

Y los ciudadanos tendremos un congreso sin legitimidad, electo por menos del 40 por ciento del electorado de manera que los diputados elegidos, nunca podrán decir que representan a la mayoría de los coahuilenses, porque no es verdad; y si la mayoría coahuilense no está representada en su congreso, ¿entonces para quiénes van a legislar los futuros diputados? Para el PRI y sus intereses.

Es lamentable que se permita que Rubén Moreira y David Aguillón, con sus comparsas hayan arrojado a una fosa clandestina la credibilidad electoral, pero así estamos, la tragedia es que permitimos un triunfo del PRI haiga sido como haiga sido.

 

Le tienen miedo a las candidaturas independientes

Siempre he apoyado este tema porque en la política, al igual que en la economía, es mejor la competencia que los monopolios.

Por: Leo Zuckerman.

Meses van y meses vienen y los partidos políticos siguen sin regular las candidaturas no partidistas. Ya están permitidas en la Constitución pero faltan las leyes reglamentarias a nivel federal. Supuestamente iban a ser aprobadas este periodo ordinario del Congreso como parte de la reforma político-electoral, pero, como ya sabemos, dicha reforma fue postergada. Así que al día de hoy, no hay nada de nada.

En la prensa trascendió que los legisladores, es decir los partidos, estaban discutiendo poner una serie de requisitos a los candidatos independientes prácticamente imposibles de cumplir: “Los aspirantes presidenciales sin partido deberán demostrar firmas de apoyo equivalentes a 1% de la lista nominal de electores (alrededor de 783 mil firmas) de al menos 17 entidades federativas. En el caso de los aspirantes a senadores, deberán recabar 2% de firmas de al menos la mitad de los distritos del estado por el que pretendan competir. A su vez, quienes busquen ser diputados de mayoría también deberán acreditar el 2% de firmas del distrito al que aspiren. Los independientes no podrán hacer campañas por radio y televisión para recabar firmas ni tampoco tendrán acceso a financiamiento público hasta que obtengan el registro. Una vez que lo tengan, dispondrán de financiamiento público y tiempos en radio y televisión sin que éstos excedan 50% de los montos asignados al tipo de candidatura de que se trate. Además no podrán incluir su fotografía en las boletas”.

Una locura, sobre todo la cantidad de firmas para registrarse, que demuestra el miedo que le tienen los partidos a los candidatos independientes. En realidad le tienen miedo a una mayor competencia. Porque a su rechazo a las candidaturas apartidistas hay que sumar los durísimos requisitos que hay para formar un nuevo partido. Ambas situaciones demuestran que los partidos existentes no quieren competir con nuevas opciones y para eso erigen enormes barreras de entrada a posibles alternativas a las actuales.

Siempre he estado a favor de las candidaturas no partidistas porque en la política, al igual que en la economía, es mejor la competencia que los monopolios. Considero que uno de los problemas que tiene nuestra democracia es el monopolio partidista de la representación, el cual ha generado una clase política vividora y adicta de prerrogativas multimillonarias que pagamos los contribuyentes.

Si bien el rompimiento del monopolio priista fue central para democratizar la política del país, los partidos que pactaron la democratización mantuvieron para ellos el monopolio de las candidaturas. Establecieron una competencia restrictiva: dentro de los partidos, todo; fuera de ellos, nada. De esta forma transitamos de un régimen de un solo partido a uno de tres y morralla, partidos que se han dedicado a defender sus monopolios y restringir aun más la competencia.

Las candidaturas independientes no son un asunto teórico. En el país hay cada vez más ciudadanos que quieren competir fuera de los partidos. Jorge Castañeda pretendió hacerlo en la elección presidencial de 2006. Demandó un amparo para poderse registrar como candidato independiente, demanda que fue desechada por la Suprema Corte de Justicia, que lamentablemente no quiso entrar al fondo del asunto.

A finales del sexenio pasado, se aprobó una reforma constitucional que permitía las candidaturas independientes. A nivel local ya fueron aprobadas algunas legislaciones secundarias para hacerlas operativas. El año pasado, en Zacatecas, Raúl de Luna Tovar ganó como candidato independiente la presidencia municipal de General Enrique Estrada. Para registrarse, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas le requirió la firma y copia de la credencial de elector de 15% del electorado del municipio. Esto equivalía a 745 ciudadanos. Recabó más de mil cien firmas. Su nombre, por tanto, apareció en la boleta con su propio logotipo. De Luna realizó campaña con el dinero que recaudó entre familiares y amigos. Se gastó un total de 105 mil pesos.

