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ONU PRESIONA A LEGISLADORES PARA LEY DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA

México, D.F. (Proceso)

Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a legisladores federales y locales a emitir una ley general de declaración de ausencia para desaparecidos, similar a las decretadas en los estados de Coahuila y Querétaro las cuales favorecen a los familiares de las víctimas en la realización de trámites patrimoniales y civiles.

Durante el Foro de Discusión sobre la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, Alan García Campos y Santiago Corcuera Cabezut, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, respectivamente, coincidieron en que ante la “crisis humanitaria” derivada de la guerra contra el narcotráfico, lanzada con Felipe Calderón y continuada con Enrique Peña Nieto, es urgente atender los problemas de índole económico y patrimonial por la ausencia de personas que son el sustento de sus familias.

Los representantes de la ONU resaltaron que la figura jurídica de “ausencia por  desaparición” ha sido aplicada en países donde las dictaduras militares heredaron miles de desaparecidos, figura que ha permitido a familias de víctimas exigir justicia de forma digna.

En nombre de la OACNUDH, García Campos hizo un reconocimiento a los Congresos de Coahuila y Querétaro para legislar en materia de ausencia por desaparición e hizo un “llamado respetuoso al Congreso de la Unión y al resto de las entidades federativas para que legislen en la  materia y a la brevedad se cuente en todo el ámbito nacional con una legislación semejante”.

Las legislaciones sobre “declaración de ausencia por desaparición” respeta los derechos jurídicos del desaparecido así como a sus familias de acceder a beneficios laborales y patrimoniales de la víctima en tanto no sea localizada, declaración que debe ser emitida por un juez a petición de los familiares de la víctima con base en investigaciones judiciales abiertas para su localización.

En el foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) García Campos insistió en que “lo que se necesita es una ley general que deberían integrar la multidimensionalidad de la desaparición,  lamentablemente en el espacio público se ha hecho exponer como si la ley solamente se redujera a un objeto y a un propósito de establecer lo relativo a prestaciones laborales;  ciertamente habrá supuestos en que no todas las personas se verían identificadas pero creo que en esa lógica lo menos que podemos hacer es mantener un sentido de solidaridad con quienes sí”.

El especialista de la ONU, Santiago Cabezut recordó que el primer país en el que se legisló la presunción de ausencia por desaparición fue Argentina, ejercicio emulado por Chile y Perú, por lo que “México llega tarde al reconocimiento de los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familiares, primero con la Ley General de Víctimas que refiere la obligación de las legislaturas locales legislar sobre la declaración de ausencia por desaparición, por tratarse de un tema de índole patrimonial y por tanto del orden civil”.

Luego de que el plaza fijado por la LGV para las legislaciones locales venció en abril pasado, Corcuera Cabezut apuntó que hasta ahora sólo Coahuila y Querétaro han impulsado esas leyes gracias a las organizaciones de familiares de víctimas con la orientación de personal la OACNUDH. En el caso de Coahuila la ley se decretó en mayo y en Querétaro en febrero.

Asesor en la confección de las leyes existentes, al término de su participación, en entrevista Santiago Corcuera resaltó que esas legislaciones “no se refieren únicamente a la desaparición forzada (atribuida a agentes del Estado) sino a la declaración de ausencia por desaparición posiblemente ocasionada por particulares o sea agentes delincuenciales”.

El académico de la Universidad Iberoamericana reconoció que hasta ahora las leyes sobre declaración de ausencia por desaparición se han topado con las “objeciones por parte de agentes particulares que dicen que ellos por qué han de tener que pagar el costo de la desaparición por ejemplo los empleadores que van a tener que seguir pagando un salario, o tener que suspender los efectos del crédito, aseguradoras que tienen que pagar el monto del seguro sin que tengan un acta de defunción.

El experto de la ONU atribuyó a la “holgazanería” de los legisladores locales la falta de legislaciones locales sobre este tema. “Los legisladores locales tienen que sacar sus respectivas leyes de declaración de ausencia, con 14 ó 15 artículos bastan, esto no es la gran complicación, además ahí están los ejemplos de Coahuila y de Querétaro, la oficina de ONU para brindar asesoría, si no lo han hecho es por holgazanería”.

Yolanda Morán de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) llamó al gobierno federal a crear mecanismos que den respuesta a la “tragedia humanitaria” que significa la desaparición de personas.

“Así como hay recursos y estrategias para dar respuesta a las víctima de desastres naturales, como el Plan DN-III, así debe crearse un plan de ayuda para el desastre que ha significado el combate al crimen organizado durante al menos los últimos cinco años”, dijo la activista y madre de un joven desaparecido en 2009 en Torreón, Coahuila.

Morán sugirió la creación de una Ley General de Desaparecidos que procure la protección integral de víctimas y sus familias, y reconoció la labor de la oficina de la ONU para asesorar en la creación de las legislaciones sobre presunción de desaparición también en Nuevo León.

#COAHUILA ES ESTADO CON MÁS AGRESIONES A PROTECTORES DE MIGRANTES

Los centros que apoyan a los migrantes que cruzan México sufren violencia del crimen organizado y de las autoridades por su defensa y apoyo de las personas en tránsito. Para los defensores la razón principal es que al proteger a los migrantes se hace mella contra el crimen organizado.


