¡Robar y robar, robar y robar!

Rosa Esther

 

HORIZONTE CIUDADANO

Por. Rosa Esther Beltrán Enriquez

Pobres de los coahuilenses, tan lejos de la rendición de cuentas y de la transparencia y tan embrollados en la corrupción, tanto que hasta ahora es una misión imposible salir de ese pantano.
En efecto, esta semana VANGUARDIA nos informó, que funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación investigan el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Coahuila por la irrisoria cantidad de 300 millones de pesos del ejercicio de 2011 y digo irrisoria porque tenemos muy fresca en la memoria la rapiña y el saqueo multimillonario del que fueron objeto las finanzas públicas en la administración de Moreira 1, pero el que lo sucedió, Jorge Torres López y sus colaboradores parece que no quisieron quedarse atrás, de manera que son investigados por irregularidades por un valor total de 3 mil 640 millones 260 mil 491 pesos.
No dude usted que los presuntos implicados ya estarán en Brasil o en las Bermudas dándose la gran vida, gastando a manos llenas los recursos que los contribuyentes entregamos al erario público para el desarrollo social y económico de Coahuila.
Es muy pertinente la pregunta que VANGUARDIA hace en su editorial de ayer ¿De qué sirve detectar las irregularidades? E igualmente es certera la respuesta, no nos sirve que los órganos fiscalizadores detecten las irregularidades si no hay sanciones para los saqueadores, ésos que simplemente son ladrones y que luego, tras el paso de los años hasta son convertidos en héroes dándoles su nombre a edificios públicos y calles, los ejemplos sobran.
Se gastan miles de millones de pesos en pagar a órganos fiscalizadores que finalmente devienen en un fiasco, en el hazmerreír de los defraudadores, órganos que entregan sus informes dos años después de que terminaron las administraciones, cuando seguramente aquéllos ya disfrutan tranquilamente de los recursos mal habidos y jamás volverán a pisar estas tierras; de ninguna manera quiero sugerir que pudiéramos ahorrarnos las cantidades millonarias que se invierten en los órganos fiscalizadores, no, las que debieran ser expeditas son las instituciones de justicia ya que muchas veces parecen más bien cómplices de los ladrones; cabe recordar que al prófugo 12507, Javier Villarreal Hernández y a sus secuaces pareció que algunos jueces les abrieron las puertas de la cárcel y les dieron todo tipo de facilidades y tiempo para que huyeran y dejar así en total impunidad el moreirazo y hasta cabe preguntarse ¿habría moche?, perdón por la ingenuidad.
Recordemos que ante el moreirazo una parte de la sociedad coahuilense, sobretodo del sector empresarial y diversos grupos de organizaciones civiles, de varias formas mostraron su indignación para exigir justicia y alto a la impunidad de los Moreira, pero el gobierno de Calderón, después Peña Nieto y aquí Moreira II, optaron por la colusión, el borrón y deuda nueva.
Los casos de los Moreira, de Granier, de Tomás Yarrington, de Juan Sabines, de Luis Armamdo Reynoso Femat, de Jorge Torres López y un largo etcétera que incluye a cientos de alcaldes, confirman que la opacidad, el dispendio y la corrupción institucional no se circunscriben a un nivel de gobierno ni a un partido político en particular, sino que son fenómenos transversales al conjunto de la clase política y de alcance nacional.
Su atención y corrección deben ser vistas como tareas fundamentales para las distintas autoridades, no sólo por razones de índole moral y legal, sino porque representan una amenaza para las perspectivas de resolución de los problemas estatales en materia de economía, social, política y de seguridad y, en última instancia, para la viabilidad del estado.
Qué le puede esperar a Coahuila, un estado en el que florece y se propaga la inmoralidad, la ausencia de ética política y la corrupción, lo que vemos es que estos gobiernos conducen a la sociedad al desastre por lo que es urgente combatir este flagelo, esa tendría que ser la prioridad principal de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio del estado y no de intereses facciosos.
Es preciso reconocer que la corrupción contribuye enormemente a la inestabilidad, es una de las más grandes amenazas para los derechos humanos, para la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la seguridad, además de que amenaza la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno.
Los pronunciamientos de Rubén Moreira de ejercer un gobierno transparente han resultado inverosímiles porque no hay un programa responsable y serio contra el dispendio y el latrocinio que prevalecen en los tres poderes y en las alcaldías.

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