Este caso demuestra que, aun con enormes barreras de entrada, algunos candidatos independientes pueden ganar. Pero esta posibilidad sigue sin regularse a nivel federal. Una lástima, porque en México urge permitir las candidaturas independientes, o, en su caso, simplificar la formación y el registro de partidos políticos, lo cual oxigenaría nuestra vida democrática.

                Twitter: @leozuckermann

Un obsequio envenenado

Rosa Esther

Horizonte Ciudadano

Por Rosa Esther Beltrán

La ley secundaria de telecomunicaciones, enviada por Enrique Peña Nieto al Senado ha resultado más que polémica. La ciudadanía informada despierta y se percata de que los senadores, los que se dicen representantes de los mexicanos, se apresuran a aprobar una ley que es un regalo enorme de parte de Peña Nieto para Televisa y los que comparten sus intereses, de forma que con ella se beneficia y se consolida el monopolio, como si no lo estuviera.

La ley en mención fue redactada con evidentes sesgos, cuando la reforma constitucional, aprobada el año pasado implicó un adelanto relevante en cuanto a los derechos humanos en libertad de expresión e información, con la legislación secundaria se vulneran esos derechos y evidentemente se conceden beneficios a las empresas del duopolio televisivo, entre las más importantes ganancias se pueden enumerar las siguientes: la legislación secundaria contiene reglas de preponderancia que protegen a Televisa en la televisión de paga (Art. 260, 264) de marera, que, mediante argucias la televisora consentida del presidente fue eximida de ser considerada como agente preponderante.

Para asegurar que la ley Peña-Televisa sea aprobada el presidente tiene su promotor, el senador Javier Lozano Alarcón, panista él, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, quien defiende con enjundia la legislación secundaria de telecomunicaciones e impulsa con ahínco el fast track para ayudar al PRI y a su satélite el partido Verde  a conseguir los votos necesarios para la aprobación de la ley de marras, en tanto que hasta algunos de los dirigentes del PRD Y EL PAN rechazan la ley Peña-Televisa.

Las reformas a la ley de telecomunicaciones significan negocios redondos para los poderes fácticos de las telecomunicaciones por eso a lo que los ciudadanos asistimos es a una verdadera feria anticonstitucional en la que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es violentada (Art. 44); además hay artículos que violan la libertad de expresión y el uso social de los medios indígenas también viola la Constitución por incurrir en discriminación y hasta se niega a los discapacitados el acceso a las telecomunicaciones.

Asistimos a una contra reforma con virtual dedicatoria contra los derechos ciudadanos por ello la preocupación se propaga alzándose ya hasta el ámbito internacional, promovida principalmente por los jóvenes a través de las redes sociales.

Como una manifestación de la inconformidad, el Frente por la Comunicación Democrática (FCD), recientemente formado y encabezado por el senador Javier Corral y Cuauhtémoc Cárdenas, además de decenas de artistas, escritores y comunicadores llama a los ciudadanos a luchar de manera organizada, convoca a propiciar el debate, a mantener informada a la sociedad mexicana sobre las consecuencias nefastas de una posible aprobación de la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión y a oponerse a su aprobación.

El FCD convoca también a que el próximo sábado 26 se realice una movilización nacional en contra de la legislación en telecomunicaciones y en defensa del derecho a la comunicación, porque con esa ley se beneficia primordialmente a Televisa y a los concesionarios y no a las audiencias, debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, así como a los productores independientes.

En Saltillo se realizará la movilización propuesta por el FCD, seguramente no verá usted multitudes, pero la conciencia ciudadana en defensa de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, en contra de la censura a Internet, del control de las ideas, de la  criminalización de la protesta social, serán exigencias fundamentales de los ciudadanos manifestantes por pocos que sean.

Lo menos que se puede exigir a los senadores es que se respete la reforma constitucional en telecomunicaciones y que las leyes secundarias concuerden con ella; que se detenga el cabildeo para una legislación que restaura el régimen autoritario y que por el contrario se fortalezca la autonomía del IFETEL y se resguarden los derechos a la libertad de expresión e información.