El estado de Coahuila presenta el mayor número de agresiones contra defensoras y defensores de migrantes y contra los albergues y refugios. Así lo señala la red de organismos civiles Todos los derechos para Todas y todos (TDT), que agrupa organizaciones de la sociedad civil de varios estados de la República, la cual reportó entre sus afiliados 12 casos de agresiones a albergues o refugios para migrantes, o parte de su personal, entre 2011 y 2013.

Sobre la situación en el estado de Coahuila, la red de organismos civiles resalta que desde el año 2009 la Casa del Migrante de Saltillo ha sido objeto de amenazas constantes y hostigamiento. De igual forma, el Padre Pedro Pantoja, su antiguo director, fue víctima de agresiones que oscilaron desde llamadas amenazantes, intervenciones telefónicas, hasta el allanamiento de sus oficinas en el Obispado. A La Casa del Migrante le atacaron sus instalaciones eléctricas, ha sido apedreada, allanada, les han robado documentos de procesos de defensa penal, e incluso en 2012 un periódico local publicó una nota asegurando que allí se refugiaban criminales. Hasta un diputado, Carlos Ulises Orta, presentó un punto de acuerdo para regular el funcionamiento de la Casa del Migrante, “criminalizando con esto el trabajo humanitario y de derechos humanos que se realiza”, según especifican desde la Red TDT.

A principios del año pasado, se recibió en la Casa del Migrante una carta con amenazas, solicitándose inmediatamente la presencia de autoridades. Sin embargo, las rondas de vigilancia acordadas con el gobierno estatal tardaron en llegar. Su director actual, Alberto Xicontencatl califica de “teatro” la política de proteger a los defensores.

“Desde 2009 empeoró la situación para los migrantes y para los albergues y centros de defensa, y aún no ha mejorado. Si no hemos recibido nuevas agresiones en los últimos meses es porque nosotros hemos ido mejorando las estrategias, los defensores en el noreste de este país sabemos que acudir a las autoridades no sirve, porque no hay estado”, explica.

Para él los defensores se volvieron también blanco de las agresiones del crimen organizado porque es “la asistencia humanitaria la que está haciendo mella en los cárteles que controlan las extorsiones a migrantes y la trata de personas. Antes la liberación de un migrante eran 300 dólares ahora son tres mil, alimentar a una persona migrante o hacer denuncias es darle protección y esto es arrebatarle a la delincuencia organizada gente que significa entradas económicas”, asevera Xicotencatl en una conferencia de prensa de las agresiones a defensores organizada por la Red TDT.

En el caso del Centro que dirige Xicotencatl, la CNDH canceló las medidas cautelares recientemente al no repetirse amenazas graves en su contra en los últimos meses.

16 albergues cuentan con medidas cautelares por amenazas de muerte

En este contexto de agresiones a defensores de derechos humanos, cabe recordar que México cuenta en la actualidad con 61 albergues y casas del migrante en todo el país, la mayoría como parte de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, de los cuales 16 cuentan en la actualidad con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por amenazas de muerte, agresiones y/o allanamientos por parte del crimen organizado o incluso de las propias autoridades.

Ante la falta de eficacia de éstas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipuló cinco más, como recoge en su Informe sobre Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México presentado esta semana. En él se recogen las vulneraciones a los derechos de los indocumentados en el país que van desde lesiones hasta asesinatos pasando por detenciones arbitrarias o secuestro, así como las que sufren las personas y organizaciones de la sociedad civil que los apoyan. “Es una crisis humanitaria de gravedad tal que es un problema de estado”, señaló el Relator Especial de la CIDH para la migración, Felipe González.

La violencia contra los migrantes también salpica a sus defensores que sufren amenazas, hostigamientos, agresiones físicas, allanamientos para amedrentarles o secuestrar migrantes, y hasta asesinatos. En 2007 torturaron y asesinaron a Santiago Rafael Cruz, quién investigaba hechos de corrupción por parte de reclutadores de trabajos agrícolas y en 2008 a Raúl Ángel Mandujano, director de Atención de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur. La falta de medidas de protección, subraya la CIDH, ha llevado al exilio a defensores de migrantes y ha comportado el cierre de al menos cuatro centros entre 2009 y 2012, en Chiapas, Estado de México y Tamaulipas.

Aunque la mayoría de las agresiones vienen de parte del crimen organizado, la CIDH documentó casos donde fueron funcionarios públicos los responsables de las amenazas.

De pedófilo, de lucrar con los migrantes o de proteger a criminales, fueron solo algunos de los insultos que le profesaron 30 policías adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al padre Luis Kendzierski, al intentar ingresar sin orden judicial a La Casa del Migrante en Tijuana. Y amenazaron al sacerdote y la abogada. Como éste se reportan varios casos.

Aniversario de la masacre de San Fernando

Por otra parte, para conmemorar la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, –cuyo cuarto aniversario es este sábado 23–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un acto homenaje que reunió a diversos especialistas como el padre Alejandro Solalinde, la académica Leticia Calderón o el responsable sobre migración para el Tribunal Permanente de los Pueblos, Camilo Pérez Bustillo.

