Reforzar la protección de los migrantes

HORIZONTE CIUDADANO

Por: Rosa Esther Beltrán

 

A partir de este mes los jueces y magistrados de México cuentan con criterios específicos, obligatorios, a los que deberán ceñirse cuando resuelvan juicios en los que estén involucrados migrantes en base a sus derechos humanos. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Migrantes.
El documento es pionero en Latinoamérica. En él se establece que abordar la migración desde el enfoque de los derechos humanos incluye al menos 25 reglas, entre las que destacan las siguientes: la No Discriminación, e
Igualdad que detenta un carácter fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos. Este aspecto está fuertemente relacionado con la perspectiva de género que se refiere a los comportamientos actividades y atributos que la sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. El
Protocolo acentúa la defensa de mujeres migrantes porque se ha incrementado el número de las que salen de sus lugares de origen buscando la reunificación familiar, o mejores condiciones de vida, así que las mujeres representan el 49 por ciento del total de las personas migrantes, en su mayoría jóvenes expuestas a mayor vulnerabilidad y a todo tipo de abusos, entre los que destacan los ataques físicos, sexuales o la trata de personas.
El Protocolo también recalca el principio “Propersona”, que destaca que se debe favorecer en todo tiempo a las personas, aplicando la norma que mejor cumpla con ese propósito, lo cual implica que todas las autoridades (federales, estatales y municipales) están obligadas a dar amplia protección a cualquier persona migrante en territorio nacional.
En cuanto a los principios de Universalidad, Interdependencia y Progresividad, el primero está relacionado con la no discriminación de todos los derechos humanos; la interdependencia se refiere a que los derechos están relacionados unos con otros de manera que el reconocimiento de uno implica el respeto de todos.
En cuanto a la “No devolución”, se refiere a la prohibición de devolver a una persona solicitante de asilo o refugiada al territorio donde su vida corra peligro de persecución.
Respecto al Interés Superior del niño, niña o adolescente migrante, está basado en la necesidad de apreciar el adecuado desarrollo de ellos, garantizando su derecho a un apropiado nivel de vida y de educación. Sobre la Unidad Familiar, se decreta que la separación de los y las niñas y adolescentes de su núcleo familiar es muy delicada, por lo que debe buscarse, devolverlos a su entorno familiar.
Los ministros de la SCJN enfatizan que la migración es un fenómeno inherente de la especie humana, por lo que se mantendrá o incluso se incrementará en el futuro; por ello se precisa subrayar que los migrantes son titulares de derechos humanos, lo que obliga al Estado a respetarlos y garantizarlos.
El Protocolo sostiene que su prioridad es sensibilizar e instruir a los servidores públicos acerca de la normatividad nacional e internacional en materia de protección a los migrantes, proporcionando las reglas de actuación a fin de que cuente con un procedimiento claro para evitar que se desconozca cuál es la normativa que deben aplicar, particularmente la internacional, que a veces da mayor protección.
Se reconoce también la utilidad que El Protocolo puede tener para las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otras personas defensoras de los derechos humanos, así como para las instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de la población migrante, indica el documento.
En el diálogo con la SCJN participaron organizaciones académicas y de la sociedad civil, internacionales y nacionales. Localmente estuvo también, como interlocutora, la organización Frontera con Justicia.
Sin duda, este es un paso adelante, fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes. El reto es sacudir la indolencia, la flojera y la corrupción de jueces y ministros que prefieren trabajar con las leyes del Medioevo, en lugar de capacitarse y arribar a la jurisprudencia del siglo 21.
Posdata
Se cumplió un año del asesinato de Eduardo Moreira. Entonces Lucero Davis, su viuda, demandó la renuncia de Rubén Moreira. La demanda sigue en pie. La ilegitimidad e ilegalidad no se olvidan.

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