INSTITUCIONALIDAD PRIÍSTA

Por: John Ackerman 

 
El régimen autoritario desaparece paso a paso la autonomía de las pocas instituciones públicas que habían generado esperanza en la posibilidad de una transición democrática. Con el Pacto por México se cancelaron la independencia y la pluralidad del Congreso de Unión. Con la reforma electoral y los nuevos consejeros electorales, la organización de todas las elecciones del país ahora se somete al mandato de Los Pinos.Y la semana pasada, tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron claras señales de haber sido infectados por el virus del priísmo centralizador. También empiezan a sonar las alarmas en Ciudad Universitaria.
 
El pasado martes 12 de agosto el pleno de la Suprema Corte ratificó una vez más la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. De acuerdo con ocho de los 11 ministros de la Corte, las enormes fortunas y los evidentes conflictos de interés de nuestros gobernantes son asuntos “privados” que simplemente no competen a la nación. Según esta torcida lógica, el papel de los ciudadanos no sería cuestionar o llamar a cuentas a la autoridad, sino simplemente obedecer y confiar ciegamente en la santidad de quienes nos malgobiernan.
 
En su defensa, los ministros de la mayoría aclararon que “ningún derecho es absoluto” y que las declaraciones patrimoniales incluyen información sobre terceras personas que, al divulgarse, podrían afectar su derecho a la privacidad. Pero este problema podría resolverse fácilmente con la divulgación de “versiones públicas” de las declaraciones sin datos personales u otra información que podría poner en riesgo a los titulares de los datos, tal como propuso el ministro José Ramón Cossío.
 
Sin embargo, el fundamentalismo de los ministros de la mayoría no les permitió avalar siquiera la propuesta salomónica de Cossío. Para la Corte, el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que sólo permite la divulgación de las declaraciones patrimoniales con autorización explícita del servidor público de que se trata, establece un “equilibrio armónico” entre los dos derechos en conflicto. De acuerdo con los ministros, el derecho de acceso a la información debe tener límites, pero el derecho a la privacidad no tendría ninguno, sobre todo cuando se trata de esconder las fechorías de la clase política…
 
ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA
 
*El Autor:
John M. Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y Presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Director Editorial del Mexican Law Review. Experto en Políticas Públicas, Transparencia, Derecho Electoral, Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, y Organismos Autónomos. También es columnista de revistas y diarios nacionales y extranjeros.
 

 

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