Este tribunal internacional y popular publicó sus conclusiones sobre el caso entre las que destaca el señalamiento a México, Estados Unidos y los países de origen de los migrantes asesinados por “la responsabilidad que en esos hechos tienen” al considerarlos “corresponsables de una política de persecución y exterminio”, por fallar en sus obligaciones de prevenir violaciones generalizadas a los derechos de migrantes en tránsito. Igualmente anunciaron que llevaran el caso ante tribunales internacionales por crímenes de estado y de lesa humanidad.

(Con información de: Animal Político)

 

22 mil 322 personas no localizadas en #México

Durante una conferencia de la PGR se informó que tras depurar las listas de personas no localizadas en coordinación con las entidades federativas, actualmente se trabaja en el hallazgo de 23 mil 322 personas.

México, D.F. (PGR) Durante una conferencia de la Procuraduría General de la República (PGR), se informó que tras depurar las listas de personas no localizadas en coordinación con las entidades federativas, se trabaja en el hallazgo de 23 mil 322 personas.

La subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, Mariana Benítez, refirió que la actual administración federal recibió con corte al 30 de noviembre de 2012, un total de, 26 mil 121 registros de personas no localizadas. Posteriormente, luego de la actualización acordada con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, dicha cifra se llegó a incrementar hasta 29 mil 707 personas no localizadas.

La funcionaria afirmó que “como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada”, se reportó que al 31 de julio de 2014 se han localizado 17 mil 175 personas de esa lista, de las cuales 16 mil 274 se encontraron con vida.

De esta forma, aún continúan las acciones de búsqueda de 12 mil 532 personas de esa primera lista con registros originados en la administración anterior.

Sin embargo, en lo que se refiere a los registros ingresados a partir del 1º de diciembre de 2012, con corte al 31 de julio de 2014, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas han reportado a esa fecha, la localización de 13 mil 444 personas, de las cuales 12 mil 821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento.

Por lo tanto, se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790 personas no localizadas en este sexenio.

Sumando las dos cifras anteriores, las personas no localizadas sobre las cuales se presentó una denuncia entre la administración anterior y la actual, totalizan 22 mil 322.

 

Las personas consideradas no localizadas son todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero, luego de un reporte hecho ante la autoridad a través de una denuncia presentada ante la misma.

“Se puede desconocer el paradero de una persona por diversas causas. Entre las más comunes se encuentran las siguientes: la ausencia voluntaria, la ausencia por problemas domésticos, la privación ilegal de la libertad, la migración dentro del territorio nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, el fallecimiento, o bien, por ser víctima de algún otro delito”, afirmó Benítez.

Las cifras anteriores corresponden con la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que puede consultarse en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El RNPED muestra una sola base con los datos del total de personas no localizadas correspondientes a ambos periodos, integrada por la PGR a partir de la información que proporcionan las procuradurías de Justicia y fiscalías de las entidades federativas. En él se pueden consultar los datos de personas no localizadas por sexo, edad, nacionalidad, etnia, señas particulares, condición de discapacidad, así como por entidad federativa y la fecha o lugar en que se registró la desaparición.

Por protección de datos personales y según lo dispuesto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la consulta de registros no despliega información como el nombre y domicilio.

La integración de la base de datos se inició a partir del año 2011, fecha del referido acuerdo suscrito en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformada con la información proporcionada por las procuradurías y fiscalías locales.

Benítez afirmó que esta base de datos mantiene una dinámica de actualización y depuración permanente y activa. Además agregó que la base no había sido depurada ni actualizada desde su conformación.

Anunció también que se avanza en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente que incluye, entre otras, las siguientes acciones:

Primero, la implementación por parte de la PGR del software Ante mortem – Post mortem derivado de un convenio suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto para la recopilación de información útil de personas no localizadas sobre sus datos, características y señas particulares que nos permitan su localización con vida como para la recopilación de información forense de personas fallecidas sin identificar, a fin de vincular la información que nos permita su localización e identificación.

A la fecha, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal están en proceso de implementación de dicho software y próximamente otros estados se sumarán a este esfuerzo.

Segundo, el establecimiento de una Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas la cual está conformada al día de hoy por 160 funcionarios.

Tercero, la creación de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y de unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, las cuales tienen, entre sus funciones, localizar el paradero de las personas que estamos buscando prioritariamente con vida, conducir las investigaciones ministeriales para determinar la existencia de posibles delitos, así como brindar atención y protección a los familiares de las personas no localizadas.

Cuarto, el impulso de acciones de fortalecimiento de las capacidades periciales de los servicios médicos forenses de todo el país. Destaca el despliegue de 95 laboratorios móviles de la PGR que sirven de apoyo a las fiscalías y procuradurías locales en estas tareas de investigación.

Quinto, fortalecimiento de mecanismos de búsqueda ya existentes como el programa de Alerta Amber para la localización de niñas, niños y adolescentes; ello a través de convenios como el que se suscribió con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) a fin de sumar a sus afiliados en la difusión de la alerta, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que faciliten que la ciudadanía solicite la activación de la alerta, la creación del sitio web oficial y la transmisión en redes sociales.

Sexto, se trabaja en el diseño de un dispositivo de búsqueda urgente para la localización de personas cuyo paradero se desconoce, así como en la creación de un Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas No localizadas, el cual se espera tener aprobado por las procuradurías y fiscalías del país en un breve plazo.