Posdata

¿Por qué Leopoldo Lara Escalante presidente del IEPC viola impunemente la Constitución (Art. 134, párrafo 8°) incluyendo su nombre en la propaganda del Instituto? Lara Escalante alardea ante la opinión pública, pero ha abusado de su posición eliminando los  derechos básicos de los trabajadores del IEPC y pagándoles salarios de hambre mientras él y sus consejeros se ceban con sueldos de decenas de miles de pesos y se eternizan en sus puestos.

La dictadura de las mayorías

Por: John Ackerman.

Este sábado 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la lucha social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional.

Llama la atención la pasividad de los grupos parlamentarios de la supuesta “oposición” frente a este importante acontecimiento. Cómodamente sentados en sus curules y de paseo para Semana Santa, esperan pacientemente a que Peña Nieto finalmente presente las iniciativas de ley en materia energética preparadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y negociadas en Los Pinos con las grandes empresas petroleras internacionales. Eventualmente, los pocos diputados y senadores patriotas probablemente harán un “show” público de supuesta dignidad con una clausura simbólica de los recintos parlamentarios, pero difícilmente serán capaces de tomar la iniciativa para fijar las coordenadas del debate público sobre el tema.

En lugar de esperar a que el rey haga llegar sus propuestas pactadas a los levantadedos del Congreso de la Unión, la oposición tendría que tomar acciones contundentes y lanzar sus propias iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de ley para prohibir totalmente la fracturación hidráulica (el llamado fracking) en México, elaborado entre otros por Ricardo Mejía del Partido Movimiento Ciudadano, constituye un importante esfuerzo al respecto. Francia recientemente prohibió esta práctica en absolutamente todo su territorio nacional por los graves daños que genera al medio ambiente y a la salud pública. La “modernidad” y el desarrollo son perfectamente compatibles con la defensa del patrimonio nacional.

Los esfuerzos de este tipo tendrían que multiplicarse. Por ejemplo, se deberían desarrollar otras iniciativas de reforma para aumentar de manera radical los estándares ecológicos, sociales, laborales y fiscales para cualquier empresa privada que opera en materia energética en el territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estos estándares debería provocar la revocación inmediata de los “contratos” o “permisos” correspondientes. Recordemos que fue precisamente el incumplimiento de las empresas petroleras internacionales con las leyes laborales del país lo que empujó al general Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera en 1938.

También sería importante unir la lucha energética con la batalla en materia de telecomunicaciones. En ambas materias los traidores apuestan a utilizar su presencia numérica en el Congreso de la Unión para imponer reformas profundamente antipopulares y autoritarias. Los voceros del régimen defienden esta estrategia en base a un supuesto derecho de las mayorías a imponer su voluntad en los sistemas democráticos. Un argumento similar se utiliza en Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal como pretexto para “regular” las marchas con el fin de proteger los intereses de las “mayorías”.

Esta postura exhibe una enorme ignorancia de las teorías más básicas sobre la democracia. “Democracia” significa el gobierno del demos o del “pueblo”, es decir, de todos. Si bien a veces es conveniente tomar decisiones de acuerdo con el principio mayoritario, el poder de la mayoría también fácilmente se vuelve dictatorial e intolerante. Los Nazis, por ejemplo, gozaban de una amplia aceptación en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sus “mayoriteos” a favor de la aniquilación de todos los judíos, discapacitados, morenos y homosexuales no tenían nada ver con la democracia. La defensa de los derechos de las llamadas “minorías” forma parte integral del funcionamiento de cualquier sociedad moderna.

Hoy en México nos encontramos en una situación similar. Los mayoriteos del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Quintana Roo, por ejemplo, sirven para imponer la voluntad de un grupo de personas que compraron sus cargos y han dado la espalda a la mayoría de la sociedad. Se busca utilizar la vía “institucional” para doblegar a la voluntad general y poner a todo México al servicio de la oligarquía nacional y los intereses financieros internacionales.

