Puntos anticonstitucionales de la Ley Peña – Televisa

fme contadores telecomunicaciones-cofetel1

Por: Jenaro Villamil.

Expertos, organizaciones civiles, académicos, abogados con experiencia en temas de regulación y no pocos concesionarios han expresado que la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo federal y la breve Ley de Sistema Público de Radiodifusión de México contienen distintos aspectos anticonstitucionales, por ir en contra de la reforma promulgada el 11 de junio de 2013.

Un recuento elaborado por Proceso identifica 20 violaciones constitucionales, a partir de los estudios y opiniones expresadas por Clara Luz Alvarez, abogada y ex integrante de Cofetel, de Irene Levy, presidenta de Observatel, de Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, de Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), de María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), de Luis Fernando García, de la Red por un Internet Libre.

La mayoría de estas opiniones fueron expresadas esta semana en los foros organizados por las comisiones unidas del Senado de la República en el análisis de la iniciativa conocida como Ley Peña Televisa.

A continuación se enlistan y explican estos puntos identificados como anticonstitucionales:

1.-Autonomía y colegialidad del IFT violentada.-El artículo 28 constitucional reformado establece que el IFT será un organismo colegiado, con autonomía frente al gobierno federal. En contra de esto, el artículo 44 de la iniciativa violenta la autonomía y colegialidad al establecer:

“De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y el orden público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría (SCT) podrá solicitar al comisionado presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos de la ley”.

Los especialistas consideran que ésta es una clara atribución discrecional del Ejecutivo federal que viola la colegialidad.

2.-Apagón analógico a cargo de la SCT-La Constitución estableció que la política y operación del programa de Televisión Digital Terrestre le corresponde al IFT y que la fecha establecida para el apagón analógico es el 31 de diciembre de 2015. Incluso, hubo un litigio previo entre el Ejecutivo federal y Cofetel durante el calderonismo que la Suprema Corte resolvió a favor de Cofetel.

En contraste, el artículo 16 transitorio de la iniciativa le da estas facultades a la SCT y se abre la posibilidad de prorrogar el llamado apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.-Invasión de facultades de Profeco en derechos de usuarios de telecomunicaciones.-El artículo 6 de la Constitución estableció que le corresponde al Estado, por la vía del IFT, establecer los mecanismos de derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los mecanismos para su protección.

El artículo 8 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se le ordena a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “crear un área especializada con nivel no inferior a subsecretaría” para vigilar los derechos de los usuarios, función que correspondería a IFT.

4.-Derechos de las audiencias vulnerados.-En el artículo 6-B fracción IV de la Constitución se estableció que la ley secundaria garantizará los derechos de las audiencias “así como los mecanismos para su protección”.

En los artículos 198, 207, 257 de la ley Peña Televisa se incluye un catálogo incompleto de derechos de las audiencias y no se establece ningún mecanismo eficaz de protección y de sanción si éstos son violados.

5.-Discriminación de género, capacidades diferentes, indígenas.-El artículo 1 de la Constitución establece que se prohíbe toda discriminación por motivos “de origen étnico y nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

En ninguna parte de la iniciativa se le otorgan facultades al IFT para la alfabetización digital, se le niega a las personas con discapacidad la accesibilidad a las telecomunicaciones. La forma en que están perfilados los medios de uso social y los medios indígenas es violatoria de la Constitución por establecer mecanismos de discriminación.

6.-Intrusión reguladora en modelos de costos y atribuciones del IFT.-El artículo 28 le otorga al IFT la autoridad reguladora no sólo en otorgamiento de concesiones, revocaciones, autorizaciones, fijar montos de contraprestaciones sino también en fijar “modelos de costos”.

Esto se altera en el artículo 15 fracciones VIII y XLIII que le ponen claros candados al IFT para depender en sus funciones de la Secretaría de Hacienda y de la SCT.