Séptimo, la realización de esquemas de capacitación para ministerios públicos, agentes de investigación y peritos en materia de investigación de delitos así como en las tareas para la búsqueda y localización de personas cuyo paradero se desconoce. En esta labor se continúa trabajando con las universidades del país para suscribir convenios a fin de que éstas coadyuven en la profesionalización de dichos funcionarios.

También, se ha capacitado al personal que conforma los grupos de trabajo de todas las fiscalías y procuradurías del país encargados de actualizar y depurar las bases de datos locales.

Octavo, la celebración de audiencias y reuniones con familiares de las personas no localizadas a fin de informar de manera continua y periódica los avances en las investigaciones iniciadas en la PGR y en otras instancias de procuración de justicia.

(Con información de: Animal Político : Paris Martínez (@paris_martinez) y Daniela Rea (@danielarea) / Edición de video: Francesc Messeguer (@elmesseguer) / Diseño: Mariana Hernández (@mariana1hdzc)

#MÉXICO: LA INFANCIA ABANDONADA

México está rezagado en materia de derechos de la infancia, aún cuando firmó la Convención sobre los Derechos del Niño hace 24 años, el Estado ha dejado la agenda de las garantías de los menores de edad en el tema de la asistencia social, aspecto que ha rebasado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“México tiene un grave rezago en materia de derechos de la infancia, aunque firmó la Convención hace 24 años no ha hecho prácticamente ningún cambio. Si se revisara qué cambios legales, de diseño institucional se han hecho, no hay ninguno […] En el caso del Sistema DIF, entre 62 y 74 tuvo una transformación y eso hace que del 77 a la fecha el Sistema DIF no haya cambiado. Ya pasó la convención hace 24 años, estamos en el 2014, es decir ya tenemos la época del Internet y no ha cambiado”, dijo en entrevista para SinEmbargo Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Redim.

A decir de Pérez García, el gobierno mexicano tiene el reto de superar una estructura cultural compuesta por tres errores de pensamiento sobre el derecho de la infancia: El primero es que el Estado considera que todo es culpa de las familias. “Un chico callejero, alguien que trabaja, una adolescente embarazada, alguien que cometió una infracción a la Ley, lo automático, lo que todo mundo piensa, lo que los funcionarios y funcionarias municipales, estatales y federales piensan es que es responsabilidad de la familia, no hizo su tarea, fueron irresponsables. Y es cierto, hay una participación de la familia, pero la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el garante de los derechos es el Estado”, precisó el especialista.

Indicó que esto debe hacernos cuestionar a las autoridades sobre qué tipo de políticas implementaron para prevenir estos casos y no actuar sólo cuando los menores de edad se ven expuestos a una situación de vulnerabilidad. “El Estado no se ha hecho cargo de eso, porque hay un segundo error de pensamiento: El Estado sólo interviene cuando los niños son víctimas o son victimarios. Esto es una renuncia a la prevención. Y hay un tercer error de pensamiento: que toda la infancia es vulnerable y en consecuencia objeto de asistencia”, comentó el representante del organismo civil.

EL ABANDONO

A raíz del escándalo que suscitó el operativo federal en el albergue La Gran Familia, que Rosa Verduzco, mejor conocida como “Mamá Rosa”, dirigía en Zamora Michoacán, salieron a la luz las condiciones insalubres e inhumanas en las que vivían cientos de menores de edad privados de sus cuidados parentales. El caso también evidenció el abandono del Estado mexicano hacia los niños y adolescentes que se encuentran en este tipo de lugares, los cuales carecen de supervisión.

En esto han coincidido tanto organismos nacionales como internacionales. Dos días después del cuestionado operativo en el que policías federales apoyados por soldados entraron al albergue La Gran Familia para liberar a 458 niños que, dijeron, eran obligados a mendigar y en algunos casos habrían sufrido abuso sexual, la Unicef exhortó al gobierno de México a “colocar en el centro de la agenda nacional la necesidad de revisar los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar, tomando como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)”. Por su parte Save The Children recordó que la obligación del Estado es proteger contra toda forma de “abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, o explotación, incluidos el abuso sexual”, a niños, niñas y adolescentes como lo estipula la Convención.

El organismo internacional indicó que la institucionalización o internamiento de menores en casas hogares o los albergues debe ser el último recurso toda vez que se han agotado las posibilidades de cuidado familiar, y su estancia debería durar el menor tiempo posible. Al respecto, Pérez García dijo que “el Estado mexicano ha abandonado paulatinamente su responsabilidad de atender a niños y niñas sin cuidados parentelas”. “El 80 por ciento de los niños que están en instituciones, son en instituciones privadas, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y otras que hacen su esfuerzo cada quien como puede de conseguir dinero por todos lados, muchas lo hacen en sobrevivencia, trata de hacer lo mejor posible, pero al no tener el respaldo del Estado, al no tener supervisión pues llegamos a estos escenarios como el de Zamora”, comentó el especialista.

Detalló que la Convención de Naciones Unidas es un instrumento que obliga a los estados firmantes, como es el caso de México, a hacer un nuevo rediseño en su forma de trabajo para poder atender y garantizar los derechos de los niños.

Indicó que esta convención tiene un órgano de tratado compuesto por 18 expertos que ayudan a los estados a interpretar la convención, orientan cómo tendría que ser la aplicación. Dijo que los especialistas han desarrollado observaciones generales, en una de las cuales establecen la necesidad de crear sistemas de protección integral.

