La criminalización del aborto va en aumento: ONG; 226 mujeres son denunciadas o procesadas al año

despenalización del aborto

En los últimos cuatro años, se ha registrado un incremento en la denuncia de mujeres que acuden a los servicios médicos en busca de atención posaborto. En promedio, 163.8 mujeres más son denunciadas cada año, con respecto a las denunciadas antes del 2007. Durante el período 1992-2007, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que el número de causas penales y averiguaciones previas tramitadas en relación con el delito de aborto era de 62.5 mujeres al año en el país.

En contraste, durante el periodo 2009-2011, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales en varios estados, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres denunciadas/procesadas en promedio al año.

Esta información fue cotejada por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con datos proporcionados por la Suprema Corte y con datos entregados, vía solicitud de información ante las Procuradurías Generales de Justicia de 24 estados de la República: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Más allá de los números, la situación es sumamente riesgosa para las mujeres en esta condición que habitan en los estados mencionados. “Hay una criminalización de las mujeres que llegan a los servicios con abortos en evolución, que son denunciadas a los Ministerios Públicos, muchas veces, sin siquiera haber sido atendidas, lo primero que se está haciendo en los servicios de salud cuando una mujer llega con alguna hemorragia es primero denunciarla y después darle la atención”, puntualizó Fernanda Díaz de León, abogada de GIRE. “Y la otra cuestión es que las instancias de salud, están negando por ejemplo servicios de aborto cuando el embarazo se produzca por una violación, circunstancia que es legal en todo el país”, añadió.

La semana pasada, la Asociación Civil GIRE celebró la aprobación del punto de acuerdo, por parte de diputados y senadores de todos los partidos políticos, para hacer un llamado a cumplir con los derechos humanos de las mujeres en todos los estados del país. “Este punto de acuerdo de la Comisión Permanente deja muy claro que aún en esos estados en donde se protege la vida desde el momento de la concepción sigue habiendo supuestos legales ilícitos del aborto y las secretarías de salud de los estados tienen la obligación de prestar estos servicios a las mujeres que se encuentren en estas causales”, sostuvo Díaz de León. Por otra parte, GIRE expresó su preocupación por la situación de las mujeres en los estados que recientemente modificaron sus legislaciones para endurecer las penas contra las mujeres que abortan, en muchos casos ni siquiera de forma voluntaria.

DEBATE POLÍTICO SOBRE EL ABORTO

En México, el aborto es un delito que se regula a nivel local con exclusiones de responsabilidad, es decir que en determinados casos, a las personas que llevan a cabo un aborto, no se les impone una sanción, dependiendo de la entidad federativa. Sin embargo, como ha documentado GIRE en su informe “Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México”, la legislación restrictiva en materia de aborto y la falta de acceso aun en las causales legales, orilla a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida, afectando principalmente a las personas con menor educación y recursos económicos. “Hemos documentado aquí en GIRE mujeres que llegan con abortos espontáneos, y son de todas maneras denunciadas ante las autoridades, y son ellas las que finalmente tiene que probar que el aborto se dio de manera espontánea, cuando en el debido proceso penal, es el Ministerio Público el que debe probar la existencia de la comisión de un delito”, indicó la Abogada Fernanda Díaz de León.

Ante estos casos evidentes de violación a los derechos humanos, el 5 de junio de 2013 la Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martha Lucía Micher, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a los gobiernos estatales a que garantizaran la adecuada implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, particularmente el acceso al aborto para las mujeres víctimas de violación, contracepción de emergencias y atención preventiva de enfermedades transmitidas sexualmente y VIH/SIDA.

La Diputada “Malú” Micher, planteó, además que tanto servidores públicos como médicos se abstuvieran de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, en virtud de que las reformas a las constituciones locales no han abrogado los motivos para aborto legal. Asimismo, su acuerdo invitaba a los Congresos estatales a revisar y armonizar sus leyes relativas al aborto, a la luz del artículo primero constitucional y el principio pro persona, esto quiere decir, que en casos particulares, pueda aplicarse la norma de un tratado internacional firmado por México, si esta beneficia a la persona, mejor que una ley local. El documento fue enviado a la Segunda Comisión de la Permanente, donde fue debatido, prácticamente un mes después del turno.

El pasado martes 9 de junio, diputadas y senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vieron la necesidad de avanzar en los derechos de las mujeres, pero también consideraron que debían mejorar la redacción del texto, a fin de hacerlos menos “agresivo” para las legislaturas estatales. De esta forma, el exhorto aprobado por la Segunda Comisión se refiere sólo a los estados en los que se permite la interrupción del embarazo y se hace un respetuoso llamado a los Congresos estatales a revisar sus legislaciones en esta materia.