Una excelente indicación del nivel de disfuncionalidad democrática actual es el perfil de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Si la clase política estuviera confiada en el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hubiera tenido que colocar a un grupo de tímidos burócratas que apuestan a limitar los “excesos en el cumplimiento de la ley” en materia electoral, como dijera el nuevo consejero presidente en una de sus primeras entrevistas. Una clase política sin miedo al mandato popular se hubiera atrevido a incluir aunque sea un par de consejeros con criterios independientes y sociales.

Es particularmente vergonzante que todo el proceso de selección de los consejeros electorales fue conducido por un diputado supuestamente de “izquierda” del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, y que los consejeros propuestos por aquel partido son personajes que en su momento avalaron abiertamente y con todo cinismo el fraude de 2006 y la compra-venta de 2012. El reciente pacto de desarme entre las “autodefensas” de Michoacán y las autoridades más corruptas del país tampoco es un buen augurio para el futuro de la institucionalidad democrática.

¿Algún día los mexicanos podremos volver a ver con orgullo a nuestros líderes políticos y autoridades electorales como dignos representantes de nuestros intereses? ¿Cabalgarán de nuevo Zapata y Villa? ¿Retornará el espíritu rebelde del general Cárdenas?

Twitter: @JohnMAckerman

www.johnackerman.blogspot.com

(Con información de: Proceso)

 

La justicia en Saltillo

poderes

Por: Apolinar Rodríguez Rocha

Mis lectores: he de comentar la forma déspota con que los tres Poderes del Estado de Coahuila han tratado la administración de justicia en Saltillo, Coahuila, basta visitar el edificio del Poder Judicial del Estado de Coahuila, aquel inaugurado hace casi década y media por don Ramiro Flores Arizpe, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y don Enrique Martínez y Martínez, Gobernador del Estado de Coahuila. La inauguración con pompas y brindis, fue denostada por los abogados de la ciudad, la denuncia no se hizo esperar el edificio se construía sobre el lecho de un arroyo.

Traigo esto al tema dado que la Justicia en Coahuila desde entonces a la fecha se ha impartido en Coahuila de una forma lastimera y en Saltillo, en específico, materialmente desde el arroyo.

El edificio del centro de justicia de Saltillo, a pesar de los reclamos se construyó e inauguró con gran inversión pública, difícil de superar; se presumía tal inversión que sonaba a mofa, toda vez que se asignó un precio exorbitante al suelo, cosa extraña ya que como digo se trataba del lecho del arroyo de propiedad federal.

Debemos presumir que tenemos un antecedente remoto en ese acontecer de la historia sobre la justicia hídrica, por aquello de la impunidad en tapar los arroyos en Coahuila desde entonces.

La cosa no queda ahí, por supuesto, la naturaleza cobró la factura donde se hundió el estacionamiento tragándose el carro de un muy estimado licenciado.

Caro empezó a cobrar la factura, el edificio comenzó a tener cuarteaduras a partir, estimo, del segundo año de su construcción.

Las condiciones actuales son peligrosas, tal vez Protección Civil debería hacer un estudio al respecto para garantizar la seguridad física del personal del Poder Judicial, y obviamente de los justiciables ciudadanos, y abogados litigantes. 

En fin, el edificio ha resistido incluso estallidos de granadas que todavía se observan en su fachada, extrañamente no reparadas tal vez para recuerdo memorable a la vista ciudadana, sus muros cuentan con agujeros bien elaborados de balas disparadas en refriegas del Periférico durante la pasada administración gubernamental.

Finalmente es de agradecer a Dios que se haya portado compasivo con el edificio y sus usuarios, a la fecha permanece en pie, mas no garantiza ni la seguridad física de sus usuarios, ni de sus empleados, las fracturas de sus muros ya superan los diez centímetros de separación (no de largo), el largo alcanza ya la totalidad de la construcción, por la puerta sur, se observan los parches en el muro de la puerta Oriente, la puerta norte corre la misma suerte.

Los nidos de murciélago en los ductos de aire acondicionado han vuelto a los empleados adictos, y a otros a redundando en alergias al guano por falta de limpieza y presupuesto. 

Sobre advertencia no hay engaño, por este medio, recuerdo la responsabilidad de los funcionarios, la seguridad de usuarios del sistema de justicia de Saltillo y la dignidad de la misma.

