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Responde @EPN las 10 preguntas de Cuarón sobre Reforma Energética

El gobierno federal publicó esta tarde sus respuestas a las diez preguntas que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón hiciera al presidente Enrique Peña Nieto, sobre la reforma energética.

 Alfonso Cuarón, ganador del Oscar como Mejor Director, a los medios y al público que le den seguimiento a la respuesta de Peña:

“Consideraba necesario expresar de desde mi punto de vista esto, ahora corresponde al público, a los medios, al presidente, al Congreso, darle seguimiento si lo creen relevante y ver hacia dónde deben de ir las cosas. Lo que sí puedo agregar es que la comunicación y el debate son cosas sanas y evolucionan el pensamiento, no hay que tener miedo a eso.”

Las preguntas tocan temas como los precios de los energéticos, los riesgos para el medio ambiente, energías alternativas, corrupción, la presión de grupos económicos, regulaciones para evitar abusos, productividad e ingresos petroleros, entre otros.

El gobierno admite en su respuesta que losa precios de energéticos bajarían “en el mediano plazo”, a más tardar en dos años. 

Afirma también que la reforma conseguirá 500 mil empleos adicionales para 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025.

El documento publicado en el sitio del gobierno sobre la reforma energética, afirma también que habrá un 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.

AQUÍ el documento publicado por la Presidencia de la República, el cual puedes descargar desde Scribd. 

Preguntas y Respuestas EPN-Alfonso Cuarón.

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Contesta @EPN a preguntas del cineasta Cuarón

Enrique Peña Nieto indica que el gobierno federal contestará las preguntas que le hizo el cineasta sobre la Reforma Energética una vez que sean presentadas las Leyes Secundarias.

Así, el mandatario contesta en dos Tweets las 10 preguntas que el ganador del Óscar a mejor director le hiciera a través de la página diezpreguntas.com., en su calidad de ciudadano.

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Avalan en comisiones Estado de Excepción; criminaliza protesta: ONG’S

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucionales, en materia de suspensión de derechos ante amenazas excepcionales en el país.

 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la expedición de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucionales, en materia de suspensión de derechos ante amenazas excepcionales en el país.

Durante la reunión de dichas comisiones, se avaló expedir la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional, la cual tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.

También la concesión de autorizaciones para que el Ejecutivo haga frente a una situación, y el ejercicio de las facultades de las autoridades en todo el país o en un lugar determinado, con motivo de una amenaza excepcional.

La restricción o suspensión procedería en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

La reforma señala que la suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

El Ejecutivo podrá someter a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión y este deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

Toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza, y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad.

Retrógrada y ambigua, la ley sobre Estado de Excepción: ONG’s

Ante la aprobación en comisiones de ley reglamentaria del art 29 constitucional, sucedida este lunes, organizaciones civiles expresaron total rechazo a la aprobación de una ley regresiva, ambigua y discrecional que permitiría la criminalización de la protesta social.

Las organizaciones En un comunicado, once organizaciones hicieron un llamado al Senado para permitir una mayor discusión en torno a una ley “tan delicada como es el posible establecimiento del Estado de excepción.”

Tras la sesión de hoy,sobre el establecimiento del Estado de excepción, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazó la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria al 29 constitucional.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes expresaron un extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía twitter, de acuerdo con la cual reitera que se consultaron a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración de la iniciativa de ley y el dictamen de la misma.

Finalmente, reiteraron un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa “sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus), con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción.”

Leer la iniciativa.

LEY TELECOM: Presidencia da su versión.

Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones y Transportes y Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República.

A raíz del debate público que se ha dado sobre la iniciativa de ley secundaria de Telecomunicaciones, la Presidencia de la República decidió que su vocero, Eduardo Sánchez, y el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, dieran su versión.

 Este miércoles 23 de abril convocaron por separado a diversos medios digitales, entre ellos Animal Político. Hoy publicamos la versión completa de la entrevista.

Animal Político: Arranquemos con un tema general: ¿Quién está detrás de la ley secundaria de Telecomunicaciones, particularmente del documento que ayer presentó Javier Lozano? ¿Quiénes lo hicieron?

Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal:  El proyecto que presentó este martes 22 de abril el senador Lozano es un proyecto de él.

Animal Político: Y la iniciativa original de la Presidencia, ¿quiénes participaron para hacerla?

Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones: El proyecto es de un nivel de complejidad bastante profundo y no hay un solo especialista en el mundo que pueda escribirlo completo. Necesitas grupos de expertos.

En primer lugar se hizo al interior de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con apoyo de la entonces Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones). Y dentro del gobierno participaron diferentes instancias para materias especializadas. Por ejemplo, en materia de contraprestación [pagos de concesiones e impuestos], la Secretaría de Hacienda; para derechos de los usuarios, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor). Obviamente la Consejería Jurídica le dio forma. Es decir, es un documento elaborado por el Gobierno de la República y coordinado por la SCT.

En un segundo momento, también se recibió una muy importante cantidad de propuestas no solicitadas. ¿Por qué digo no solicitadas? Porque el documento no se hizo a través de un foro de consulta pública. Quienes de manera unilateral y espontánea elaboraban una propuesta y la venían a entregar, la recibíamos y analizábamos para determinar qué de eso podía ser tomado en cuenta y qué no.

En la mayoría de los casos se le daba retroalimentación a quien nos daba la propuesta para decirle “mira, esto se aceptó y esto no, por estas razones”. Aceptamos todo aquello que era congruente con los objetivos de política pública que, con esta normatividad, se deben alcanzar en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

AP: ¿Quiénes entregaron propuestas?