Sin embargo, se mantuvo intacto el punto central, para evitar la criminalización de las mujeres que aborten. “Los beneficios para los mujeres son: número uno, no criminalizar; número dos, los servicios a la atención que se requiera; y tres la revisión de las legislaturas locales”, detalló la Senadora del PRI, Diva Hadamira Gastelum. El PRD aceptó estos cambios, a fin de no retrasar más la aprobación del punto de acuerdo. “Podría parecer lo que nosotros estábamos proponiendo era una permisión amplia para abortar y eso no es cierto, por eso cuidamos que se hablara del respeto a los estados a la autonomía de los estados, pero sí privilegiando la vida de las mujeres. En ese sentido encontramos un punto medio que busca respetar una norma oficial mexicana y que se le brinde la atención a las mujeres que así lo necesiten sin criminalizarlas, sin discriminarlas”, indicó la Diputada Alfa González.

PUNTO DE ACUERDO 

La semana pasada, la Comisión Permanente fijó postura sobre la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, uno de los temas que tradicionalmente el Congreso mexicano ha buscado evadir, por tratarse de un asunto sensible y políticamente riesgoso. Mediante un punto de acuerdo, con el característico lenguaje parlamentario cargado de tecnicismos y eufemismos, diputados y senadores exhortaron a los Gobiernos de las entidades federativas que permiten la interrupción del embarazo, a que eviten criminalizar a las mujeres y al mismo tiempo, garanticen su atención médica, con respeto a sus Derechos Humanos. Asimismo, este punto de acuerdo, propuesto por diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se planteó avanzar en la revisión sobre la interrupción del embarazo en las legislaciones locales y evaluar la pertinencia de armonizarlas con los Tratados Internacionales en la materia. “Lo que buscamos con este punto de acuerdo es que no sea criminalizada una mujer que no tenga recursos, sabemos de casos en algunos estados en donde mujeres que abortaron fueron denunciadas por los mismos médicos que realizaron el aborto.

También queremos beneficiar a menores de edad que son violadas o que su vida esté en riesgo por causa de enfermedades sexuales, como VIH”, afirmó la Diputada Alfa González Magallanes. A pesar de que el llamado de la Permanente no es vinculante, es decir, no obliga a los Congresos estatales a discutir su legislación en materia de aborto, en algún sentido o en otro, si sienta un precedente e invita a la reflexión a los Diputados locales, así lo consideró Fernanda Díaz de León, Abogada Responsable de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Este punto de acuerdo sí fija una postura clara y contundente en estos tres puntos: que hay un rezago en los estados, en materia de derechos humanos de las mujeres y en particular respecto al derecho a decidir; también que hay una criminalización de las mujeres con abortos en evolución, que llegan a los hospitales y son denunciadas muchas veces sin siquiera haber sido atendidas”, detalló.

EL ABORTO EN MÉXICO

En el informe “Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México”, en el capítulo sobre aborto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida explica que el aborto en casos donde el embarazo es producto de una violación sexual, es la única causal legal que existe en todo el país. En 10 estados se establece como plazo para el aborto por esta causal, el primer trimestre del embarazo. Mientras que en las 22 entidades restantes no existe tal disposición.

En cuanto a las otras causales legales, de una revisión de los códigos penales se registra lo siguiente: aborto imprudencial en treinta entidades, peligro de muerte en 25 entidades, malformaciones de producto en 14 entidades, graves daños a la salud de la mujer en 13 entidades, inseminación forzada en 11 entidades, causas económicas (cuando se tengan al menos tres hijos) en una entidad. Las entidades en donde se encuentra la Legislación más restrictiva en materia de aborto son Guanajuato y Querétaro, en las que sólo se admiten como causales de exclusión de responsabilidad la violación sexual y el aborto imprudencial. En contraste, el Distrito Federal es la entidad más sensible, pues en la Ciudad de México está despenalizada la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. En 27 entidades federativas –continúa el informe–, el aborto es un delito no grave, es decir que las mujeres pueden seguir el proceso penal en libertad. En estos casos, la mujer puede permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza y continuar el proceso fuera de prisión, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución”. En estos casos GIRE ha documentado que las fianzas impuestas van de los mil a los 197 mil pesos. En cinco entidades federativas (Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala) el aborto sí es un delito grave, lo cual implica que las mujeres a las que se les inicia un proceso penal están recluidas durante el mismo.

(Fuente: SINEMBARGO.MX)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s