“Esencialmente son mecanismos de coordinación alto nivel que permitan la articulación de los esfuerzos del Estado en sus diferentes versiones: gobiernos federales, estatales, municipales y las distintas secretarías de Estado”, explicó.

“Hago alusión a ello porque México no ha cumplido con esa tarea. México lamentablemente ha dejado la agenda de infancia en la asistencia y no hay ningún mecanismos de coordinación de alto nivel que permite articular el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública que atiende a 27 millones de niños y adolescentes tampoco ningún mecanismo que articule la Secretaría de Salud o Desarrollo Social incluso con el propio Sistema de Asistencia DIF, de manera que cada quien está siendo lo que entiende, lo que puede, pero no hay una articulación de política pública”, agregó.

De acuerdo con el representante de Redim, México necesita un Sistema Nacional de Garantías que permita crear este sistema de coordinación. Señaló que este sistema debe contener un apartado de protección especial, “que es la asistencia, DIF tendría lugar dentro de ese sistema como quien se encargue de estos temas de protección especial junto con otros”. “Lamentable el Estado de mexicano como no ha hecho esta tarea, en automático todo los temas de infancia le tocarían al DIF, pero está totalmente rebasado. No es la alternativa ponerle más dinero, fortalecerlo para seguir atendiendo todas las problemáticas. Es necesario tener una nueva institucionalidad, una nueva forma de organización para que se articulen las secretarías de estado de los distintos niveles de gobierno y todos en sinergia usen sus recursos etiquetados, usen sus programas y los homologuen”, afirmó.

LOS PENDIENTES 

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó que parte del camino para atender los rezagos en los derechos de niños, niñas y adolescentes es “entender que la garantía del derecho es del Estado a través de políticas públicas y que tiene como gran aliado a las familias”. “Es necesario desarrollar políticas públicas para fortalecer a las familias, a todas no sólo a las familias pobres, a las ricas a las rurales o a las urbanas. Por eso es tan importante que el Estado tenga políticas para todos, sin discriminación, y esto se traduce en desarrollar acciones preventivas […] por ello la importancia de tener un mecanismo de coordinación que siente a los secretarios de Estado”, explicó Pérez García.

Indicó que otro tema es realizar una reforma legislativa en base a los cambios logrados en 2011 en el Artículo 73 constitucional que permite que el gobierno federal y entidades federativas puedan tener articulación entorno a los derechos de la infancia. “Antes esto era sólo competencia de los estados, por eso es que tenemos 32 leyes de derechos de niños y niñas distintas, todas malas, pero distintas ( … )  necesitamos a partir de esta nueva legislación una Ley General de Derechos de Niños y Niñas que permita crear el sistema de garantías que a su vez va a verse reflejado en cada una de las 32 entidades”, refirió.

Al emitir su posicionamiento sobre la situación en la que vivían los menores en el albergue de La Gran Familia, la Unicef desde 2006 manifestó su precupación por la falta de información sobre el número y las condiciones de vida de los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones. En este contexto, Pérez García afirma la necesidad de contar con una Ley General de Cuidados Alternativos y un Sistema de información Único a nivel nacional “que nos permita conocer a todos esos niños: cuál es su edad, su situación jurídica, su integridad física y saber sobre todo cuándo van a dejar de estar las instituciones y por supuesto requerimos luchar contra la impunidad”.

En 2011, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó, por primera vez, un censo de albergues públicos y privados. Según dicho conteo, para entonces había en el país 633 centros asistenciales resguardando a 18 mil 218 niñas y niños. Del total de albergues registrados entonces, 540 eran privados y 93, públicos; es decir que por cada albergue público que atendía a niñas y niños sin cuidados parentales, había seis albergues privados.

De acuerdo con datos estadísticos de ese censo, proporcionados por el DIF en respuesta a una solicitud de información pública hecha por SinEmbargo (folio 1236000030713), en seis estados sólo existían albergues manejados por particulares. Se trata de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Michoacán. Además, en Jalisco había 103 centros de asistencia privados, lo que superaba diez veces la cantidad de centros públicos, que sumaban diez.

Ante ello, el director ejecutivo del Redim dijo que “en el 2010 el INEGI ubicó a más 28 mil 600 niños en hogares colectivos, sobre este dato al mismo tiempo INEGI da cuenta de 600 instituciones de cuidado. Nosotros hacemos un cálculo de 30 mil”.

Al respecto, la Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) reporta que en México, se identifican aproximadamente 412,456 niñas y niños privados de cuidados parentales, de los cuales cerca de 29,310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad. “El asunto clave es que quien tiene que darnos esa información es el Estado y no hay un Sistema de Información Único que permita tener esto […] Otro detalle importante es que estamos hablando de albergues conocidos, pero hay muchos adolescentes que están encerrados en estos ‘centros de rehabilitación’ ‘granjas’ y ‘anexos’ bajo la lógica aparente de atender sus adicciones que tampoco son supervisados. Y estos establecimientos es conocido que están sustentados en la tortura, los malos tratos como base de su supuesto tratamiento”, declaró Pérez García.