IP: Los regulados entregaron propuestas: Telmex-Telcel, Telefónica, Axtel, Iusacell, Nextel, Alestra. O las cámaras empresariales como CANIETI, el Consejo Coordinador Empresarial…  Entregaron propuestas el CIDE, consultores, académicos. Incluso el gobierno del Estado de Oaxaca sobre temas de estaciones comunitarias. Fueron más de 30. También la Amedi, de legisladores como la diputada [perredista] Purificación Carpinteyro.

Sí se enriqueció con una gran cantidad de propuestas. Las estudiábamos y de ahí adoptábamos algunas cosas y otras no, porque finalmente era un proceso de construcción de consensos.

AP: ¿Televisa y Azteca también? ¿o lo hicieron vía la CIRT?

IP: Televisa y TvAzteca también, la CIRT envió propuesta y tuvimos reuniones con todos. Bueno no con todos, pero sí tuvimos muchas reuniones de retroalimentación y de análisis con muchos actores.

AP: ¿Esperaban la reacción negativa que se ha dado entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil?

IP: Sí esperaba una reacción por dos razones: es un sector muy mediático, que tiene un alto nivel de concentración y como lo que pretende la ley es buscar cómo transitar de un sector con alto nivel de concentración a un sector de mayor competencia, obviamente iba a haber reacciones.

AP: Paradójico que, según usted, se alienta la competencia, pero una buena parte de críticas son de académicos y especialistas, que dicen lo contrario.

IP: Son interpretaciones que respetamos, pero también hemos generado un espacio para poder platicar, aclarar y explicar cada uno de los temas. Además, te puedo decir que sobre temas específicos como interconexión, hemos consultado con expertos a nivel internacional y académicos que tienen opiniones antagónicas. Hay organismos internacionales que recomiendan una cosa y poco después, otra. Son sectores muy dinámicos. Y más: una recomendación que pudiera haber sido muy efectiva en un mercado como el europeo, probablemente no se recomiende para un mercado como el mexicano. Es decir: es un tema sujeto a diferentes interpretaciones, a recomendaciones y que por eso, hemos estado siempre al diálogo.

ES: Esta reforma, además, tiene un nivel de detalle que nunca habíamos visto. Es decir, hay una reforma constitucional con 18 artículos transitorios, donde se establecen con exactitud y precisión los lineamientos más importantes que debían tener de las leyes secundarias.

Los márgenes que la Constitución le da al Congreso para regular esta reforma son realmente estrechos. No son tan amplios como para poder afirmar, como en ocasiones se ha hecho, que tal o cual cosa contradice a la Constitución. Si como resultado del proceso legislativo esto sucediera, sería fácilmente identificable.

AP: El gobierno federal ha dicho que está abierto al diálogo. Sin embargo, el anuncio de apertura se dio unas 36 horas antes del debate y votación en comisiones. ¿Cómo entender un llamado así en estas condiciones?

IP: Desde que la iniciativa se envió al Senado, el 24 de marzo, yo he estado con una agenda dedicada al tema. Hemos estado recibiendo a regulados y cámaras, incluso a algunos académicos y a organismos internacionales como la OIT. Hemos tenido un diálogo especializado sobre temas muy técnicos y muy específicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha dado un gran debate y éste ha enriquecido la iniciativa.

ES: A 36 horas sigue el diálogo, que tiene más de un año, si tomamos en cuenta que la reforma constitucional se aprobó en junio. Todavía hoy se dio una conferencia de prensa con el secretario de Comunicaciones y Transportes y el líder de la bancada de mi partido. Cada minuto cuenta y el gobierno de la República tan lo toma en cuenta que ocurrió esto.

AP: ¿Diría que este intenso debate público y que las aportaciones de todos están reflejados en la ley?

IP: Yo creo que la iniciativa es un mosaico multicolor y muchos temas están reflejados. Algunos seguramente no, pero sí todos los que están de acuerdo con la política pública que queremos para este sector. Es una iniciativa que genera un marco normativo que permite cumplir con nuestros objetivos de política pública.

Parte de las reacciones que me esperaba es porque estamos hablando de una reforma a la legislación secundaria y alrededor de ella gravitan intereses relacionados con lo que ahí se va a normar. Ésa es la dinámica que se ha dado. Probablemente algunas recomendaciones de algunos regulados no se tomaron en cuenta, porque probablemente no iban en la dirección del cumplimiento de los objetivos de política pública que se plasman en la Constitución.

ES: Ese debate sí está reflejado. También es cierto que el debate de ahora puede estar más orientado y motivado por los intereses que se afectan, los privilegios que se tocan y los obstáculos que se derriban. El gran debate que fue con anterioridad tenía que ver con esta refundación del marco regulatorio de las telecomunicaciones.

AP: Dice que se escucharon muchas voces, pero cómo explicarse que hasta el propio órgano regulador, el IFT, ha presentado objeciones. ¿No los sumaron a este debate?

IP: La Cofetel, que desapareció en septiembre, participó en el diseño del documento original. Ahora el IFT manifestó su posicionamiento en 15 o 16 puntos …

AP: Pero después de que presentaran la iniciativa. La pregunta es ¿no sumaron al IFT al debate antes de presentar la iniciativa?

IP: No. Participó la entonces Cofetel. Con el IFT no platicamos.  Por eso era una iniciativa exclusiva del Ejecutivo Federal. El IFT es un órgano que tiene autonomía constitucional.

AP: Usted insiste que ha habido amplio debate. Cómo se explica medio millón de tuits de ciudadanos criticando la iniciativa…

ES: Una parte de la iniciativa. Eso es bien importante contextualizar. La iniciativa es amplísima y de un hondo calado y estas expresiones que hemos visto se refieren a una parte importante, pequeñita, a una pieza que tenía que ver con la posibilidad de dotar a las autoridades de procuración de justicia de algunos elementos adicionales para el combate a los delincuentes y que fueron interpretados —interpretación que no compartimos, pero somos sensibles a ella— como una intención del Ejecutivo de interferir en la libertad de expresión, en los derechos de los usuarios de internet y restringir de alguna manera los campos de acción.