NI JUSTICIA NI PAZ

Rosa Esther

Horizonte Ciudadano

Por: Rosa Esther Beltrán

Recientemente se cumplieron 3 años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En esa conmemoración esta organización  manifestó que los mexicanos seguimos en medio de la guerra: las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones y el miedo. Y las víctimas, como en la administración calderonista, son borradas de la conciencia nacional.

Para el MPJD la realidad de violencia y corrupción que agobia a los mexicanos evidencia la inexistencia del Estado; “es una situación en la que la nación se pierde, la cual no cambiará, sostiene el colectivo, si no se presenta una profunda reforma del Estado y sus múltiples y obscuras corrupciones, una reforma que genere una nueva democracia, representativa y participativa”.

En este aniversario del MPJD Javier Sicilia y Julián LeBarón externaron que será la sociedad civil la que logre abatir la violencia y cambiar el rostro de corrupción, represión y autoritarismo que presentan las instituciones de este país, porque el cambio no vendrá de ellas.

Esta demanda sustantiva para encontrar la justicia y a la paz sigue siendo un reclamo incumplido que la clase política le niega al pueblo de esta nación; en este reclamo de refundación a las voces de las víctimas se suman las de los poetas y el pueblo invisible, humillado y negado por la delincuencia organizada y el Estado.

En  los primeros días de junio de 2011 el MPJD comienza un recorrido; la Caravana por el Consuelo de la que Sicilia describió que significaba que en cada kilómetro la esperanza de la justicia y la paz iba en los pasos por las zonas más adoloridas del País frente a la desolación humana y la indefensión de las familias de la víctimas que en muchedumbre se arrastran en el infierno y llegan a los templetes para gritar y reclamar su dolor y para romper su soledad al llamado de la Caravana.

La Caravana del MPJD llegó a Saltillo y la prensa local reseñó la displicencia de la población; 14 camiones y otros vehículos particulares transportaban a más de 600 personas, pero Saltillo parece que no lo está; quizá la población estaba ocupada en la elección de Gobernador y tal vez por ello mostró su rostro de indiferencia hacia las víctimas de esta tragedia que se  hace tangible en el grito, “ni un muerto más”; el obispo fray Raúl Vera acompañó a la Caravana y se presentaron historias que superaban cualquier ficción de terror, relatos que enmudecían a los presentes y les arrancaron lágrimas de tristeza, indignación e impotencia; ahí estuvieron los activistas de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila cuyos relatos aterradores no quebraron la indiferencia de las autoridades.

VANGUARDIA, relató lo que era sólo el inicio de un brutal inventario de injusticias, actos indignantes, penas inimaginables. Y otra teoría se asomó al gimnasio del Colegio Zaragoza: los saltillenses no quieren estar de frente al sufrimiento ajeno. Cuando hay que donar despensas para damnificados, regalar juguetes, colaborar con el Teletón, redondear por los enfermos de cáncer lo hacen. Pero darse a la tarea de escuchar —de viva voz— el sufrimiento, que exige más que sacar la billetera, Saltillo no quiere verlo a los ojos, ni oír sus palabras o sentir su tormento; esa fue la crónica.

Las víctimas siguen acumulándose en un olvido ominoso, los muertos se hacinan, los desparecidos se aglomeran, los desplazados alcanzan los 300 mil. Y desafortunadamente la fragmentación social cunde y en ella se apoyan los priístas y los otros partidos políticos para recuperar sus funciones de beneficiarios  y comparsas del poder.

Con el gobierno peñanietista confirmamos signos claros de retrocesos por aquí y por allá, como los de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones que instauran un Estado autoritario y que dificultan el ejercicio del derecho a la protesta; signos que desnudan el cinismo y que nos obligan a mantener viva la memoria como remedio para evitar que las historias de abuso del poder se repitan; es imprescindible tomar desde abajo el camino común de la justicia y de la paz (Javier Sicilia, Proceso 1952).¨

El Tsunami Ciudadano (1)

FotoSemblanza

Por: Alejandro Esparza Farías y Espinosa.

Desde una perspectiva corresponsable, el ciudadano estableció que existe un punto nodal en donde se enfatiza una profunda crisis, justo en el punto en donde debería existir unión en vez de escisión.  