Cuestionado sobre este alto número de menores privados de su medio familiar, dijo que aunque se trata de varios temas de carácter estructural, el principal de ellos es la pobreza en la que vive el 47 por ciento de la población y la pobreza extrema que padece el 23 por ciento de los mexicanos: “Hay condiciones de precariedad que hacen que muchas familias por más esfuerzos, por más intentos que hagan no logran cubrir las necesidades de sus hijos. Esto también tiene un tema de carácter estructural, las políticas de acompañamiento a las familias y sus derechos sexuales y reproductivos no siempre están homologados. A veces una cosa tan simple como poder tener accesibilidad al servicio de salud para poder tener control de natalidad en los lugares donde sabemos que hay esta problemática, no se puede dar”, opinó.

Asimismo agregó otro elemento: “Estamos viendo un tránsito en las lógicas de familia. La idea de mamá, papá e hijos ya está cada vez siendo mucho más pequeña, no hay todas las condiciones para poder quedarse con ese modelo, tenemos ahora muchos modelos de familias extensas, familias reconstituidas, familias homoparentales. Entonces no hay políticas para atender a las familias tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. El mejor lugar para que un niño y niña se desarrolle es la familia. Por ello el Estado tiene que desarrollar políticas para apoyar a las familias así de diversas como son para que los niños y niñas puedan estar ahí. De igual forma hablemos de las ‘cifras dramáticas’ que ha dejado la inseguridad en los últimos ocho años. “[Hablamos] de cien mil asesinatos en el marco de la lucha contra el crimen organizado, 27 mil desaparecidos, y si de manera muy básica hacemos este calculo por el mismo número de familias estamos hablando de miles de familias que quedaron en pérdida de padre y madre”, dijo el integrante de Redim, quien criticó que el Estado no haga política pública para hablar con niños y niñas sobre lo que están viviendo; “esto se traduce en vínculos afectivos muy frágiles, que muchos incluso estén desplazándose por miedo y para garantizar su integridad”, afirmó.

(Fuente: SinEmbargo.MX)

“Nuestras hijas están muertas”: madres de desaparecidas en #SLP

La inconmovible actitud de un enfermo de soberbia:

El gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, calificó como “grotesca” la protesta realizada por madres de menores desaparecidas en contra de la coordinadora estatal de Alerta Ámber, Cristina Hurtado Barrera, luego de recibir un reconocimiento por su trabajo.

El pasado viernes 25, el cabildo realizó una sesión solemne a puerta cerrada para galardonar a Hurtado Barrera. El alcalde Santiago Ledezma Cano fungió como anfitrión y entre los invitados y testigos de honor estaba Toranzo Fernández y algunos de sus más cercanos colaboradores, entre ellos los titulares de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del estado.

En la sesión solemne irrumpió un grupo de madres cuyas hijas desaparecieron y reclamaron que desde 2010 los propósitos de Alerta Ámber –establecer mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave a su integridad por motivo de desaparición— no se cumplieron en el caso de sus hijas.

Desde ese año, cuatro niñas y una joven mujer desaparecieron y fueron asesinadas en el municipio de Tamuín, ubicado en la Huasteca Potosina.

Las madres de tres de ellas supieron a inicios de este mes sobre la localización de los cuerpos de sus hijas quienes fueron víctimas de Filiberto Hernández Martínez un feminicida, quien fue detenido, tras meses de investigación realizada –dijeron—por  ellas mismas.

Hernández Martínez secuestraba a las pequeñas, abusaba de ellas y finalmente las privaba de la vida.

Graciela Pérez, quien desde agosto de 2012 denunció la desaparición de su hija de 13 años, y tres jóvenes más en la carretera Valles-Mante, también irrumpió en la sesión solemne y junto con las otras madres, reclamó al gobernador la entrega de un galardón a Hurtado Barrera, quien –denunciaron– se desempeñó como directora de la Policía Ministerial del estado cuando iniciaron las desapariciones en Tamuín, San Luis Potosí.

Las madres calificaron como “un circo y una burla para la memoria de sus niñas y para el sufrimiento de las familias” el galardón.

“¿Qué festejan si nuestras hijas están muertas?” preguntaban en voz alta en la sesión a la que el secretario de Seguridad, Joel Melgar Arredondo  y algunos elementos trataron de impedirles el paso a pesar de que estaban invitadas.

La señora Graciela Pérez reprochó el nulo apoyo por parte de las instancias oficiales en la búsqueda de los desaparecidos ya que en su caso –denunció– no hicieron nada. Las mismas autoridades municipales le dijeron que fuera con los militares, porque en el Ministerio Público “no buscaban personas”.

Su hija Milynali regresaba a casa con sus tres primos y su tío –hermano de Graciela– el 14 de agosto de 2012, en una camioneta color arena GMC Sierra Denali, modelo 2008.  Estaban a dos horas de llegar a Tamuín, San Luis Potosí, municipio vecino de Tamaulipas, pero a la altura de Ciudad Mante el vehículo desapareció.

Tras la irrupción en la sesión solemne, el gobernador de San Luis Potosí ofreció una conferencia de prensa improvisada en la que criticó la forma como se manifestaron las madres.

“No se vale tampoco descalificar la tarea de la manera tan grotesca como lo hacen”, dijo.