¿Por qué incluimos esas propuestas? De la misma manera en que las herramientas de las telecomunicaciones se ponen al servicio de la comunidad, éstas son aprovechadas por los delincuentes. Nos encontramos con delincuentes cibernéticos, con los que utilizan las líneas telefónicas para el engaño, para el secuestro, prostitución infantil, para la trata de personas, los ataques cibernéticos, los fraudes. Pensando en eso buscamos tener herramientas mucho más sólidas para poder intervenir rápidamente cuando alguien lo necesita. Pero aceptamos que fueron interpretadas con una segunda intención y esto generó una gran cantidad de tuits respecto a eso.

“La iniciativa es amplísima y de un hondo calado y estas expresiones (de crítica a la iniciativa) se refieren a una parte pequeñita”. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.

Por eso, hoy hablamos con el grupo parlamentario del PRI y acordamos: si este texto genera esta suspicacia, simplemente lo retiramos. No hay ninguna segunda intención y confiamos en que el Poder Legislativo encontrará algunos textos que pudieran conciliar nuestra posición de fortalecer la procuración de justicia con las demandas. Pero si dijeran que no, ni modo.

AP: Precisemos esto que dice, porque usted afirma que pueden quitarse, pero apenas ayer, el documento que presentó Javier Lozano no cambia en nada lo propuesto originalmente sobre internet. Y por eso las críticas.

ES: Esto que menciono fue hoy. El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo, sobre los textos que han generado esta mala interpretación, que no hay ningún inconveniente en que sean modificados. No nos opondríamos a eso.

Otra cosa es lo que decidan los senadores, porque ese es un asunto que corresponderá exclusivamente al Senado.

AP: Claro que corresponderá al proceso legislativo. Pero seamos precisos y no lo dejemos en “se pueden hacer cambios”. ¿Ustedes qué artículos pueden aceptar que se quiten? 

ES: Nosotros incluso lo planteamos en términos mucho más amplios…

AP: Por eso pido la precisión, para que no sea una generalidad.

ES: No se hizo un catálogo de los artículos. Se dejó amplísimo espacio para que aquellos textos, en general, que pudieran ser interpretados como violatorios de una libertad de expresión, violatorios de alguna libertad, o que pudieran percibirse como una intromisión en datos privados, en conversaciones, etcétera, por parte del Ejecutivo, los senadores estuvieran en libertad de modificarlos. 

AP: Pero eso es una obviedad: los senadores tienen la facultad de cambiar lo que sea. Por eso mi insistencia de ser preciso.

ES: Lo que nosotros, como gobierno, manifestamos fue que, en este debate, no vamos a intervenir. Cualquier texto que sea interpretado como lo he dicho, nosotros ni nuestra fracción parlamentaria insistirá en incluirlo.

AP: Hablemos de casos específicos. ¿Ustedes y su fracción parlamentaria, por ejemplo, están dispuestos a retirar su propuesta de retención de datos?

ES: Es correcto.

AP: Esa es la precisión que pedía. ¿En retención de datos, el PRI y el gobierno federal proponen “saquemos eso”?

ES: Si fuera el caso

AP: ¿Cómo que si fuera el caso?

ES: Si en la discusión se encuentra con que este preciso tema pudiera interpretarse como intromisión o de restricción de las libertades…

AP: Está interpretado así, por eso lo planteo. Coincidirá, subsecretario, que retención de datos fue una de las objeciones que se ha hecho a la iniciativa. ¿Están dispuestos a retirar la propuesta de retención de datos?

IP: Quisiera poner las cosas en contexto: El capítulo de colaboración con la justicia se elaboró con especialistas de las entidades de seguridad nacional. Estas entidades ya tienen en la ley de telecomunicaciones vigente, que es de 1995, autorización para realizar operaciones que tienen que ver con su materia fundamental, que es la seguridad nacional.

Cuando se elaboró el proyecto, se les invitó para ver si ellos estaban trabajando bien con el texto actual o si requerían atender necesidades adicionales.Las necesidades adicionales que plantearon son las que se especifican en la iniciativa.

Lo que hoy queremos decir es que cancelamos los artículos que buscaban cubrir estas necesidades adicionales y regresamos, letra por letra y coma por coma, al texto vigente de 1995.

AP: ¿Podemos saber a cuáles artículos nos referimos?

IP: Por ejemplo, el tema del bloqueo de señales

AP: ¿Va para fuera?

IP: Sí. Otro tema es la geolocalización, que permite a todas las instancias de seguridad nacional el uso de esta posibilidad. En la ley actual sólo lo permite a la PGR. Se cancela que también puedan pedir otras instancias de seguridad nacional.

AP: ¿Bajar páginas de internet?

IP: Va para afuera

AP: ¿Bloqueo de señal de internet?

ES: También.

IP: No tenemos ningún inconveniente de que se cancelen y que regresemos al texto vigente.

ES: En nuestro concepto, estos temas le faltarán a la iniciativa, pero si es motivo de polémica, van para afuera.

AP: Sobre otros temas: neutralidad de la red. Se critica que la iniciativa no favorece la neutralidad.

IP: En los articulados, se establece con claridad que los concesionarios, los operadores de redes a no pueden discriminar ningún tipo de tráfico. Eso es muy claro en la iniciativa y es el principio fundamental de la neutralidad de la red.

Pero esto hay que ponerlo en un contexto de algo que está sucediendo a nivel internacional: la neutralidad en la red está sujeta a un debate mundial que no sabemos dónde va a terminar. La iniciativa debió ser elaborada en medio de este debate. Lo que hicimos fue tomar una recomendación de las mejores prácticas, que hace la OIT, para introducir una nueva figura que es muy innovadora y orienta soluciones de mercado: el gestor de tráfico. El gestor lo que hace es que el operador deberá definir parámetros que le permitan gestionar el tráfico, parámetros autorizados por el órgano regulador, que tengan como objeto mantener e incrementar la eficiencia de la red.

