REPUDIO AL ·ATAQUE EN CONTRA DE LA REPORTERA KARLA SILVA

(Fuente: Rocío Méndez Robles )La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el ataque en contra de la periodista Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal del diario El Heraldo de León, ocurrido en su oficina el 4 de septiembre en el municipio de Silao, Guanajuato. La Relatoría insta a las autoridades mexicanas a “actuar con urgencia para identificar los motivos del ataque y poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para proteger a la periodista.” La Relatoría señaló que el Estado mexicano informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República ya inició una investigación sobre los hechos.

La situación de violencia contra los periodistas en México “ha sido motivo de preocupación especial” para la Relatoría Especial que exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el ataque habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión de Karen Silva, quien denunció que varios individuos habrían llegado a la redacción y la golpearon “brutalmente” mientras le hacían comentarios y amenazas por sus notas periodísticas. Hospitalizada, la comunicadora declaró ante el Ministerio Público que los sujetos también habrían atacado una asistente de la oficina y habrían causado daños al mobiliario y al equipo.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH subraya que las notas informativas de Silva Guerrero “suelen ser críticas” con la administración municipal en Silao, situación por la que habría recibido reclamos y amenazas.

La CIDH resalta ante las autoridades mexicanas que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de los países de la región advierte que: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

(Con información de MVS noticias)

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