PODRÍA FIFA EXPULSAR A #MÉXICO DE #BRASIL2014

INCHAS

FIFA abre investigación contra el TRI por cánticos discriminatorios

Aprueban que se investigue a Robles por discriminación.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiguen a la Secretaria de Desarrollo Social, (Sedesol), Rosario Robles Berlanga por haber incurrido en probables actos discriminatorios.

De acuerdo con el documento propuesto por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo Gurza, tanto el Conapred como la CNDH debe investigar los posibles actos discriminatorios y en su caso, emitir recomendaciones o medidas preventivas a fin de erradicar prácticas discriminatorias en la asignación de apoyos en programas de apoyo social implementados por el gobierno federal.

El pasado 30 de abril, Rosario Robles dijo en un evento público de Nayarit:

“Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando diez por cinco. No. Eso ya se acabó porque Oportunidades lo que quiere es que esa familia salga adelante, y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna”.

Y no terminó su discurso ahí. También dijo que las familias indígenas ven en la procreación una forma para que se ingrese más dinero al hogar.

“Les estamos solicitando que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres hijos en toda su vida y no más”.

Luego de esas declaraciones, ayer, Diputados federales del PAN interpusieron una denuncia ante el Conapred, por decir que el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos.

En respuesta, Rosario Robles dijo que sus palabras fueron exageradas, asegurando que este programa federal no limita la cobertura a las madres mexicanas, sino que apoya con becas sólo hasta tres hijos. 

“Es una manera de interpretar, de manera exagerada, una declaración que hice en Nayarit y que probablemente no fue lo más precisa”.

También dijo que a ninguna mujer indígena se le ha quitado, ni se le quitará el programa Oportunidades.

“Las mujeres indígenas tienen todos los derechos, toda la garantía de participación en el programa Oportunidades”.

Sin embargo, el punto de acuerdo presentado este día por la bancada del PAN, fue aprobado de manera unánime para que se investiguen los señalamientos de la titular de Sedesol.

La Senadora Mariana Gómez dijo “los programas sociales no pueden convertirse en dádivas y mucho menos para ser instrumentos que fomenten el estancamiento social”, y por eso, indicó, es tan importante que siempre estén vinculados a una constante evaluación para conocer su efectividad y a incentivos para la superación de los beneficiarios.

La panista dijo que Rosario Robles olvidó que su principal tarea precisamente es no generar distinciones, sino lograr que la sociedad cada día sea más igualitaria. “¿Cómo podemos confiar en su compromiso y en que cumplirá sus metas si en el discurso manifiesta un espíritu completamente distinto al que debería abanderar? Es increíble que la encargada de planear, coordinar y ejecutar los programas sociales en nuestro país emita pronunciamientos presumiblemente de carácter discriminatorio, como el efectuado durante un evento de carácter oficial el 30 de abril en Los Encinos, Nayarit”, cuestionó.

En su intervención, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández consideró que las expresiones de Robles son violatorias a los derechos humanos de los posibles beneficiarios del Programa Oportunidades que “tengan muchos hijos”.

Explicó la panista que sus palabras violentan el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Rojas Hernandez sostuvo que lo expresado por la titular de la Sedesol representa la manipulación de un programa social federal, que no tiene en su naturaleza, mucho menos en su ejecución, ninguna intencionalidad de planificación familiar.

“Condicionar los beneficios de Oportunidades a mujeres con varios hijos, afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país como lo son las mujeres indígenas, que sin el acceso al programa se encontrarían en situaciones de pobreza alimentaria y los problemas que ésta conlleva, justo como los que este Programa social busca abatir”.

A Alcalde le gusta agarrarle nalgas a mujeres y besarlas por la fuerza.

El tipo es, simplemente, un manos largas. Pero además, un descarado. No le importa que haya cámaras de televisión; es más, es capaz de hacerlo en vivo, con la reportera que lo entrevista.

Es el Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se llama Percy Fernández y es un hombre ya mayor, regordete y poco simpático. “¡Tacaña!”, le dijo recientemente a una reportera.

La razón es que ella no se dejó manosear. Poco antes de entrevistarlo, él le deslizó la mano a la pierna; ella intentó, haciendo fuerza, retirársela. Pero él insistió y aplicó más presión. Forcejearon. Y todos esos momentos incómodos para ella quedaron grabados. “Tacaña”, dijo el Alcalde cuando perdió las manitas calientes.

Ya en vivo, hablaban de lo que le gusta a los políticos: obras. –Se vienen obras grandes para este año. ¿Cuál es la obra más grande? –preguntó ella. –Ésta. Usted me dijo: “Cuál es la más grande” y yo le dije: “ésta” –dijo el Alcalde, entre risas. Para nadie es un secreto que el tipo se refería a su pene como “el más grande”, un uso de palabras en doble sentido que es más que común entre los hombres.

Una Diputada de oposición lo demandó recientemente. Organizaciones feministas piden cuatro años de prisión por abuso, violencia sexual y discriminación sólo por el caso de la periodista acosada.

Pero no es el único caso. Una concejala lo acusa de tomarla por las nalgas. Una secretaria, de pellizcarla. Una funcionaria del municipio, por tomarla por la fuerza y besarla.