Hemos puesto ejemplos, como Netflix, que es el mayor consumidor de banda ancha en el mundo y que no tiene redes ni ha invertido un peso en redes. Se sube a las redes de los operadores y concesionarios. El problema que tenemos es que el usuario es una persona que firma un contrato con el operador de redes, para recibir internet, y por otro firma un contrato con aplicaciones como Netflix, que utiliza esta red, pero no existe una relación contractual entre Netflix y el operador. Están conectados por el usuario.

Si no existe un elemento de administración de las aplicaciones, se da lo que hemos estado experimentando en México, que es la saturación de las redes, que nos reduce o limita ucho el uso de la infraestructura.

A través de la gestión de tráfico se permitirá administrar este tema para evitar saturación en las redes y que maximicemos: hacer que las redes sean eficientes

AP: Pero esto no garantiza competencia y acceso pleno, ¿no?

IP: Lo que queremos con esta gestión de tráfico es administrar la capacidad de la red. Yo creo que no afecta la neutralidad, porque su función es buscar la eficiencia de la misma.

Ciertamente el problema existe y si no se toman medidas, el problema va a continuar. Lo que va a seguir sucediendo es que vamos a seguir teniendo problemas de saturación e ineficiencias de la red.

Una exigencia muy importante a los operadores es que haya una mayor inversión para que haya un mayor ancho de banda, pero eso no sucede de la noche a la mañana.

AP: ¿Cómo evitar la discrecionalidad, los límites a la competencia, con el pretexto de “la administración de la red”?

IP: La discrecionalidad estará limitada porque los parámetros los debe establecer el órgano regulador y deben cumplir un objetivo central: maximizar la eficiencia de la red. Es una medida que busca mantener la eficiencia de la red y orientar una solución de mercado.

AP: También se insiste que la iniciativa no incorpora temas clave, debatidos ya en el mundo, como televisión móvil, derechos de personas con discapacidad, derechos de las audiencias…

IP: Le estamos haciendo recomendaciones a la Cámara de Senadores para que, por ejemplo, las estaciones de radio comunitarias e indígenas no estén obligadas a transmitir todo en español y puedan transmitir parte de sus contenidos en sus lenguas indígenas. Se están haciendo recomendaciones para que también consideren el que un porcentaje de la programación deba estar acompañado por lenguaje de señas.

AP: Pero en la iniciativa hay pocas referencias a estos temas. Hablo, por ejemplo, de dos temas: personas con discapacidad y derechos de las audiencias.

IP: Se establece que habrá defensa de los derechos de audiencias por cada uno de los concesionarios, se obliga a que exista. O sea un concesionario no puede no tenerlo. Y se le obliga a seguir ciertos parámetros.

AP: ¿Es suficiente? ¿No se deja a las audiencias en la indefensión?

IP: El tema de que se pueda transmitir porcentajes de la programación con lenguaje a señas es un derecho a las audiencias. Así se estableció y es un derecho que tendría que defender precisamente el defensor de las audiencias. Si un canal no está transmitiendo absolutamente nada con lenguaje de señas, es un reclamo que se le tiene que hacer a ese defensor y que tiene que activar decisiones para que se cumpla.

AP: Transparencia. ¿Es una iniciativa coja en lo que se refiere a transparencia en las decisiones de la SCT o el IFT?

IP: Probablemente no tenga muchos temas de manera explícita, pero sí se hace una referencia para que los parámetros de transparencia sean consistentes y se cumplan con respecto a la ley de transparencia.

AP: ¿Eso es suficiente?

IP: Podríamos repetir lo que la Ley de Transparencia ya dice, pero además, hay temas de seguridad nacional, en los que no puede haberla. Por ejemplo, que se publique toda la infraestructura que tienen los concesionarios. En Michoacán, los Zetas pudieran entrar a la página de internet del IFT y dinamitar todas las radiobases, dejando sin comunicación al estado.

Al IFT se le regula en términos de transparencia, pero también se reservan algunos temas que pudieran anticipar decisiones regulatorias o que pudieran generar criterios regulatorios, que en un primer momento deben ser parte de un análisis no público. Sin embargo, fuera de esas excepciones, sí hay obligatoriedad muy importante en transparencia para el propio Ifetel. Probablemente no al grado de obligarles a dar a conocer el dictamen, pero sí a motivar a fundamentar públicamente cada una de sus decisiones regulatorias.

AP: Medios públicos ¿Por qué la insistencia de que no pueden comercializar o de establecer barreras de entrada?

IP: Queremos fortalecer los medios públicos. ¿Cómo se van a financiar? Es uno de los temas que más controversia ha generado y se suma a la obligatoriedad de independencia editorial.

Creemos que aceptar la comercialización abre la posibilidad de que los anunciantes se anunciantes puedan limitar la independencia editorial. Nosotros creemos que, por política pública, no deben de tener la capacidad de publicitar espacios comerciales. Su financiamiento va a ser a través de presupuesto que asigna la Cámara de Diputados

AP: Finalmente, órgano regulador. ¿Están convencidos de que se fortalece al regulador con esta ley secundaria?

IP: Totalmente convencido de que se fortalece y que hay un absoluto respeto a su autonomía constitucional.

AP: ¿Convencidos también de que la Secretaría de Gobernación debe regular contenidos, preguntaría para cerrar?

IP: ¿Cuál es el parámetro constitucional para definir que los contenidos los debe regular el Ifetel? Habría que diferenciar lo que es un fundamento constitucional y lo que es una decisión de política pública. Y la única referencia constitucional en materia de contenidos, como atribución específica del IFT, se refiere a contenidos infantiles y de tiempos de publicidad. Esos estarán debidamente regulados en la iniciativa en el IFT.