7.-Vigilancia y monitoreo de contenidos a Secretaría de Gobernación.-En ninguno de los artículos constitucionales reformados en 2013 (6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105) se mencionó a la Secretaría de Gobernación como una entidad vinculada en contenidos, en garantizar el libre acceso a la información  y en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En contraste, el artículo 218 de la iniciativa le otorga a la Secretaría de Gobernación 11 facultades de vigilancia en los contenidos mediáticos, de los cuales 4 son claramente intrusivos a la autonomía del IFT y a la libertad de expresión.

8.-Violación a la prohibición de la suspensión de los actos del IFT.-La reforma constitucional estableció que no habrá suspensión para todos los actos de autoridad derivados del IFT. Así lo establece el artículo 28 en su fracción VII.

Sin embargo, en los artículos 295 y 300 sobre régimen de sanciones y pago de multas de los concesionarios se abre la posibilidad de ejecutarlas hasta finalizar el amparo.

9.-No se crea un Consejo Consultivo para los contenidos.-En la reforma al artículo 6 constitucional se estableció que para regular contenidos se “contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”.

En el artículo 15, de las 58 atribuciones y funciones del IFT, ninguno se refiere a contenidos. En el artículo 34 establece que IFT tendrá “un Consejo Consultivo de 15 miembros honorarios” que fungirán como “órgano asesor, propositivo, de opinión y consulta permanente”. Ninguna de sus funciones se refiere a contenidos.

Esta facultad se le transfiere a la Secretaría de Gobernación en el artículo 218, fracción VIII de la ley Peña Televisa.

10.-Producción nacional independiente.-La reforma constitucional estableció obligaciones para que los concesionarios de radiodifusión dieran porcentajes de su programación a la producción nacional independiente.

En contraste, la iniciativa tiene una deficiente definición de “producción nacional independiente” (artículo 3) y convierte a ésta en un pretexto para incrementar el porcentaje de publicidad de los concesionarios (artículo 249).

11.-Publicidad infantil en manos de Segob.-En la reforma al artículo 6 constitucional se estableció que la propiedad orientada al público infantil será facultad del IFT regularla. En la iniciativa, esta facultad de se le quita al IFT para dársela a Segob (artículo 218, fracción X).

12.-Prohibición de toda publicidad presentada como noticia.-El artículo 6-B, numeral V estableció : “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

En el artículo 239 de la ley Peña Televisa acota esta prohibición sólo a la publicidad en materia electoral, no en general.

13.-Medios públicos sin independencia.-La reforma constitucional en su artículo 10 transitorio ordenó que los medios públicos que presten servicios de radiodifusión deberán tener “autonomía editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías; reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.

Toda la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México es contraria a esta orden constitucional. De entrada, define que estos medios dependen de la Secretaría de Gobernación. Se ignoran mecanismos de defensa de los derechos de audiencia y la estructura de la Junta de Gobierno con 7 integrantes, establece una clara correlación a favor de los representantes del gobierno federal (3 representantes de secretarías, 1 presidente y 3 comisionados ciudadanos con carácter “consultivo”).

14.-Medios comunitarios e indígenas.-La reforma constitucional estableció un régimen a favor del desarrollo de medios comunitarios e indígenas. La iniciativa del Ejecutivo los asfixia con requisitos discrecionales, y les prohíbe contar con fuentes de financiamiento y el régimen de acceso a las frecuencias es inequitativo y arbitrario al imponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.

15.-Régimen publicitario viola los derechos de las audiencias.-En todo el apartado de las Sección II de la iniciativa del Ejecutivo federal (artículos 238 al 247) se violan los derechos de las audiencias al permitir el incremento de mayor publicidad y permitir canales de telemarketing en televisión restringida.

16.-Ignora límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada.-El artículo 28 de la Constitución marcó reglas completas de propiedad cruzada y la imposición de límites a la concentración del espectro y de las redes.

La iniciativa del Ejecutivo carece de reglas sobre propiedad cruzada, no define límites porcentuales o de otra índole en televisión abierta, radio, señales de televisión de paga y medios impresos. Son los casos de los artículos 283-286.

17.-Diluye el derecho a la neutralidad de la red.-La reforma constitucional incorporó derechos humanos de tercera generación, como son el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la neutralidad de la red y los derechos de los usuarios y de las audiencias.