Mucho de esto ha quedado grabado y el Alcalde, que ha sido reelecto cinco veces, parece volverse a diario más descarado. Percy extendió una disculpas para la periodista casada. “Cumpliendo sus labores de periodista yo le he faltado el respeto”, dijo. Pero se lanzó en contra de quienes lo critican por ser así. “Es una campaña mediática del más bajo nivel político”, señaló.

(Fuente: SinEmbargo.mx)

Oleada de críticas a las declaraciones “superficiales” de Robles contra indígenas.

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En ninguna parte el programa Oportunidades condiciona la ayuda, dice investigadora.

El programa Oportunidades continúa violando los derechos humanos de las mujeres indígenas a decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que quieran tener o no, y su asistencialismo es cada vez más autoritario, aseveró Martha Sánchez Néstor, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

Ello, en respuesta al anuncio de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de que familias indígenas con más de tres hijos ya no tendrán apoyo de ese programa, ya que la procreación “se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar”.

Otros representantes comunitarios y de organizaciones sociales criticaron la postura de Robles Berlanga y sus declaraciones “superficiales y ­desafortunadas”.

Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), advirtió que el gobierno federal priísta “reincide en la imposición de programas de control de la natalidad que violentan y desconocen la cultura de las comunidades indígenas y específicamente los derechos de las mujeres”.

¿Dónde queda el derecho a decidir de las mujeres?, se preguntó la dirigente amuzga guerrerense Sánchez Néstor, señalando que es más preocupante que ese programa Oportunidades. Alertó sobre el riesgo de que el gobierno mexicano regrese a épocas en que las administraciones priístas impusieron programas de esterilización masiva y de implantación del diafragma intrauterino (DIU) a las indígenas sin su consentimiento e incluso sin informarlas.

Con ello coincidió Beas, quien consideró que la posición de Robles Berlanga “es la de una política urbana que desconoce la concepción indígena y rural de la familia, donde el mayor número de hijos es una forma de apoyar en el trabajo del campo y, por tanto, en el sustento de la familia, pero también una forma de compensar la alta mortalidad infantil” que se padece.

Igualmente, Alejandra Ancheita, directora de la organización Prodesc, consideró que las declaraciones de Robles Berlanga son una “total falta de respeto” a los derechos reproductivos de las mujeres de los pueblos originarios, además de un acto discriminatorio que podría estar basado únicamente en las opiniones personales de dicha funcionaria.

Para Ancheita, además de una declaración “superficial y desafortunada”, los señalamientos de Robles dejan ver que la servidora pública está tomando sus propias opiniones como si fueran la política oficial del gobierno, lo cual obliga a la Sedesol a explicar cuáles son las bases para afirmar que las familias indígenas con más de tres hijos ya no pueden ser beneficiarias de programas sociales.

En el mismo sentido, Daniela Díaz, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que luego de revisar las reglas de operación de Oportunidades, no encontró ningún apartado donde se hablara del número de hijos de una solicitante como elemento para aceptarla o rechazarla.

“Es una especie de declaración no argumentada, muy subjetiva. En ninguna parte del programa nacional México sin hambre 2014-2018, publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se menciona nada de eso”, añadió la especialista en temas presupuestales.

La Sedesol “debería ser sensible y cuidadosa con estos temas, y está sumamente fuera de lugar que diga esto, un día después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que 53 por ciento los niños y adolescentes pasan hambre”, recalcó.

El programa Sin Hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto –promovido mediante la Sedesol– “no resuelve nada, ni el hambre ni la miseria que viven millones de habitantes del país”, afirmaron maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ayer en Zacatecas.

Los maestros Magdaleno Toledo, Jorge Gallegos y Laurentino Díaz, en nombre de sus compañeros de la sección 22, criticaron la postura de Rosario Robles de condicionar la entrega de subsidios a los indígenas del país que tengan más de tres hijos.

(Con información de Alfredo Valadez R., Corresponsal de La Jornada).

Avalan en comisiones Estado de Excepción; criminaliza protesta: ONG’S

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucionales, en materia de suspensión de derechos ante amenazas excepcionales en el país.

 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucionales, en materia de suspensión de derechos ante amenazas excepcionales en el país.

Durante la reunión de dichas comisiones, se avaló expedir la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional, la cual tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.

También la concesión de autorizaciones para que el Ejecutivo haga frente a una situación, y el ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o en un lugar determinado, con motivo de una amenaza excepcional.

La restricción o suspensión procedería en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

La reforma señala que la suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

El Ejecutivo podrá someter a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión y este deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

Toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza, y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad.

Retrógrada y ambigua, la ley sobre Estado de Excepción: ONG’s

Ante la aprobación en comisiones de ley reglamentaria del art 29 constitucional, sucedida este lunes, organizaciones civiles expresaron total rechazo a la aprobación de una ley regresiva, ambigua y discrecional que permitiría la criminalización de la protesta social.

Las organizaciones En un comunicado, once organizaciones hicieron un llamado al Senado para permitir una mayor discusión en torno a una ley “tan delicada como es el posible establecimiento del Estado de excepción.”

Tras la sesión de hoy,sobre el establecimiento del Estado de excepción, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazó la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria al 29 constitucional.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes expresaron un extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía twitter, de acuerdo con la cual reitera que se consultaron a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración de la iniciativa de ley y el dictamen de la misma.

Finalmente, reiteraron un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa “sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus), con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción.”

Leer la iniciativa.