Pero no dice en la Constitución que, por ejemplo, los contenidos en materia de salud deban de estar en el IFT, porque esa es una decisión de política pública.

Supongamos que hay una farmacéutica que publicista una pastilla milagrosa que cura todo, estamos convencidos de que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, es quien tiene los elementos para determinar si esa publicidad debe o no emitirse. Y que si la ponemos en el IFT se corre el riesgo de que se pueda no regular adecuadamente.


(Fuente: animal político)

El proyecto de ley de Telecom que se discutirá mantiene restricciones a internet

El proyecto de dictamen de reforma a las Leyes de Telecomunicaciones que se discutirá en Comisiones del Senado mantiene algunas de las medidas de control sobre internet que originalmente incluía la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, y las cuáles supuestamente habían sido borradas, como aseguró el senador del PAN, Javier Lozano.

Aunque la entrega del documento fue retrasada durante la mañana del martes, debido a las inconsistencias en el procedimiento legislativo que evidenciaron senadores del PRD y PAN, finalmente será sobre el que trabajarán las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, TV, Radio y Cinematografía y Estudios Legislativos para presentar un dictamen de reforma ante el Pleno del Senado.

El senador Lozano anunció ayer por la tarde que citará el próximo jueves 24 de abril a las 18:00 horas a los integrantes de las tres Comisiones para discutir y aprobar el dictamen.

“El documento que preparó la Comisión de Comunicaciones y Transportes a mi cargo y que fue objeto de discusión esta mañana, se entrega como un anteproyecto de dictamen para que en las próximas 24 horas los tres presidentes de Comisiones unidas recibamos los comentarios que se tuvieran a bien formular. Y ya como proyecto definitivo de dictamen nos reunamos el próximo jueves a las 6:00 de la tarde aquí como comisiones unidas, para comenzar ya la discusión de ese proyecto de dictamen”, explicó Lozano el martes.

De ese modo, los senadores sólo tendrán 48 horas para revisar las más de 500 páginas que conforman el proyecto de dictamen que reforman diversas Leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Aunque el PRD pidió que la propuesta de dictamen que ellos elaboraron fuera tomada como documento base para el dictamen, eso no fue aprobado.

***

El proyecto de reforma de telecomunicaciones que se discutirá en las Comisiones del Senado mantiene la retención de datos de los usuarios de telefonía celular, la geolocalización y se continúa atacando el principio de neutralidad de internet, de acuerdo con un análisis hecho por el especialista en derechos digitales y profesor de la Universidad Iberoamericana, Luis Fernando García (@tumbolian).

La retención de los datos, por ejemplo, no se elimina del proyecto legislativo sino que se reduce el plazo para conservar la información de 24 a 12 meses. La propuesta original venía en el artículo 192 de la iniciativa presidencial, pero en el documento elaborado por Lozano se mueve al artículo 190.

Respecto a la neutralidad de la red sólo se agrega el término “diferenciadas” pero la redacción básicamente es la misma a la de la iniciativa presidencial: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas diferenciadas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.

Ayer, los senadores del PRD y PAN cuestionaron a Lozano sobre si el proyecto de dictamen retomaba todas las iniciativas que se han presentado en la materia o si, por el contrario, éstas habían sido ignoradas y sólo tomó la presidencial. Él aseguró que incluía a todas y que del proyecto original enviado por Peña Nieto, se habían hecho más de 190 cambios.

El único punto que se retiró del proyecto fue la propuesta para que el Gobierno pudiera bloquear la señal de internet durante eventos públicos, bajo el argumento de la seguridad nacional.

***

El proyecto de dictamen de telecomunicaciones recorrió ayer un camino de casi ocho horas en el Senado para terminar básicamente en el inicio: fue presentado ante las Comisiones como el documento que servirá de base para un eventual dictamen, a pesar del rechazo de senadores de la oposición.

Al mediodía de ayer, el senador Javier Lozano citó a una reunión de las tres Comisiones para presentar su propuesta. Pero apenas inició la sesión, senadores del PRD y del PAN, como Javier Corral y Marcela Peimbert, tomaron la palabra para cuestionar la validez del documento. Los perredistas además exigieron que se aceptara la propuesta que ellos elaboraron para que sobre esa se discutiera y aprobara el dictamen.

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de TV, Radio y Cinematografía, junto con el líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Barbosa, y el panista Javier Corral, fueron claros: había vicios en la forma en que Lozano presentaba el documento ante las Comisiones unidas.

La principal anomalía fue que nunca se emitió una convocatoria para que las mesas directivas de las tres Comisiones sesionaran para generar de forma conjunta el proyecto de dictamen, como marca la reglamentación interna, por lo que el documento básicamente estaba siendo presentado por Lozano a título personal.

Ante esto, Lozano y la priísta Graciela Ortiz, presidenta de Estudios Legislativos, admitieron que el procedimiento debía ser repuesto y citaron a una sesión urgente a las 17:00 horas. Pero fue en esa sesión donde el PRI, el Partido Verde y una mayoría del PAN respaldaron que la propuesta de Lozano fuera el documento sobre el que se trabajará los próximos días.

Al salir cerca de las 20:00 horas, Lozano anunció que su proyecto de dictamen sería repartido entre los senadores de las Comisiones y que para el jueves estará convocando a sesión. El actual periodo del Senado concluirá el próximo 30 de abril. A pregunta de los reporteros, Senado admitió que existe la posibilidad de que pueda retrasarse el documento a un periodo extraordinario.

“Hay una posibilidad clara de que se vaya a extraordinario por dos razones, primero porque puede tomar muchos días la discusión en comisiones unidas; y segundo, porque hay un gran congestionamiento de proyectos, iniciativas, dictámenes, minutas que están en la Mesa Directiva y que la Junta de Coordinación Política tendrá que procesar”, dijo.