La iniciativa en su capítulo VI “De la Neutralidad de las Redes”, en especial, el artículo 145 no sólo es pobre en definición sino que es persecutorio al permitir el bloqueo a determinados contenidos y dejar en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a aquellos usuarios que compartan contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales en el internet.

18.-Restablece la “censura previa”, sobre todo, en internet.-El artículo 7 de la Constitución prohibió que alguna ley o autoridad establezca “la censura previa” o “coarte la libertad de difusión”. La iniciativa tiene varios puntos que son considerados como “censura previa”. Hay un ejemplo claro en el artículo 145 fracción III que le ordena a los concesionarios de servicios de internet la posibilidad de “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden judicial o sean contrarios a alguna normatividad”.

19.-“Colaboración con la Justicia” anticonstitucional.-Los artículos 6 y 7 de la Constitución establecen la libertad de expresión y también la inviolabilidad del derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”, sentencia el artículo 7.

En varios puntos de la ley Peña Televisa se presume una clara violación a esta orden constitucional. En especial, el capítulo octavo, titulado “De la Colaboración con la Justicia”, sobre todo, los artículos 190, 191, 194 y 197.

20.-Preponderancia y propiedad cruzada.-El artículo octavo transitorio de la reforma constitucional ordenó que la ley secundaria deberá considerar como agente económico preponderante a aquellas compañías en función de “su participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, o cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo a los datos que disponga” el IFT.

En los artículos 260 y 264 de la iniciativa sólo se consideran a los agentes económicos preponderantes en función de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. De esta manera, se ignora la preponderancia de más del 50 por ciento en los servicios de televisión restringida (dominada en un 61 por ciento por Televisa), en los de radio y en los de internet.

Fuente: http://homozapping.com.mx/2014/04/los-puntos-anticonstitucionales-de-la-ley-pena-televisa-primera-parte/ y http://homozapping.com.mx/2014/04/los-puntos-anticonstitucionales-de-la-ley-pena-televisa-segunda-parte/

Expertos, organizaciones civiles, académicos, abogados con experiencia en temas de regulación y no pocos concesionarios han expresado que la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo federal y la breve Ley de Sistema Público de Radiodifusión de México contienen distintos aspectos anticonstitucionales, por ir en contra de la reforma promulgada el 11 de junio de 2013.

Un recuento elaborado por Proceso identifica 20 violaciones constitucionales, a partir de los estudios y opiniones expresadas por Clara Luz Alvarez, abogada y ex integrante de Cofetel, de Irene Levy, presidenta de Observatel, de Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, de Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), de María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), de Luis Fernando García, de la Red por un Internet Libre.

La mayoría de estas opiniones fueron expresadas esta semana en los foros organizados por las comisiones unidas del Senado de la República en el análisis de la iniciativa conocida como Ley Peña Televisa.

A continuación se enlistan y explican estos puntos identificados como anticonstitucionales:

1.-Autonomía y colegialidad del IFT violentada.-El artículo 28 constitucional reformado establece que el IFT será un organismo colegiado, con autonomía frente al gobierno federal. En contra de esto, el artículo 44 de la iniciativa violenta la autonomía y colegialidad al establecer:

“De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y el orden público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría (SCT) podrá solicitar al comisionado presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos de la ley”.

Los especialistas consideran que ésta es una clara atribución discrecional del Ejecutivo federal que viola la colegialidad.

2.-Apagón analógico a cargo de la SCT-La Constitución estableció que la política y operación del programa de Televisión Digital Terrestre le corresponde al IFT y que la fecha establecida para el apagón analógico es el 31 de diciembre de 2015. Incluso, hubo un litigio previo entre el Ejecutivo federal y Cofetel durante el calderonismo que la Suprema Corte resolvió a favor de Cofetel.