Los parámetros de las funciones se han tergiversado, ya que se habla en términos de “poder y oprimido” o “gobernante y gobernado”, cuando debería de co-existir una terminología axiomática que no es discordante dentro del fenómeno de la Democracia; la relación sociedad-gobierno establecida desde roles similares. Para ello, la humanidad como entidad comunitaria debe renacer por medio de estrategias conjuntas que sean incluyentes, y en las cuales se habrán de ejecutar acciones enfocadas en lograr un despertar conciente, participativo, ordenado, justo y equitativo, no solamente electorero.

 

Más allá del consenso y superando las ideologías particulares de élite y exclusivistas, en México deben desprenderse corrientes que decanten en su activismo ciudadano puntos convergentes, estratégicos y vinculados, por medio de los cuales todos nos reunamos para encontrar soluciones, construyendo estructuras que representen soluciones inmediatas y tangibles hacia una sociedad lamentablemente cada vez más adormilada y conformista.

 

Es indispensable respetar nuestras diferencias, sobre todo cuando sabemos de antemano que existen problemas que nos conciernen e involucran a todos y que deben resolverse en conjunto no solamente desde una aparente democracia representativa o burocracia institucional. Por lo tanto de allí la inminencia del empoderamiento del ciudadano común en la administración pública y no nada más el de “cuello blanco” que se ensucia el “versace” comprado con erario público pero presumiendo una transparencia que no aplica o desvirtúa a su conveniencia y antojo.

 

Podemos –y debemos– transformar la mentalidad común del ente humano caminante que muchas veces organiza sus “proyecciones” desde el concepto: “a ver dónde me puedo quedar o a ver qué me toca”. No, eso nos enrola en un circulo vicioso que a la vez pernicioso nos corrompe y entorpece: hay que cincelar firmemente una piedra fundacional en donde quede inscrita la frase: El mandante soy yo.

 

Dejar que las cosas fluyan en mi mente partiendo desde un punto de reconciliación, me trae la paz, que entonces es la que voy a compartir –en la medida de lo posible- a los demás, ejerciendo tolerancia, respeto… comprensión (más el paradigma de la solidaridad).

 

En el caso que nos ocupa, llamamos al Tsunami ciudadano como ejemplo de ola participativa y oportuna. Clara, concisa y eficaz para lograr un ejercicio de limpieza y acción desde el interior mismo de cada institución gubernamental, pero no como vigilante únicamente, sino como organismo plural, representativo y congruente, capaz de auto gobernarse.

 

Tampoco nos referimos sucintamente a la desaparición de los llamados “partidos políticos” y sus adherentes, (cuestión  nada descartable) sino que citamos puntualmente el llamado de la historia actual con repercusiones en el futuro para formar parte de ese Tsunami, el cual, siendo ciudadano, equilibre al sistema estructural público desde sus raíces, de un sistema de gobierno auténtico y comprometido, mucho más allá del discurso demagógico y los recursos que nos cuesta y compromete a través de deudas adquiridas sin el consentimiento de nadie, (por ejemplo).

 

Ellos, los políticos y funcionarios electos o no, gastan el dinero público sin pudor ni vergüenza y por tanto es, –ENFATIZANDO- el momento histórico de establecer un verdadero equilibrio de poderes tal cual queda establecido en la Constitución Federal de 1917, incluyendo de manera natural la relación Mandatario-Mandante.

 

Debemos establecer principios coadyuvantes entre ambos conceptos, ya que el Primer Poder le pertenece al ciudadano común, a todos, a la polis, no a un solo sujeto investido por antonomasia ni a un régimen partidista y absurdo que olvida sus postulados de servir a la patria.

 

El Tercer Encuentro Nacional Ciudadano realizado en Monterrey en fechas pasadas, arrojó entre muchas otras cosas que iremos compartiendo, la conciencia de que el ciudadano es, desde su propio circulo concreto, el jefe de quienes “rigen” la vida de la nación”. La denuncia ciudadana es: VAMOS A SER AUTÓNONÓMOS, y haciendo una paráfrasis de doña Rosa Esther Beltrán: Unidos somos uno. De allí el primer acercamiento -amable lector-, hacia lo que para muchos está significando el re valoramiento de la palabra democracia participativa y directa.

 

(Memorias del 3er. Congreso Nacional Ciudadano. Febrero 2014).