El panista Javier Corral, uno de los opositores más destacados del dictamen, acusó: “Es un error tratar así a los senadores”.

Miles marchan en el DF contra leyes secundarias de la Reforma en Telecom que buscan limitar el uso de Internet

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La movilización convocada por distintos colectivos en contra de las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones partió  a las 18:20 horas del jueves 10 de abril, de Televisa Chapultepec al Senado de la República con un contingente de unas mil personas, aunque las autoridades reportaron a unos 500.

El Movimiento #YoSoy132, Artículo19, colectivos estudiantiles y el Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME), marcharon sobre la Avenida Paseo de la Reforma.

Los manifestantes en su mayoría jóvenes gritaron consignas en contra de la reforma que pretende limitar el uso de Internet y darle más poder a las televisoras. Los manifestantes también marcharon en contra de la criminalización de la protesta. “¡Peńa, Mancera, la misma porquería!”, se escucharon miles de voces al unísono mientras avanzaban sobre Reforma.

 

(Fuente: SinEmbargo.com)

45 mil 500 millones de pesos para “rescatar” Michoacán.

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En el acto denominado “Por Michoacán, juntos lo vamos a lograr”, Peña Nieto dio a conocer hoy, 4 de febrero, cinco ejes de acción que contemplan 250 acciones y un presupuesto de 45 mil 500 millones de pesos.

Este año, el presupuesto para la entidad era de 57 mil 641 millones 044 mil 777 pesos, según información publicada en el portal del estado de Michoacán, con el anuncio hecho por el Presidente, se destinarán 103 mil 141 millones 044 mil 777  pesos, lo que se traduce en un aumento del 79%.

Al iniciar su intervención, en el Centro de Convenciones de Morelia, el Presidente señaló que el “propósito es  muy claro: respaldar a Michoacán, a su Gobierno y, sobre todo, a su gente”.

Peña Nieto también instruyó a los titulares de cada Secretaría involucrada en el plan que visiten la entidad al menos dos veces al mes y se comprometió a estar en Michoacán al menos 12 veces este 2014.

El primer eje “economía familiar y empleo” contempla la creación de pequeñas y medianas empresas a través de créditos y capacitación con una inversión de 12 mil millones de pesos; fomento a la actividad productiva en el campo para incrementar sus capacidades con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y se iniciará la construcción de una presa. Será a través de Sagarpa que se implemente los programas y acciones.

El segundo eje “educación y cultura para prosperidad” contempla la creación de nuevos planteles y escuelas de tiempo completo; el otorgamiento de 350 mil becas en todos los nivele educativos con un monto mil 600 millones de pesos; y promoción de eventos culturales y deportivos.

El tercer eje “infraestructura moderna y vivienda digna” contempla actualización de la infraestructura carretera y portuaria. Se inició la construcción de una carretera que conectará Jijilpan con Sahuayo; la construcción de la autopista Zitácuaro-Valle de Bravo; la construcción del Libramiento Norte de Morelia; la actualización del puerto de Lázaro Cárdenas con una inversión de 2 mil millones de pesos; así como diversas remodelaciones carreteras. Asimismo contempla el otorgamiento de 3 mil 500 millones de pesos en crédito de Infonavit.

El cuarto “salud y seguridad social” contempla la actualización de infraestructura en los servicios de salud. Se construirá el hospital regional de Apatzingán; un hospital Infantil en Morelia; 21 nuevas unidades del sector salud, ocho clínicas del ISSSTE y la modernización de otros hospitales.

El quinto eje “desarrollo social sustentable” contempla la ampliación de 115 mil beneficiarios para adultos mayores de 65 años; la incorporación de 30 municipios a la Cruzada Nacional contra el Hambre; 400 comedores comunitarios; la incorporación de 26 mil familias al programa “Oportunidades”, así como de 116 mil mujeres al programa “Jefas de Familia” de Sedesol; asimismo anunció la creación del Centro de Innovación de Energía Geotérmica en Morelia.

Por su parte, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad en Michoacán, dio a conocer que se han liberado a nueve personas secuestradas, que se ha desarticulado la capacidad operativa de los grupos criminales, así como que se han llevado al cabo 334 detenciones de personas como probables responsables de hechos ilícitos.

Asimismo señaló que en este momento se encuentran mil 238 efectivos en evaluación en el estado de Tlaxcala.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que errores y omisiones facilitaron la operación de grupos criminales en Michoacán. Así como que el gobierno trabaja para “recuperar juntos la ruta de la tranquilidad y la paz en todas las regiones de la entidad.”

Osorio Chong dio a conocer que se formará un Instituto de Formación de Policías e Investigadores y que se impartirán maestrías a ministerios públicos.

También señaló que se creará una Unidad Antisecuestro Certificada y equipada por el gobierno de la República.

Asimismo señaló que en una segunda etapa se buscan restablecer las  bases para el desarrollo integral. Mientras que en una tercera etapa se busca fortalecer la capacidad del gobierno en Michoacán  y las instituciones.

La primera fase fue la enfocada a lograr el control territorial de Michoacán por parte del Estado Mexicano.

Por su parte Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, señaló que la desatención fue lo que causó que se desbordara la situación del crimen organizado, pero, señaló, que buscará retomar el camino.

Vallejo también manifestó que en menos de un mes, los michoacanos perciben “un ambiente diferente.

 

Padre Goyo se va del país por inseguridad en Michoacán

En una entrevista exclusiva al medio 3.0 Michoacán, El padre Gregorio López Gerónimo informó que dejará el país por cuestiones de seguridad y aseguró que en su lugar deja “una maquinaria caminando”.

“Yo me voy mañana o pasado a fuera del país por seguridad. Y dejo todo un equipo y maquinaria caminando. Hemos frenado la máquina asesina”.