En contraste, el artículo 16 transitorio de la iniciativa le da estas facultades a la SCT y se abre la posibilidad de prorrogar el llamado apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.-Invasión de facultades de Profeco en derechos de usuarios de telecomunicaciones.-El artículo 6 de la Constitución estableció que le corresponde al Estado, por la vía del IFT, establecer los mecanismos de derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los mecanismos para su protección.

El artículo 8 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se le ordena a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “crear un área especializada con nivel no inferior a subsecretaría” para vigilar los derechos de los usuarios, función que correspondería a IFT.

4.-Derechos de las audiencias vulnerados.-En el artículo 6-B fracción IV de la Constitución se estableció que la ley secundaria garantizará los derechos de las audiencias “así como los mecanismos para su protección”.

En los artículos 198, 207, 257 de la ley Peña Televisa se incluye un catálogo incompleto de derechos de las audiencias y no se establece ningún mecanismo eficaz de protección y de sanción si éstos son violados.

5.-Discriminación de género, capacidades diferentes, indígenas.-El artículo 1 de la Constitución establece que se prohíbe toda discriminación por motivos “de origen étnico y nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

En ninguna parte de la iniciativa se le otorgan facultades al IFT para la alfabetización digital, se le niega a las personas con discapacidad la accesibilidad a las telecomunicaciones. La forma en que están perfilados los medios de uso social y los medios indígenas es violatoria de la Constitución por establecer mecanismos de discriminación.

6.-Intrusión reguladora en modelos de costos y atribuciones del IFT.-El artículo 28 le otorga al IFT la autoridad reguladora no sólo en otorgamiento de concesiones, revocaciones, autorizaciones, fijar montos de contraprestaciones sino también en fijar “modelos de costos”.

Esto se altera en el artículo 15 fracciones VIII y XLIII que le ponen claros candados al IFT para depender en sus funciones de la Secretaría de Hacienda y de la SCT.

7.-Vigilancia y monitoreo de contenidos a Secretaría de Gobernación.-En ninguno de los artículos constitucionales reformados en 2013 (6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105) se mencionó a la Secretaría de Gobernación como una entidad vinculada en contenidos, en garantizar el libre acceso a la información  y en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En contraste, el artículo 218 de la iniciativa le otorga a la Secretaría de Gobernación 11 facultades de vigilancia en los contenidos mediáticos, de los cuales 4 son claramente intrusivos a la autonomía del IFT y a la libertad de expresión.

8.-Violación a la prohibición de la suspensión de los actos del IFT.-La reforma constitucional estableció que no habrá suspensión para todos los actos de autoridad derivados del IFT. Así lo establece el artículo 28 en su fracción VII.

Sin embargo, en los artículos 295 y 300 sobre régimen de sanciones y pago de multas de los concesionarios se abre la posibilidad de ejecutarlas hasta finalizar el amparo.

9.-No se crea un Consejo Consultivo para los contenidos.-En la reforma al artículo 6 constitucional se estableció que para regular contenidos se “contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”.

En el artículo 15, de las 58 atribuciones y funciones del IFT, ninguno se refiere a contenidos. En el artículo 34 establece que IFT tendrá “un Consejo Consultivo de 15 miembros honorarios” que fungirán como “órgano asesor, propositivo, de opinión y consulta permanente”. Ninguna de sus funciones se refiere a contenidos.

Esta facultad se le transfiere a la Secretaría de Gobernación en el artículo 218, fracción VIII de la ley Peña Televisa.

10.-Producción nacional independiente.-La reforma constitucional estableció obligaciones para que los concesionarios de radiodifusión dieran porcentajes de su programación a la producción nacional independiente.

En contraste, la iniciativa tiene una deficiente definición de “producción nacional independiente” (artículo 3) y convierte a ésta en un pretexto para incrementar el porcentaje de publicidad de los concesionarios (artículo 249).

11.-Publicidad infantil en manos de Segob.-En la reforma al artículo 6 constitucional se estableció que la propiedad orientada al público infantil será facultad del IFT regularla. En la iniciativa, esta facultad de se le quita al IFT para dársela a Segob (artículo 218, fracción X).