 

Publicado originalmente en el catorcenario Espacio 4, número 478.

 

 

 

 

 

DE LOS HECHOS HUMANOS

Rosa Esther

HORIZONTE CIUDADANO

Por: Rosa Esther Beltrán

 

Saltillo.- ¿Y tú, trabajas? No, estoy en mi casa. La pregunta es muy común e igualmente su respuesta; y ambas revelan que en la conciencia colectiva  persiste la idea prehistórica de que las mujeres nacimos para estar en casa, haciéndonos cargo de las tareas domésticas y que salir a trabajar, es cosa de hombres.

Esta división del trabajo refleja las diferencias físicas entre los sexos; ellos son fuertes y valientes, ellas dependientes y débiles; pero las investigaciones antropológicas revelan que ese enfoque sociobiológico corresponde más a una ficción que a la realidad histórica, ya que da por sentado una conducta universal innata y natural, genéticamente programada en los humanos, lo cual  es inexacto, porque deja de lado que hay muchas conductas universales que son aprendidas, de acuerdo a los contextos culturales de los que se trate.

No obstante, el enfoque sociobiológico está muy arraigado, tiene muchos seguidores, ya que es una perspectiva que se acomoda perfectamente al machismo, porque le da un sustento pseudocientífico a sus expresiones más extremas, como la promiscuidad, la posesividad, los celos, la violación, entre otras.

Muchos hombres justifican sus encuentros fortuitos u ocasionales de relaciones extra pareja por la convicción de que ellos son por naturaleza promiscuos; hablan de su sexualidad como si se tratara de un imperativo biológico, incuestionable, natural, inherente a su condición masculina y hasta se piensa que ésa es la jerarquía de los sexos y transgredirla llevaría al caos a la sociedad; en realidad, los criterios biológicos han sido una arma magnífica de los conservadores a ultranza cuyo afán es mantener el status quo de dominio.

Todavía hoy existen médicos e intelectuales que se basan en la ciencia para argumentar que las mujeres no deben estudiar ni trabajar fuera del hogar, porque eso afecta negativamente su salud física y mental; pero actualmente sabemos que las mujeres que laboran fuera del hogar presentan mejores índices de bienestar psicológico, que generar un ingreso aumenta su autoestima y mejora su estado de ánimo.

El enfoque sociobiológico es esencialista, atribuye a mujeres y hombres características fijas e inamovibles, los encierra en roles polarizados y en esa lógica, los hombres sensibles son afeminados, las mujeres racionales y asertivas son masculinas; los varones son duros e implacables, rechazan toda debilidad humana; las mujeres, en esa óptica, son sensibles e irracionales, de manera que, ambos sexos son estereotipados, definidos con rigidez, de forma que cualquier variación es objeto de censura y agresión; la reproducción de estos estereotipos generan violencia especialmente hacia las mujeres.

El sábado pasado conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y en México esta fecha tropieza de nuevo con una realidad de discriminación e injusticia. Para millones de niñas, jóvenes y mujeres adultas, ser mujer puede representar un peligro de muerte; aquí seis mujeres son asesinadas cada día y las autoridades no tienen un minuto que ofrecer para resolver esta tragedia que representa una vergonzosa falla de los gobiernos hacia su obligación de proteger el derecho humano a la seguridad y a la vida.

No hay excusas. El gobierno de México de los tres niveles, debe actuar ya para detener la epidemia de violencia a la que se enfrentan las mujeres. Las persistentes desigualdades sociales y de género son las principales causas de las alarmantes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en la región, entre otras: mortalidad materna previsible, infecciones de transmisión sexual, así como de la falta de respuesta a las necesidades de planificación familiar, particularmente de poblaciones vulnerables, las que viven en pobreza, en áreas rurales, indígenas, adolescentes, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En México persisten las resistencias ideológicas y económicas que afectan la política pública para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, especialmente en los gobiernos estatales, a los que las autoridades federales dirigieron recursos que crecieron 10 veces en los últimos seis años, al pasar de 160 mil dólares anuales a un millón 600.000 dólares que recibirán en 2014 y los gobernadores prefieren regalar flores u organizar bailes contra la violencia hacia las mujeres, así las distraen pero nada cambia. Por eso, nada que festejar y sí, no dejar de luchar.

 

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