El padre “Goyo”, como se le conoce, denunció la semana pasada que la estrategia de seguridad era un show mediático, pues los policías federales desconocían quiénes eran los delincuentes en Michoacán. Incluso afirmó que desarmarían a los agentes federales con palos, para poder defenderse ellos mismos.

También le mandó un mensaje a Peña Nieto en el que le dijo que no permitirá que el Gobierno federal desarme a las autodefensas.

“EL HOMBRE QUE HECHIZO A MÉXICO, Y AL MUNDO ENTERO”

“Los tiranos confían y abusan de la mala memoria del pueblo trabajador para seguir cometiendo los mismos crímenes”
Vemos con tristeza que la mala memoria del pueblo mexicano permite que uno de los políticos que cubrió de sangre el país, llevándolo a una de las más graves crisis económicas, político que provocó el suicidio de más de 700 mexicanos acosados por los bancos. Un político cínico que promovió a una ridícula minoría de empresarios para acumular obscenas fortunas, mientras que decenas de millones de mexicanos viven en la pobreza. Carlos Salinas de Gortari un político cínico al que se acusa de utilizar a Carlos Slim como presta nombre, inevitablemente este detrás de el actual gobierno de nuestro Señor presidente Don Enrique Peña Nieto.
Debemos recordar que mientras Carlos Slim es el hombre más rico del mundo sin que haya hecho nada a favor de la humanidad, nada, absolutamente nada en beneficio de la humanidad, y su única virtud es haber sido lo bastante oportunista para lambisconear a los hombres del poder para obtener concesiones, la más escandalosa: la venta-regalo de Telmex, otorgado por Salinas.
En Carlos Salinas de Gortari encontramos una de las respuestas al porque de tanta inseguridad, pobreza, marginación muerte para la inmensa mayoría de los mexicanos y el por qué de las inmensas fortunas de la ridícula minoría de archi millonarios que aparecen en la lista de la revista Forbes.
Iniciamos con esta entrega una serie de artículos para recordar la truculenta historia de Salinas y que los jóvenes adquieran la memoria necesaria para evitar comentan los mismos errores de sus padres de votar por un partido político, que desde siempre, ha estado inmerso en la corrupción, el narcotrafico, la traición, lavado de dinero y sobre todo en vender a los mexicanos y su patrimonio a los países extranjeros.
La vida de Carlos Salinas de Gortari está marcada por la tragedia, entre sus tremendas hazañas ciertas -aunque parezcan rumores, no lo son- se encuentra: matar a una sirvienta a los 5 años de edad, robar las elecciones presidenciales de México, empujar un desfavorable tratado de libre comercio para México con sus vecinos Estados Unidos y Canadá, robos y fraudes con PEMEX, asesinato de Luis Donaldo Colosio, robos y fraudes en su gobierno, robos por sus hermanos Raúl y Enrique -de los cuales, uno, Raúl, estuvo en la cárcel por lavado de dinero y el otro, Enrique, murió en 1996, probablemente por un asunto ligado al narco- y que decir de la privatización de varias empresas nacionales a sus compadres.
Esta es tan sólo un poco de la evidencia que existe en contra de Carlos Salinas de Gortari: el asesino, el corrupto, el traidor.
Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI al fin se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano miembro del Partido de la Revolucion Democrática como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República.
Todo era muy claro y la mayoría de los mexicanos pensó que el futuro del país cambiaría con el nuevo presidente tan sólo por ser parte de otro partido político, debido a que el PRI estuvo en el poder por muchos años y por primera vez todo pudo haber sido diferente ya que era muy claro el poder y popularidad del candidato del PRD.
La noche de la elección, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz se interrumpieron. A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso.
En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.
El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier.
Las boletas de votación, que la oposición exigía se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados, controlada por el PRI. (Es evidente que actualmente sigue siendo controlada por el PRI)
Tomó posesión de su puesto el 01 de diciembre de 1988.
El 02 de diciembre de 1988 se llevó a cabo el Programa Nacional de Solidaridad “PRONASCO” para tratar de tener una justicia social. Los que participaron además del gobierno federal fue el país en general impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social. Progamas que no han servido de nada, así es, dije programas, ya que el mismo programa inservible de Solidaridad se ha replicado en los gobiernos consecuentes, hasta la actual gobernatura bajo el nombre de “Pacto por México”, es increíble que en 20 años no se haya eliminado la pobreza y la situación marginada de algunas regiones del país.
Durante su administración hizo lo que a continuación se presenta:
Los “logros” que se dieron en México fueron los siguientes:
– Cambió el modelo económico del país gracias a un programa de Modernización.
– Estimuló las exportaciones.
– Renegoció la deuda externa e hizo que México se sujetara a las condiciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