12.-Prohibición de toda publicidad presentada como noticia.-El artículo 6-B, numeral V estableció : “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

En el artículo 239 de la ley Peña Televisa acota esta prohibición sólo a la publicidad en materia electoral, no en general.

13.-Medios públicos sin independencia.-La reforma constitucional en su artículo 10 transitorio ordenó que los medios públicos que presten servicios de radiodifusión deberán tener “autonomía editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías; reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.

Toda la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México es contraria a esta orden constitucional. De entrada, define que estos medios dependen de la Secretaría de Gobernación. Se ignoran mecanismos de defensa de los derechos de audiencia y la estructura de la Junta de Gobierno con 7 integrantes, establece una clara correlación a favor de los representantes del gobierno federal (3 representantes de secretarías, 1 presidente y 3 comisionados ciudadanos con carácter “consultivo”).

14.-Medios comunitarios e indígenas.-La reforma constitucional estableció un régimen a favor del desarrollo de medios comunitarios e indígenas. La iniciativa del Ejecutivo los asfixia con requisitos discrecionales, y les prohíbe contar con fuentes de financiamiento y el régimen de acceso a las frecuencias es inequitativo y arbitrario al imponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.

15.-Régimen publicitario viola los derechos de las audiencias.-En todo el apartado de las Sección II de la iniciativa del Ejecutivo federal (artículos 238 al 247) se violan los derechos de las audiencias al permitir el incremento de mayor publicidad y permitir canales de telemarketing en televisión restringida.

16.-Ignora límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada.-El artículo 28 de la Constitución marcó reglas completas de propiedad cruzada y la imposición de límites a la concentración del espectro y de las redes.

La iniciativa del Ejecutivo carece de reglas sobre propiedad cruzada, no define límites porcentuales o de otra índole en televisión abierta, radio, señales de televisión de paga y medios impresos. Son los casos de los artículos 283-286.

17.-Diluye el derecho a la neutralidad de la red.-La reforma constitucional incorporó derechos humanos de tercera generación, como son el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la neutralidad de la red y los derechos de los usuarios y de las audiencias.

La iniciativa en su capítulo VI “De la Neutralidad de las Redes”, en especial, el artículo 145 no sólo es pobre en definición sino que es persecutorio al permitir el bloqueo a determinados contenidos y dejar en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a aquellos usuarios que compartan contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales en el internet.

18.-Restablece la “censura previa”, sobre todo, en internet.-El artículo 7 de la Constitución prohibió que alguna ley o autoridad establezca “la censura previa” o “coarte la libertad de difusión”. La iniciativa tiene varios puntos que son considerados como “censura previa”. Hay un ejemplo claro en el artículo 145 fracción III que le ordena a los concesionarios de servicios de internet la posibilidad de “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden judicial o sean contrarios a alguna normatividad”.

19.-“Colaboración con la Justicia” anticonstitucional.-Los artículos 6 y 7 de la Constitución establecen la libertad de expresión y también la inviolabilidad del derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”, sentencia el artículo 7.

En varios puntos de la ley Peña Televisa se presume una clara violación a esta orden constitucional. En especial, el capítulo octavo, titulado “De la Colaboración con la Justicia”, sobre todo, los artículos 190, 191, 194 y 197.

20.-Preponderancia y propiedad cruzada.-El artículo octavo transitorio de la reforma constitucional ordenó que la ley secundaria deberá considerar como agente económico preponderante a aquellas compañías en función de “su participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, o cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico de sus redes o la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo a los datos que disponga” el IFT.

En los artículos 260 y 264 de la iniciativa sólo se consideran a los agentes económicos preponderantes en función de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. De esta manera, se ignora la preponderancia de más del 50 por ciento en los servicios de televisión restringida (dominada en un 61 por ciento por Televisa), en los de radio y en los de internet.

Fuente: http://homozapping.com.mx/2014/04/los-puntos-anticonstitucionales-de-la-ley-pena-televisa-primera-parte/ y http://homozapping.com.mx/2014/04/los-puntos-anticonstitucionales-de-la-ley-pena-televisa-segunda-parte/

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