– Promovió la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.
– Vendió la gran mayoría de las empresas paraestatales a precios por debajo de su valor real y los procesos de oferta no fueron muy claros.
– En 1991 y 1992 le dio fin a la reforma agraria y reformó la Constitución y las leyes en materia agraria.
– Reformó la relación entre el estado y la iglesia.
– Durante su gobierno se dio la venta de Teléfonos de México (TELMEX) cuya venta se realizó por medio de una subasta abierta al público en la que participaron varios grupos extranjeros y otros empresarios que ofrecieron cantidades mayores para la compra, pero uno de los requerimientos bases fue que la mayor parte de las acciones de TELMEX debía quedar en manos mexicanas. La persona que ofreció una mayor cantidad para su compra fue Carlos Slim.
Otro aspecto que se dio durante la administración de Salinas fue el 01 de enero de 1994, cuando el Tratado de Libre comercio “TLC” entró en vigor y en el estado de Chiapas se dio una rebelión formada por indígenas de bajos recursos económicos que no tenían tierras. Se formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Se quejaron de las condiciones rulares que había en México y el presidente negoció con ellos con tranquilidad sin llegar a la represión. Después de lo sucedido se dieron otros levantamientos y provocaron la caída del peso mexicano cuando el gobierno de Carlos Salinas estuvo por finalizar.
Así fue como las cosas “positivas” que el presidente hizo se empañaron, a pesar de haber declarado a nivel nacional e internacional que él era el mejor presidente de México en los últimos años. También es fundamental saber que Carlos tuvo una mala fama por casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.
Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor dejándole una de las peores crisis financieras en México. El 03 de marzo de 1995 se llevó a cabo una reunión oficial en la que Salinas participó junto con otros políticos importantes.
Después Salinas abandonó el país para ir a Cuba y después a Dublín, lugar donde decidió fijar su residencia debido a que dicho país no tiene ningún tipo de convenio de extradición firmados con México y de esa forma se protegió de ser repatriado para hacer frente a las acusaciones que hay en su contra. Sólo regresó a México esporádicamente para tratar asuntos de tipo familiar durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Otro escándalo más en su vida fue cuando el ex presidente Miguel de la Madrid lo acusó en el 2009 diciendo que Carlos Salinas de Gortari se robó dinero de la partida secreta por fomentar la corrupción en el país, además de que su hermano Raúl tenía vínculos con el narcotráfico, evasión fiscal, corrupción y más.
Se dice que actualmente trabaja como consejero ejecutivo del Grupo Dow Jones & Company, empresa estadounidense que publica información financiera. Ha publicado un libro e incluso menciona en entrevistas recientes que su actual fortuna proviene de la publicación y distribución de dicho libro.
México odia al apellido Salinas de Gortari y lo ha transformado en sinónimo de ladrón, asesino, protector de narcotraficantes, mentiroso y manipulador. También lo ha convertido en el símbolo del poder tras el trono. Para el colectivo mexicano, Salinas de Gortari es el perfecto “padrino” mafioso al que se odia, se admira y se teme. Salinas de Gortari es más poderoso que Joaquin “El Chapo” Guzmán, pero mucho menos apreciado y respetado porque su poder no lo ha obtenido por medio del valor, sino del engaño, no por medio de la lealtad de sus amigos y colaboradores, sino traicionándolos. Por muchos libros que escriba, seguirá siendo para la mayoría de los mexicanos el gran vende patrias, solo igualado por Santa Anna, el mayor ladrón del patrimonio nacional, el maldito que nos hundió en la mayor crisis financiera de la historia para llevarse el dinero fuera del país, el socio secreto de los mil millonarios a los que les regaló las empresas de la nación, el asesino intelectual de Luis Donaldo Colosio. ¿Admiradores? Los tiene, pero pocos en público. Salinas es demasiado costoso para la imagen de cualquiera.
Con tal “curriculum”, ahora se le acusa de ser el poder tras el actual Presidente Enrique Peña Nieto.
Por tanto, cuando Carlos Salinas de Gortari, refiriéndose a la presidencia de Enrique Peña Nieto, dice que ni una operación de cirugía le saca la sonrisa, está trabajando para sí mismo, a costa de dañar la imagen del presidente. A costa de dañar la integridad de todos los mexicanos, a costa de vender aun más el patrimonio nacional, a costa de recursos destinados al sector social, a costa de la ignorancia de la gente al no tener memoria histórica.
¿Que nos depara el destino para el 2018?, ¿otra crisis financiera al puro estilo de Salinas?, ¿Un levantamiento armado en el país como actualmente lo sufre el estado de Michoacán? ¿una nueva revolución?, o solo una nueva historia en la política mexicana en la cual el pueblo es el estúpido que no hizo nada para detener a aquel que quiere despejarlo de hasta los calzones.

NotiCoahuila – Hector Isai

Destaca ONU fracaso de México con guerra antinarco

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Las naciones en que se han emprendido políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad, entre ellas México, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras, son donde más se han incrementado los hechos de violencia y las ejecuciones, y en las que más se han fortalecido las bandas del crimen organizado, alertó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El reporte de PNUD Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, presentado hoy en Guatemala, evalúa la situación de inseguridad y las políticas gubernamentales para contrarrestarla, destacó EFE en un despacho.

El director para América Latina y el Caribe del PNUD, Heraldo Muñoz, quien fue el encargado de presentar los resultados del reporte, resaltó que “la mano dura ha fracasado en las naciones porque intensifica mayores niveles de violencia y nivel de organización criminal”.

De acuerdo con el informe, además del fracaso que las políticas de “mano dura” han representado para la región, éstas también han “tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y el respeto de los derechos humanos”, lo cual impide avances en el desarrollo de los ciudadanos y las sociedades.

El organismo de Naciones Unidas sostiene que en los países en que se han emprendido políticas represivas para combatir la inseguridad –México, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras– son donde más se han incrementado los hechos de violencia y los asesinatos, y en que más se han fortalecido los grupos del crimen organizado.

En contraste, las experiencias de “prevención” y “reinserción” que han adoptado otras naciones, como Colombia y República Dominicana, es donde se han registrado sensibles disminuciones en los hechos criminales.

Incluso, el reporte destaca la “tregua” pactada por las peligrosas pandillas juveniles de El Salvador como una “medida alternativa” al reconocimiento del fracaso de la “mano dura”, la cual ha permitido una importante reducción de los asesinatos en ese país centroamericano.

Para avanzar hacia una “América Latina más segura” que contribuya al desarrollo humano de la población, el PNUD recomienda a los gobiernos de la región “reconocer el fracaso de las políticas de mano dura y dejarlas de lado”, y enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos.

El informe destaca que América Latina es “la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron” en la última década, periodo en el cual más de un millón de personas han muerto de forma violenta, debido a las diferentes manifestaciones de la inseguridad.